Acusaciones de negligencia en programa de bolardos en Puebla
Luis González Acosta, ex regidor de Morena durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, señaló que Armando Pliego Ishikawa guardó silencio ante la reserva de información técnica sobre el proyecto de instalación de bolardos en la ciudad de Puebla. Según las declaraciones, los estudios y detalles sobre las empresas responsables permanecieron clasificados hasta el año 2030, lo que impidió el acceso a la documentación solicitada en múltiples ocasiones durante la gestión como regidor.
Esta situación se vinculó con la ejecución del programa que colocó 2 mil 408 bolardos con un costo de 4 millones 8 mil pesos. González Acosta indicó que el proyecto careció de estudios técnicos suficientes, lo que resultó en bolardos que no cumplieron con las normas nacionales e internacionales. Además, se mencionó que varias empresas proveedoras no se dedicaban habitualmente a la fabricación de este tipo de mobiliario urbano. Cerca de 200 bolardos fueron retirados posteriormente en la Unidad Habitacional La Margarita por falta de factibilidad, y la Contraloría municipal inició procedimientos administrativos contra nueve empresas, seis relacionadas con la colocación y tres con los estudios realizados.
Se reportaron también posibles conflictos de interés involucrando a la entonces titular de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, y a otras personas allegadas a la administración que ahora ocupan cargos de elección popular. El ex regidor afirmó que la bancada de Morena en el Cabildo frenó el avance del proyecto debido a inconsistencias detectadas, como la instalación excesiva que afectó cajones de estacionamiento en comercios y bloqueó vialidades importantes. Pliego Ishikawa, quien impulsó la infraestructura en ese periodo, no emitió observaciones públicas sobre estas irregularidades pese a formar parte del equipo responsable.
Las declaraciones destacan que millones de pesos se destinaron a un programa que generó descontento ciudadano y que fue calificado como fallido por las deficiencias en su implementación. La información reservada hasta 2030 incluye nombres de funcionarios y detalles de las contrataciones, lo que mantiene abiertas las indagatorias sobre posibles irregularidades y tráfico de influencias en el contexto del proyecto.
0 Comentarios