Impunidad absoluta en Tehuacán: PROFECO encubre fraudes de la familia Franco Zárate
Las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en Puebla se dispararon un 73.1 por ciento entre marzo y abril de 2026, al pasar de 41 a 71 carpetas de investigación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este incremento no es casual.
En Tehuacán, la familia Franco Zárate y su empresa 3B Motors SA de CV operan con total protección institucional, vendiendo vehículos con reporte de robo y dejando a consumidores como Jhoana Yalith Reyes Garduño expuestos a riesgos penales, pérdidas económicas y amenazas. La colusión entre estos presuntos empresarios y autoridades locales ha generado un esquema de impunidad que permite la repetición sistemática de fraudes, mientras las víctimas son ignoradas y los funcionarios que intentan cumplir su labor son agredidos.
En la audiencia de conciliación celebrada el 27 de febrero de 2024 ante la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Benito Juárez en Oaxaca, ni Joel Franco Zarate ni 3B Motors SA de CV comparecieron. La notificación legal fue imposible por el informe rendido por la licenciada Berenice López León, entonces encargada del Módulo de Enlace Municipal de la Odeco en Tehuacán, Puebla. Ese mismo informe detalla las razones y circunstancias que impidieron la diligencia. Jhoana Yalith Reyes Garduño, quien adquirió una camioneta Nissan Pathfinder modelo 2014 con placas TYD2736 y pagó 24 mensualidades hasta marzo de 2021, denunció que el vehículo tenía reporte de robo y que los proveedores la expusieron irresponsablemente a la cárcel. La consumidora manifestó vía telefónica su rechazo total a la resolución y anunció que continuará el proceso penal. Exigió copia certificada del expediente completo, incluyendo los hechos de las agresiones y amenazas de muerte que sufrió la licenciada Berenice López León al intentar notificar a la familia Franco Zárate.
La Procuraduría Federal del Consumidor archivó el expediente por prescripción, declarando que la queja se presentó fuera del plazo de un año establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sin embargo, la misma acta reconoce que Joel Franco Zarate es reincidente y acumula múltiples quejas ante la Profeco. La institución dejó a salvo los derechos de la consumidora para que los haga valer en la vía judicial, pero en los hechos abandonó su responsabilidad de protección. La colusión es evidente: las autoridades no solo fallaron en notificar, sino que tampoco actuaron contra los empresarios pese a las agresiones documentadas contra su propia representante en Tehuacán. Este caso ejemplifica cómo servidores públicos y empresarios operan en complicidad para garantizar la impunidad.
La Profeco en Tehuacán debe explicar públicamente por qué no hizo nada para proteger a la licenciada Berenice López León tras las agresiones y amenazas de muerte que recibió de la familia Franco Zárate. Debe informar también por qué no inició procedimientos contra Joel Franco Zarate y 3B Motors SA de CV a pesar de las quejas reiteradas y de la evidencia de fraudes sistemáticos. La inacción no es omisión: es complicidad activa. Mientras las denuncias contra servidores públicos aumentan en Puebla, las víctimas de estos fraudes siguen sin justicia y los funcionarios honestos quedan expuestos. La impunidad en Tehuacán no es un incidente aislado; es el resultado directo de la protección institucional que permite que estos presuntos empresarios sigan operando sin consecuencias.
En Tehuacán, la familia Franco Zárate y su empresa 3B Motors SA de CV operan con total protección institucional, vendiendo vehículos con reporte de robo y dejando a consumidores como Jhoana Yalith Reyes Garduño expuestos a riesgos penales, pérdidas económicas y amenazas. La colusión entre estos presuntos empresarios y autoridades locales ha generado un esquema de impunidad que permite la repetición sistemática de fraudes, mientras las víctimas son ignoradas y los funcionarios que intentan cumplir su labor son agredidos.
En la audiencia de conciliación celebrada el 27 de febrero de 2024 ante la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Benito Juárez en Oaxaca, ni Joel Franco Zarate ni 3B Motors SA de CV comparecieron. La notificación legal fue imposible por el informe rendido por la licenciada Berenice López León, entonces encargada del Módulo de Enlace Municipal de la Odeco en Tehuacán, Puebla. Ese mismo informe detalla las razones y circunstancias que impidieron la diligencia. Jhoana Yalith Reyes Garduño, quien adquirió una camioneta Nissan Pathfinder modelo 2014 con placas TYD2736 y pagó 24 mensualidades hasta marzo de 2021, denunció que el vehículo tenía reporte de robo y que los proveedores la expusieron irresponsablemente a la cárcel. La consumidora manifestó vía telefónica su rechazo total a la resolución y anunció que continuará el proceso penal. Exigió copia certificada del expediente completo, incluyendo los hechos de las agresiones y amenazas de muerte que sufrió la licenciada Berenice López León al intentar notificar a la familia Franco Zárate.
La Procuraduría Federal del Consumidor archivó el expediente por prescripción, declarando que la queja se presentó fuera del plazo de un año establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sin embargo, la misma acta reconoce que Joel Franco Zarate es reincidente y acumula múltiples quejas ante la Profeco. La institución dejó a salvo los derechos de la consumidora para que los haga valer en la vía judicial, pero en los hechos abandonó su responsabilidad de protección. La colusión es evidente: las autoridades no solo fallaron en notificar, sino que tampoco actuaron contra los empresarios pese a las agresiones documentadas contra su propia representante en Tehuacán. Este caso ejemplifica cómo servidores públicos y empresarios operan en complicidad para garantizar la impunidad.
La Profeco en Tehuacán debe explicar públicamente por qué no hizo nada para proteger a la licenciada Berenice López León tras las agresiones y amenazas de muerte que recibió de la familia Franco Zárate. Debe informar también por qué no inició procedimientos contra Joel Franco Zarate y 3B Motors SA de CV a pesar de las quejas reiteradas y de la evidencia de fraudes sistemáticos. La inacción no es omisión: es complicidad activa. Mientras las denuncias contra servidores públicos aumentan en Puebla, las víctimas de estos fraudes siguen sin justicia y los funcionarios honestos quedan expuestos. La impunidad en Tehuacán no es un incidente aislado; es el resultado directo de la protección institucional que permite que estos presuntos empresarios sigan operando sin consecuencias.
0 Comentarios