El Instituto de Seguridad Social del Estado de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados del Estado de Puebla (ISSSTEP) identificó 728.8 millones de pesos en remanentes de ejercicios fiscales anteriores que no contaban con una etiquetación clara por cuota y aportación. Luis Antonio Godina Herrera, director del organismo, detalló que estos recursos provienen de un análisis exhaustivo cuenta por cuenta y recurso por recurso, y se destinarán de manera programada hasta el año 2030 para atender el pago de pensiones sin generar una carga adicional al presupuesto estatal, al financiarse exclusivamente con fondos propios del instituto.
Esta asignación gradual contempla una erogación inicial de 67.62 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2026, con incrementos anuales hasta alcanzar los 180.9 millones de pesos en 2030. El esquema permitirá absorber el impacto de las jubilaciones pendientes y priorizar 609 casos, de los cuales 416 corresponden a derechohabientes en situaciones de vulnerabilidad como inhabilitación física, viudez, orfandad e incapacidades permanentes, y 193 a pensionados por antigüedad. Con esta medida se prevé cubrir al cien por ciento las solicitudes del magisterio pendientes hasta 2018 y parte de 2019.
Al cumplirse 500 días de la administración actual, el ISSSTEP reportó que al inicio de la gestión, en diciembre de 2024, existía un acumulado de 3 mil 512 expedientes en rezago. Hasta la fecha se ha resuelto el 53.64 por ciento de ese pasivo histórico, equivalente a 2 mil 140 pensiones otorgadas. Actualmente permanecen 2 mil 998 solicitudes pendientes derivadas de la recepción continua de nuevos trámites. Los subsidios mensuales del gobierno estatal continuarán en paralelo para cubrir la nómina de pensionados vigentes.
Luis Antonio Godina Herrera indicó que el proceso de revisión administrativa, iniciado por instrucciones del Ejecutivo estatal, busca atender expedientes acumulados desde 2016 y fortalecer la operación interna del instituto mediante una mayor precisión en la identificación de recursos. El análisis financiero continuará con el objetivo de mejorar las condiciones para los derechohabientes que dependen de estos pagos.
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