En San Pedro Cholula, el regidor Roberto Morán Flores, integrante del Cabildo y presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, ha iniciado una clara promoción personal a pesar de que no estamos en periodo electoral, lo que representa una flagrante violación al espíritu de la normativa electoral mexicana y un desprecio evidente hacia la equidad democrática. Según el reporte detallado, desde hace aproximadamente un mes, vecinos de distintas zonas han detectado la distribución masiva de volantes impresos que funcionan como trípticos con colores asociados directamente a Morena, el partido al que pertenece Morán Flores.
Estos materiales destacan exclusivamente sus actividades personales, sin hacer ninguna referencia al trabajo institucional del ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Tonantzin Fernández, lo cual ya de por sí genera una percepción sesgada y manipuladora de su rol como servidor público. El material incluye un código QR que, en teoría, debería dirigir a información sobre su labor como funcionario, pero en la práctica redirige a su página personal de Facebook, donde no solo promociona su imagen de manera descarada, sino que refuerza una narrativa individualista ajena al deber colectivo. Además, el volante promete apoyo para la gestión de aparatos ortopédicos y ofrece ayuda en trámites de actas de nacimiento y CURP, tácticas que, lejos de ser inocuas, buscan generar dependencia y gratitud entre la ciudadanía vulnerable, adelantándose de forma premeditada a los tiempos marcados por la ley electoral y erosionando la confianza en las instituciones.
Esta promoción anticipada no solo llama la atención de los pobladores por su descaro temporal, sino que revela un patrón preocupante de impunidad en el ejercicio del poder local. Morán Flores, quien además se desempeña como consejero estatal de Morena por el distrito 10 que comprende la región de las Cholulas, cuenta con un perfil académico sólido: es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de las Américas Puebla y posee estudios en periodismo y relaciones internacionales. Sin embargo, este bagaje parece no traducirse en un compromiso ético con las reglas democráticas, sino en una herramienta para posicionarse prematuramente.
El uso de colores partidistas en los trípticos y la ausencia total de mención al trabajo colegiado del Cabildo o la alcaldía transforman lo que debería ser una rendición de cuentas institucional en una campaña personal disfrazada, lo que critica duramente la falta de transparencia y el abuso de la posición de regidor para fines electoreros. En un contexto donde la ciudadanía ya cuestiona la integridad de los servidores públicos, este tipo de acciones no solo anticipan la contienda, sino que generan desconfianza profunda, sugiriendo que el interés personal prevalece sobre el servicio público real y que Morena, a pesar de sus discursos de austeridad y legalidad, tolera internamente prácticas que contradicen sus propios principios.
Desde el punto de vista legal, estas conductas encajan perfectamente en la definición de actos anticipados de campaña establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), específicamente en su Artículo 3, inciso a), que los describe como “actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
En el caso de Puebla y a nivel federal, tales acciones están prohibidas durante el periodo intercampaña o precampaña, y pueden derivar en sanciones severas como amonestación pública, multas elevadas o incluso la negativa de registro como precandidato, según resoluciones históricas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lineamientos del INE. Lo más grave es que Morena, el propio partido de Morán Flores, aprobó el pasado 7 de marzo lineamientos internos del Consejo Nacional que prohíben expresamente la promoción personalizada mediante espectaculares, el uso de recursos públicos y la entrega de dádivas, además de advertir contra campañas ostentosas, información falsa, ataques a rivales, simulación de pertenencia a grupos vulnerables o confrontación en redes sociales.
El regidor no solo ignora estas reglas partidistas, sino que las vulnera abiertamente con sus volantes, lo que evidencia una hipocresía institucional que debilita la credibilidad de Morena de cara al proceso electoral de 2027 y expone cómo los actores locales priorizan el poder personal sobre la disciplina colectiva.
Aún más crítico resulta el posible uso de recursos públicos en estas “ayudas” prometidas, como la gestión de aparatos ortopédicos o trámites de actas de nacimiento y CURP, si estos provienen de fondos públicos o se canalizan a través de la estructura institucional del ayuntamiento. El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos económicos del Estado con imparcialidad, eficiencia y sin influir en la equidad de la competencia electoral entre partidos o candidatos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales y los lineamientos del INE prohíben explícitamente el uso de programas sociales, bienes o servicios públicos para inducir, coaccionar o condicionar el voto, ya sea mediante promesas de apoyos o la entrega de dádivas disfrazadas de “gestión personal”. Si los recursos para estos aparatos ortopédicos o trámites provienen de presupuestos municipales o federales —como es probable dada la posición de Morán Flores como presidente de comisión—, estaríamos ante un delito electoral que podría acarrear penas de prisión, inhabilitación y multas, además de configurarse como peculado. Esta práctica no solo viola la prohibición de propaganda gubernamental en periodos no electorales, sino que pervierte el verdadero fin de las ayudas sociales, transformándolas en herramientas clientelares que condicionan la voluntad ciudadana y atentan contra la equidad democrática.
En última instancia, este caso en San Pedro Cholula ejemplifica un problema estructural más amplio en la política mexicana: la normalización de los actos anticipados de campaña y el desvío solapado de recursos públicos, que erosionan los pilares de la democracia representativa y fomentan la desigualdad en la contienda electoral. Mientras Morán Flores, con su trayectoria y posición como consejero estatal de Morena, debería ser un ejemplo de apego a la ley, su estrategia de volantes revela una calculada anticipación que busca capitalizar la vulnerabilidad de los ciudadanos antes de que inicien formalmente las precampañas.
Las propias reglas de Morena, aprobadas recientemente para “evitar actos anticipados”, quedan expuestas como letra muerta cuando se aplican selectivamente, lo que genera un cinismo ciudadano justificado y cuestiona si el partido realmente busca una contienda limpia o solo aparentar control interno. Esta promoción no solo adelanta la carrera por cargos futuros, sino que pone en riesgo la legitimidad de cualquier aspiración futura de Morán Flores, al mismo tiempo que invita a las autoridades electorales locales y al INE a investigar de inmediato para evitar que San Pedro Cholula se convierta en un ejemplo más de impunidad preelectoral.
En un México que exige mayor transparencia y rendición de cuentas, acciones como estas no merecen tolerancia: representan un retroceso autoritario disfrazado de “gestión social” y un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de fiscalización para proteger la voluntad popular de manipulaciones tan burdas como efectivas.
Fuente: https://www.angulo7.com.mx/2026/politica/en-san-pedro-cholula-regidor-se-promociona-con-volantes-en-tiempos-no-electorales/684106/
El uso de colores partidistas en los trípticos y la ausencia total de mención al trabajo colegiado del Cabildo o la alcaldía transforman lo que debería ser una rendición de cuentas institucional en una campaña personal disfrazada, lo que critica duramente la falta de transparencia y el abuso de la posición de regidor para fines electoreros. En un contexto donde la ciudadanía ya cuestiona la integridad de los servidores públicos, este tipo de acciones no solo anticipan la contienda, sino que generan desconfianza profunda, sugiriendo que el interés personal prevalece sobre el servicio público real y que Morena, a pesar de sus discursos de austeridad y legalidad, tolera internamente prácticas que contradicen sus propios principios.
Desde el punto de vista legal, estas conductas encajan perfectamente en la definición de actos anticipados de campaña establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), específicamente en su Artículo 3, inciso a), que los describe como “actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
En el caso de Puebla y a nivel federal, tales acciones están prohibidas durante el periodo intercampaña o precampaña, y pueden derivar en sanciones severas como amonestación pública, multas elevadas o incluso la negativa de registro como precandidato, según resoluciones históricas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lineamientos del INE. Lo más grave es que Morena, el propio partido de Morán Flores, aprobó el pasado 7 de marzo lineamientos internos del Consejo Nacional que prohíben expresamente la promoción personalizada mediante espectaculares, el uso de recursos públicos y la entrega de dádivas, además de advertir contra campañas ostentosas, información falsa, ataques a rivales, simulación de pertenencia a grupos vulnerables o confrontación en redes sociales.
El regidor no solo ignora estas reglas partidistas, sino que las vulnera abiertamente con sus volantes, lo que evidencia una hipocresía institucional que debilita la credibilidad de Morena de cara al proceso electoral de 2027 y expone cómo los actores locales priorizan el poder personal sobre la disciplina colectiva.
Aún más crítico resulta el posible uso de recursos públicos en estas “ayudas” prometidas, como la gestión de aparatos ortopédicos o trámites de actas de nacimiento y CURP, si estos provienen de fondos públicos o se canalizan a través de la estructura institucional del ayuntamiento. El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos económicos del Estado con imparcialidad, eficiencia y sin influir en la equidad de la competencia electoral entre partidos o candidatos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales y los lineamientos del INE prohíben explícitamente el uso de programas sociales, bienes o servicios públicos para inducir, coaccionar o condicionar el voto, ya sea mediante promesas de apoyos o la entrega de dádivas disfrazadas de “gestión personal”. Si los recursos para estos aparatos ortopédicos o trámites provienen de presupuestos municipales o federales —como es probable dada la posición de Morán Flores como presidente de comisión—, estaríamos ante un delito electoral que podría acarrear penas de prisión, inhabilitación y multas, además de configurarse como peculado. Esta práctica no solo viola la prohibición de propaganda gubernamental en periodos no electorales, sino que pervierte el verdadero fin de las ayudas sociales, transformándolas en herramientas clientelares que condicionan la voluntad ciudadana y atentan contra la equidad democrática.
En última instancia, este caso en San Pedro Cholula ejemplifica un problema estructural más amplio en la política mexicana: la normalización de los actos anticipados de campaña y el desvío solapado de recursos públicos, que erosionan los pilares de la democracia representativa y fomentan la desigualdad en la contienda electoral. Mientras Morán Flores, con su trayectoria y posición como consejero estatal de Morena, debería ser un ejemplo de apego a la ley, su estrategia de volantes revela una calculada anticipación que busca capitalizar la vulnerabilidad de los ciudadanos antes de que inicien formalmente las precampañas.
Las propias reglas de Morena, aprobadas recientemente para “evitar actos anticipados”, quedan expuestas como letra muerta cuando se aplican selectivamente, lo que genera un cinismo ciudadano justificado y cuestiona si el partido realmente busca una contienda limpia o solo aparentar control interno. Esta promoción no solo adelanta la carrera por cargos futuros, sino que pone en riesgo la legitimidad de cualquier aspiración futura de Morán Flores, al mismo tiempo que invita a las autoridades electorales locales y al INE a investigar de inmediato para evitar que San Pedro Cholula se convierta en un ejemplo más de impunidad preelectoral.
En un México que exige mayor transparencia y rendición de cuentas, acciones como estas no merecen tolerancia: representan un retroceso autoritario disfrazado de “gestión social” y un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de fiscalización para proteger la voluntad popular de manipulaciones tan burdas como efectivas.
Fuente: https://www.angulo7.com.mx/2026/politica/en-san-pedro-cholula-regidor-se-promociona-con-volantes-en-tiempos-no-electorales/684106/
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