Nueve mujeres con cargos públicos han sido asesinadas en Oaxaca

 Nueve mujeres con cargos públicos han sido asesinadas en Oaxaca durante el gobierno de Salomón Jara

Durante la administración de Salomón Jara en el estado de Oaxaca, nueve mujeres que ocupaban cargos públicos han sido asesinadas a manos de sujetos armados. El caso más reciente es el de Nazareth Cortés Velasco, quien se desempeñaba como presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam. Su asesinato ocurrió la madrugada del 19 de marzo de 2026.Nazareth Cortés Velasco fue víctima de un ataque armado directo en su localidad. Organizaciones locales, entre ellas la Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras de Oaxaca y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, han señalado que este hecho eleva a nueve el número de mujeres en posiciones de autoridad asesinadas en el periodo referido. Muchas de las víctimas se encontraban involucradas en la defensa del territorio y los derechos agrarios.

Entre las otras mujeres con cargos públicos asesinadas se encuentran Guadalupe Urban Ceballos, quien era regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec; Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas; Hanna Alí Rosales, regidora de turismo del ayuntamiento de Huajuapan de León; y Reyna Olea Nieva, regidora del ayuntamiento de San Mateo Nejápam.

Asimismo, figuran en el registro Janet Ramírez González, policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca; Fabiola A. A., policía municipal de Santo Domingo Petapa; Hortensia Felipe Santiago, regidora suplente de Educación del municipio de San Agustín Loxicha; y Heidi Candelaria Lagunes, regidora de Comercio del ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec.

Los hechos se han registrado en diferentes municipios del estado a lo largo de los últimos tres años. En cada caso, las víctimas fueron atacadas por sujetos armados, aunque las investigaciones ministeriales continúan en curso para determinar las circunstancias específicas y posibles responsables.

Las organizaciones mencionadas han emitido pronunciamientos en los que condenan estos asesinatos y destacan la labor de las mujeres como autoridades comunitarias, ejidatarias y servidoras públicas. Han solicitado que las autoridades investiguen los casos considerando el contexto de su actividad en defensa de derechos territoriales y agrarios.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial consolidada por parte de las instancias estatales sobre el avance de las carpetas de investigación correspondientes a cada uno de los nueve casos. Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las indagatorias por los delitos de homicidio.

El gobierno estatal no ha emitido declaraciones específicas sobre el conjunto de estos asesinatos en la información disponible. Las corporaciones de seguridad continúan con labores de prevención en las zonas donde ocurrieron los hechos.

Este registro de nueve mujeres con cargos públicos asesinadas se ha documentado principalmente a través de reportes de organizaciones civiles y medios locales. Las pesquisas siguen abiertas en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para esclarecer cada uno de los incidentes.

Las localidades involucradas abarcan diversas regiones de Oaxaca, desde la Costa hasta la Sierra y el Istmo, lo que refleja la dispersión geográfica de los eventos. No se han reportado detenciones consolidadas relacionadas con la totalidad de los casos en la información pública disponible.

Las autoridades continúan recibiendo llamados para fortalecer los mecanismos de protección a mujeres que ocupan cargos de elección o representación comunitaria en el estado.

Los nueve casos se concentran en un periodo de aproximadamente tres años dentro de la actual administración estatal. Cada una de las víctimas desempeñaba roles específicos dentro de sus ayuntamientos o estructuras ejidales, que van desde presidencias municipales y regidurías hasta posiciones en comisarados ejidales y corporaciones policiacas.

En el caso de Nazareth Cortés Velasco, su posición como presidenta del Comisariado Ejidal implicaba la representación de intereses agrarios de la comunidad de San Pedro Totolápam. Su asesinato ocurrió previo a una visita oficial a la región de Guelatao de Juárez.

Las demás víctimas ocupaban cargos como regidoras en áreas de parques y jardines, turismo, educación, comercio y suplencias, así como elementos policiales en dependencias municipales y estatales. Los ataques ocurrieron en contextos que organizaciones relacionan con su actividad pública, aunque las investigaciones no han concluido.

Las instancias encargadas de la procuración de justicia en Oaxaca mantienen abiertas las indagatorias. No se ha informado de un patrón común establecido oficialmente entre los nueve homicidios.

La información sobre estos hechos proviene de reportes acumulados por colectivos feministas y redes de mujeres ejidatarias y comuneras, quienes han llevado un seguimiento de los casos desde diferentes municipios.

Hasta la fecha, las autoridades no han presentado un informe público que integre los nueve casos ni detalle las medidas adoptadas para prevenir hechos similares. Las investigaciones avanzan de manera individual por cada carpeta abierta.

Este conjunto de eventos ha sido señalado por organizaciones como un registro que requiere atención especial por parte de las instituciones estatales en materia de seguridad y procuración de justicia. Las labores periciales y de inteligencia continúan en desarrollo en cada una de las localidades afectadas.