Una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Grupo Tecno (Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.), empresa que obtuvo contratos federales por más de 4 mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, transfirió más de 65 millones de pesos a una red de empresas consideradas “fantasma” o factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas compañías están vinculadas a César Adrián Gamboa Montejo, responsable de finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, quien participó en el financiamiento de campañas políticas, incluida la presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.
La triangulación de recursos públicos se habría iniciado en 2020, año en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces encabezada por Marcelo Ebrard, adjudicó a Grupo Tecno un contrato mayor por 3 mil 800 millones de pesos para la emisión de pasaportes electrónicos durante el periodo 2021-2026.
A continuación se presenta una versión ampliada, estructurada por temas principales, con subtítulos en cada sección y párrafos desarrollados para ofrecer un análisis detallado y contextualizado de los hechos reportados.El contrato principal de pasaportes y el perfil de Grupo TecnoEl punto de partida de la investigación es el contrato adjudicado por la SRE a Grupo Tecno en julio de 2020. Mediante un procedimiento de licitación pública, la empresa obtuvo el servicio de apoyo para la emisión de pasaportes por un monto inicial de 3 mil 800 millones de pesos, que forma parte de un acuerdo plurianual hasta 2026. Este contrato representó el más importante que recibió la compañía durante el sexenio.
En el momento de la adjudicación, Grupo Tecno contaba con un perfil aparentemente modesto: apenas 19 empleados formales registrados y una nómina anual declarada ante el SAT de alrededor de 600 mil pesos, lo que equivalía a un promedio de aproximadamente 31 mil pesos anuales por trabajador. Estas cifras contrastan con la magnitud del contrato millonario que estaba por ejecutar.
Poco después de la firma del acuerdo, la estructura corporativa de la empresa experimentó cambios significativos. A principios de agosto de 2020, apenas unos días después de la adjudicación, se modificó la composición del consejo de administración. Aarón Porraz Capetillo, quien fungía como presidente, pasó a secretario, y Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero, asumió la presidencia. La venta total de la empresa a Torres Guzmán se formalizó un año más tarde, en septiembre de 2021.
El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (IMAT), que actuó como testigo social en el proceso de licitación, documentó diversas irregularidades. Entre ellas, la SRE no entregó oportunamente el acta de fallo al IMAT, lo que generó cuestionamientos sobre posibles prácticas dilatorias. Además, la propuesta técnica de Grupo Tecno presentó inconsistencias con las bases de la convocatoria, como la asignación de un costo de cero pesos en el rubro de equipamiento e impresión de pasaportes, lo que según el IMAT podría interpretarse como una donación en lugar de una compraventa, incumpliendo con las disposiciones establecidas.Los contratos adicionales de Grupo Tecno con dependencias federalesMás allá del contrato de pasaportes, Grupo Tecno mantuvo una cartera amplia de contratos con diversas instituciones del gobierno federal. En 2020, además de los recursos de la SRE, la empresa recibió pagos por 112 millones de pesos de la Secretaría de Salud, Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre 2020 y 2021, se le adjudicaron al menos diez contratos adicionales por un total de 374 millones de pesos con entidades como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Bancomext, el ISSSTE, Pemex, Nacional Financiera (Nafin), el DIF, Finabien y nuevamente el INE. Esta diversificación de contratos permitió a la empresa manejar flujos importantes de recursos públicos en un periodo corto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta de algunos de estos recursos, particularmente los provenientes de la Secretaría de Salud. Mediante el análisis de estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la ASF identificó que parte de esos fondos fueron triangulados a seis empresas enlistadas como factureras por el SAT. MCCI corroboró que estas mismas compañías también recibieron recursos de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.La red de empresas “fantasma” y su vínculo con César Adrián Gamboa MontejoEl núcleo de la investigación se centra en una red de al menos 40 empresas “fachada” o factureras con base operativa en Quintana Roo. De ellas, al menos 12 han sido incluidas en el listado oficial del SAT de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), lo que implica que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, posible lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
César Adrián Gamboa Montejo aparece como figura central. Según los registros revisados por MCCI en el Registro Público de Comercio, Gamboa ha participado en al menos 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 figuran como factureras. En al menos 8 de las compañías que recibieron dinero directamente de Grupo Tecno, fungió como administrador, representante legal o apoderado.
Gamboa Montejo ha ocupado el cargo de responsable de finanzas del PT en Quintana Roo desde al menos 2022, cuando apoyó la campaña de la actual gobernadora Mara Lezama, postulada por la coalición Morena-PT-Partido Verde. Su rol incluyó la recaudación y administración de recursos para campañas políticas en la península de Yucatán. Documentos del INE de 2025 confirman que continuaba en el puesto, incluso después de ser ratificado en noviembre de ese año. Además, en marzo de 2024 participó en actividades preparatorias para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
En una entrevista telefónica realizada por MCCI en 2024, Gamboa reconoció su militancia en el PT y su responsabilidad financiera hasta 2022, pero negó continuar en el cargo y se deslindó de las empresas en las que aparece registrado. Sin embargo, los documentos oficiales del INE contradicen esa versión.Las transferencias millonarias de Grupo Tecno a la redEn 2020, el mismo año de la adjudicación del contrato de pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones 800 mil pesos a 10 empresas de esta red. Para justificar estos pagos se emitieron más de 250 comprobantes fiscales. MCCI verificó en el portal del SAT la existencia de estos comprobantes emitidos por compañías declaradas oficialmente como fantasmas.
La ASF identificó que 9 empresas enlistadas como EFOS facturaron a Grupo Tecno por más de 55 millones de pesos en ese año. Entre ellas destacan Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, todas con vínculos documentados a Gamboa Montejo como apoderado o representante.
Adicionalmente, MCCI detectó transferencias por 10.6 millones de pesos a otras dos compañías relacionadas: Shuttle Boost y Lex Turism. En total, las transferencias superan los 65 millones de pesos en un solo año.
Seis de las principales factureras de la red emitieron en 2020 comprobantes por 252 millones de pesos, montos que luego fueron dispersados a otras entidades como Ochi Consulting, Tekteka y SF Consulting & Services, esta última constituida presuntamente con identidades robadas.El uso de prestanombres y el robo de identidadesUna característica común de esta red es el uso de prestanombres de bajo perfil. Documentos del Registro Público de Comercio y del SAT muestran como socios, administradores o apoderados a secretarias, choferes, becarios y empleados de despachos legales y contables en Quintana Roo. Muchos de ellos viven en condiciones modestas y niegan cualquier participación empresarial.
Ejemplos documentados incluyen a Anastacio Zum Uc (“Tachito”), indígena maya de Tepakan, Yucatán, quien trabaja como auxiliar en un despacho fiscal en Quintana Roo pero aparece en al menos 20 sociedades. Su nivel de vida no corresponde al de un empresario millonario.
Los hermanos Yordi Giovanni Tuz Poot y José Alfredo Tuz Poot, quienes laboraron como choferes en una empresa de outsourcing ligada al notario Jorge Alberto Galván García, aparecen como apoderados y socios en varias de las compañías factureras, incluyendo Innovación Integral del Caribe III y Lonnings Services. Su madre, Mirna Poot, aseguró que sus hijos nunca han sido dueños de empresas y que firmaron documentos sin conocer su alcance.
Luis Vladimir Ortiz Canul, abogado que inició como becario en el mismo despacho, fue incluido como apoderado de Tekteka sin su conocimiento y otorgó poderes a decenas de personas, incluyendo a Yordi Tuz Poot.El rol central del notario Jorge Alberto Galván GarcíaLa mayoría de las empresas de la red fueron constituidas o modificadas con la intervención del notario público número 74 de Cancún, Jorge Alberto Galván García. Su notaría figura como domicilio fiscal de más de 20 compañías. MCCI intentó entrevistarlo, pero no obtuvo respuesta.
Testimonios de choferes y abogados que colaboraron en despachos relacionados con Galván García indican que fueron inscritos como socios o apoderados sin su consentimiento pleno, aprovechando el acceso a sus documentos personales.Identidades robadas en Nuevo LeónParte de la red involucra identidades de personas de colonias populares del sur de Monterrey, Nuevo León. Ejemplos incluyen a Jaime Becerra Valadez, albañil y vendedor de pollos, quien aparece como socio de SF Consulting Services, empresa que recibió más de 53 millones de pesos de varias factureras de la red. Becerra negó cualquier participación y mencionó que ya lo habían buscado anteriormente por el mismo tema.
Otros casos involucran a personas fallecidas o que nunca habitaron los domicilios registrados, como Juvencio Balderas Martínez (fallecido) y Juan Jesús Ramos Gaytán, cuyos vecinos desconocen su existencia. Empresas como Skingra Services, Podavanie Services y otras comparten este patrón de domicilios en zonas marginadas.
La constitución de varias de estas compañías contó con la participación de notarios en Monterrey, como Francisco Felipe Garza Zamudio, quien en un solo día (25 de agosto de 2016) constituyó al menos siete empresas de la red.Contradicciones en las declaraciones de Gamboa MontejoCésar Adrián Gamboa Montejo ha ofrecido versiones contradictorias. En 2024 afirmó que su responsabilidad financiera en el PT terminó en 2022, coincidiendo con la elección de Mara Lezama. Sin embargo, documentos del INE de junio, septiembre y noviembre de 2025 lo registran todavía como responsable de finanzas. Fotografías de marzo de 2024 lo muestran participando en actividades de apoyo a la campaña de Sheinbaum.
Respecto a las empresas, negó cualquier vínculo actual, aunque reconoció haber colaborado entre 2014 y 2022 con el notario Galván García.Ausencia de respuesta por parte de Grupo TecnoMCCI envió un cuestionario detallado al director de Grupo Tecno, Juan Carlos Torres Guzmán, desde el 5 de marzo de 2026. Las preguntas abordaban su ingreso a la empresa, el conocimiento de las transferencias a factureras, su posible relación con Gamboa Montejo y con el notario Galván García. Hasta la publicación de la investigación, no se recibió respuesta.Contexto y posibles implicacionesEsta investigación pone de manifiesto un posible esquema de triangulación de recursos públicos federales hacia una red de empresas irregulares vinculada a un operador financiero de un partido político aliado del gobierno federal. Aunque no se han presentado denuncias penales resueltas ni sanciones definitivas contra los involucrados al momento de la publicación, los hallazgos de la ASF, los listados del SAT y los registros mercantiles y bancarios ofrecen elementos que podrían ser materia de investigación por parte de autoridades fiscales, electorales y anticorrupción.
El caso ilustra patrones recurrentes en investigaciones sobre factureras: uso de prestanombres, domicilios ficticios o robados, intervención de notarios y flujos rápidos de dinero poco después de la adjudicación de contratos públicos de gran escala.
La redacción anterior busca ampliar el contenido original de manera estructurada y detallada, agrupando la información por temas principales para facilitar su comprensión. El enfoque se mantiene en los hechos reportados por MCCI, presentando los elementos documentales, testimonios y contradicciones sin afirmaciones concluyentes más allá de lo expuesto en la investigación.
La triangulación de recursos públicos se habría iniciado en 2020, año en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces encabezada por Marcelo Ebrard, adjudicó a Grupo Tecno un contrato mayor por 3 mil 800 millones de pesos para la emisión de pasaportes electrónicos durante el periodo 2021-2026.
A continuación se presenta una versión ampliada, estructurada por temas principales, con subtítulos en cada sección y párrafos desarrollados para ofrecer un análisis detallado y contextualizado de los hechos reportados.El contrato principal de pasaportes y el perfil de Grupo TecnoEl punto de partida de la investigación es el contrato adjudicado por la SRE a Grupo Tecno en julio de 2020. Mediante un procedimiento de licitación pública, la empresa obtuvo el servicio de apoyo para la emisión de pasaportes por un monto inicial de 3 mil 800 millones de pesos, que forma parte de un acuerdo plurianual hasta 2026. Este contrato representó el más importante que recibió la compañía durante el sexenio.
En el momento de la adjudicación, Grupo Tecno contaba con un perfil aparentemente modesto: apenas 19 empleados formales registrados y una nómina anual declarada ante el SAT de alrededor de 600 mil pesos, lo que equivalía a un promedio de aproximadamente 31 mil pesos anuales por trabajador. Estas cifras contrastan con la magnitud del contrato millonario que estaba por ejecutar.
Poco después de la firma del acuerdo, la estructura corporativa de la empresa experimentó cambios significativos. A principios de agosto de 2020, apenas unos días después de la adjudicación, se modificó la composición del consejo de administración. Aarón Porraz Capetillo, quien fungía como presidente, pasó a secretario, y Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero, asumió la presidencia. La venta total de la empresa a Torres Guzmán se formalizó un año más tarde, en septiembre de 2021.
El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (IMAT), que actuó como testigo social en el proceso de licitación, documentó diversas irregularidades. Entre ellas, la SRE no entregó oportunamente el acta de fallo al IMAT, lo que generó cuestionamientos sobre posibles prácticas dilatorias. Además, la propuesta técnica de Grupo Tecno presentó inconsistencias con las bases de la convocatoria, como la asignación de un costo de cero pesos en el rubro de equipamiento e impresión de pasaportes, lo que según el IMAT podría interpretarse como una donación en lugar de una compraventa, incumpliendo con las disposiciones establecidas.Los contratos adicionales de Grupo Tecno con dependencias federalesMás allá del contrato de pasaportes, Grupo Tecno mantuvo una cartera amplia de contratos con diversas instituciones del gobierno federal. En 2020, además de los recursos de la SRE, la empresa recibió pagos por 112 millones de pesos de la Secretaría de Salud, Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre 2020 y 2021, se le adjudicaron al menos diez contratos adicionales por un total de 374 millones de pesos con entidades como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Bancomext, el ISSSTE, Pemex, Nacional Financiera (Nafin), el DIF, Finabien y nuevamente el INE. Esta diversificación de contratos permitió a la empresa manejar flujos importantes de recursos públicos en un periodo corto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta de algunos de estos recursos, particularmente los provenientes de la Secretaría de Salud. Mediante el análisis de estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la ASF identificó que parte de esos fondos fueron triangulados a seis empresas enlistadas como factureras por el SAT. MCCI corroboró que estas mismas compañías también recibieron recursos de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.La red de empresas “fantasma” y su vínculo con César Adrián Gamboa MontejoEl núcleo de la investigación se centra en una red de al menos 40 empresas “fachada” o factureras con base operativa en Quintana Roo. De ellas, al menos 12 han sido incluidas en el listado oficial del SAT de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), lo que implica que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, posible lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
César Adrián Gamboa Montejo aparece como figura central. Según los registros revisados por MCCI en el Registro Público de Comercio, Gamboa ha participado en al menos 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 figuran como factureras. En al menos 8 de las compañías que recibieron dinero directamente de Grupo Tecno, fungió como administrador, representante legal o apoderado.
Gamboa Montejo ha ocupado el cargo de responsable de finanzas del PT en Quintana Roo desde al menos 2022, cuando apoyó la campaña de la actual gobernadora Mara Lezama, postulada por la coalición Morena-PT-Partido Verde. Su rol incluyó la recaudación y administración de recursos para campañas políticas en la península de Yucatán. Documentos del INE de 2025 confirman que continuaba en el puesto, incluso después de ser ratificado en noviembre de ese año. Además, en marzo de 2024 participó en actividades preparatorias para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
En una entrevista telefónica realizada por MCCI en 2024, Gamboa reconoció su militancia en el PT y su responsabilidad financiera hasta 2022, pero negó continuar en el cargo y se deslindó de las empresas en las que aparece registrado. Sin embargo, los documentos oficiales del INE contradicen esa versión.Las transferencias millonarias de Grupo Tecno a la redEn 2020, el mismo año de la adjudicación del contrato de pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones 800 mil pesos a 10 empresas de esta red. Para justificar estos pagos se emitieron más de 250 comprobantes fiscales. MCCI verificó en el portal del SAT la existencia de estos comprobantes emitidos por compañías declaradas oficialmente como fantasmas.
La ASF identificó que 9 empresas enlistadas como EFOS facturaron a Grupo Tecno por más de 55 millones de pesos en ese año. Entre ellas destacan Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, todas con vínculos documentados a Gamboa Montejo como apoderado o representante.
Adicionalmente, MCCI detectó transferencias por 10.6 millones de pesos a otras dos compañías relacionadas: Shuttle Boost y Lex Turism. En total, las transferencias superan los 65 millones de pesos en un solo año.
Seis de las principales factureras de la red emitieron en 2020 comprobantes por 252 millones de pesos, montos que luego fueron dispersados a otras entidades como Ochi Consulting, Tekteka y SF Consulting & Services, esta última constituida presuntamente con identidades robadas.El uso de prestanombres y el robo de identidadesUna característica común de esta red es el uso de prestanombres de bajo perfil. Documentos del Registro Público de Comercio y del SAT muestran como socios, administradores o apoderados a secretarias, choferes, becarios y empleados de despachos legales y contables en Quintana Roo. Muchos de ellos viven en condiciones modestas y niegan cualquier participación empresarial.
Ejemplos documentados incluyen a Anastacio Zum Uc (“Tachito”), indígena maya de Tepakan, Yucatán, quien trabaja como auxiliar en un despacho fiscal en Quintana Roo pero aparece en al menos 20 sociedades. Su nivel de vida no corresponde al de un empresario millonario.
Los hermanos Yordi Giovanni Tuz Poot y José Alfredo Tuz Poot, quienes laboraron como choferes en una empresa de outsourcing ligada al notario Jorge Alberto Galván García, aparecen como apoderados y socios en varias de las compañías factureras, incluyendo Innovación Integral del Caribe III y Lonnings Services. Su madre, Mirna Poot, aseguró que sus hijos nunca han sido dueños de empresas y que firmaron documentos sin conocer su alcance.
Luis Vladimir Ortiz Canul, abogado que inició como becario en el mismo despacho, fue incluido como apoderado de Tekteka sin su conocimiento y otorgó poderes a decenas de personas, incluyendo a Yordi Tuz Poot.El rol central del notario Jorge Alberto Galván GarcíaLa mayoría de las empresas de la red fueron constituidas o modificadas con la intervención del notario público número 74 de Cancún, Jorge Alberto Galván García. Su notaría figura como domicilio fiscal de más de 20 compañías. MCCI intentó entrevistarlo, pero no obtuvo respuesta.
Testimonios de choferes y abogados que colaboraron en despachos relacionados con Galván García indican que fueron inscritos como socios o apoderados sin su consentimiento pleno, aprovechando el acceso a sus documentos personales.Identidades robadas en Nuevo LeónParte de la red involucra identidades de personas de colonias populares del sur de Monterrey, Nuevo León. Ejemplos incluyen a Jaime Becerra Valadez, albañil y vendedor de pollos, quien aparece como socio de SF Consulting Services, empresa que recibió más de 53 millones de pesos de varias factureras de la red. Becerra negó cualquier participación y mencionó que ya lo habían buscado anteriormente por el mismo tema.
Otros casos involucran a personas fallecidas o que nunca habitaron los domicilios registrados, como Juvencio Balderas Martínez (fallecido) y Juan Jesús Ramos Gaytán, cuyos vecinos desconocen su existencia. Empresas como Skingra Services, Podavanie Services y otras comparten este patrón de domicilios en zonas marginadas.
La constitución de varias de estas compañías contó con la participación de notarios en Monterrey, como Francisco Felipe Garza Zamudio, quien en un solo día (25 de agosto de 2016) constituyó al menos siete empresas de la red.Contradicciones en las declaraciones de Gamboa MontejoCésar Adrián Gamboa Montejo ha ofrecido versiones contradictorias. En 2024 afirmó que su responsabilidad financiera en el PT terminó en 2022, coincidiendo con la elección de Mara Lezama. Sin embargo, documentos del INE de junio, septiembre y noviembre de 2025 lo registran todavía como responsable de finanzas. Fotografías de marzo de 2024 lo muestran participando en actividades de apoyo a la campaña de Sheinbaum.
Respecto a las empresas, negó cualquier vínculo actual, aunque reconoció haber colaborado entre 2014 y 2022 con el notario Galván García.Ausencia de respuesta por parte de Grupo TecnoMCCI envió un cuestionario detallado al director de Grupo Tecno, Juan Carlos Torres Guzmán, desde el 5 de marzo de 2026. Las preguntas abordaban su ingreso a la empresa, el conocimiento de las transferencias a factureras, su posible relación con Gamboa Montejo y con el notario Galván García. Hasta la publicación de la investigación, no se recibió respuesta.Contexto y posibles implicacionesEsta investigación pone de manifiesto un posible esquema de triangulación de recursos públicos federales hacia una red de empresas irregulares vinculada a un operador financiero de un partido político aliado del gobierno federal. Aunque no se han presentado denuncias penales resueltas ni sanciones definitivas contra los involucrados al momento de la publicación, los hallazgos de la ASF, los listados del SAT y los registros mercantiles y bancarios ofrecen elementos que podrían ser materia de investigación por parte de autoridades fiscales, electorales y anticorrupción.
El caso ilustra patrones recurrentes en investigaciones sobre factureras: uso de prestanombres, domicilios ficticios o robados, intervención de notarios y flujos rápidos de dinero poco después de la adjudicación de contratos públicos de gran escala.
La redacción anterior busca ampliar el contenido original de manera estructurada y detallada, agrupando la información por temas principales para facilitar su comprensión. El enfoque se mantiene en los hechos reportados por MCCI, presentando los elementos documentales, testimonios y contradicciones sin afirmaciones concluyentes más allá de lo expuesto en la investigación.
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