El coordinador del gabinete estatal José Luis García Parra presentó un documento que un representante regional de un consorcio empresarial le entregó el 10 de septiembre de 2025. En el documento se plantean contrataciones en seguros, internet y difusión gubernamental por un monto superior a los 2 mil 300 millones de pesos para empresas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego.
Durante una conferencia de prensa realizada el 1 de junio, García Parra mostró el material como respaldo a las solicitudes económicas planteadas en septiembre pasado. El funcionario indicó que la negativa del Gobierno del Estado a concretar esos contratos se relaciona con las críticas emitidas por TV Azteca Puebla hacia la administración estatal encabezada por Alejandro Armenta Mier. También vinculó las acusaciones surgidas tras una diligencia de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración con el mismo contexto.
García Parra señaló que desde enero se había hecho pública la existencia de esas solicitudes de contratación. En esta ocasión se presentó el documento específico entregado en una reunión con el representante regional. El coordinador del gabinete estatal mencionó que la línea editorial de TV Azteca Puebla responde a esa disputa y que los cuestionamientos forman parte de un proceso vinculado a la falta de asignación de los contratos solicitados.
El funcionario detalló que la actuación realizada en las instalaciones de TV Azteca Puebla por la Secretaría de Planeación y Finanzas deriva de un procedimiento iniciado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal contra la empresa por incumplimiento de normas laborales. García Parra respondió a mensajes difundidos por Ricardo Salinas Pliego en la red social X, donde se presenta el procedimiento como una persecución política.
El coordinador insistió en que se trata de sanciones de origen federal en materia laboral y que el Gobierno de Puebla no asignará los contratos solicitados en septiembre de 2025. El planteamiento incluye que los recursos públicos deben destinarse al beneficio de los poblanos y no a otros fines. La información expuesta detalla los rubros específicos de las contrataciones propuestas, como seguros, servicios de internet y espacios de difusión, y reitera la posición de la administración estatal de no proceder con esos acuerdos. Esta situación ha generado un conflicto público entre el Gobierno del Estado y el consorcio empresarial propietario de TV Azteca Puebla.
El caso involucra tanto aspectos contractuales como procedimientos administrativos derivados de inspecciones laborales federales. José Luis García Parra presentó los elementos durante la conferencia para contextualizar las tensiones informativas y las acciones de fiscalización en curso.
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