Tribunal inhabilita por 15 años a Eduardo Rivera y le impone multa de 15 millones de pesos

 Tribunal inhabilita por 15 años a Eduardo Rivera y le impone multa de 15 millones de pesos

4 de noviembre de 2026.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla emitió una resolución contra Eduardo Rivera Pérez que contempla una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos municipales y una sanción económica de 15 millones de pesos, derivada de un procedimiento relacionado con presuntas irregularidades durante su administración en el Ayuntamiento de Puebla. La determinación se relaciona con las revisiones de las cuentas públicas municipales realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE). En el mismo procedimiento se reportaron sanciones contra Bernardo Arrubarrena García, consistentes en 10 años de inhabilitación y una multa de 10 millones 500 mil pesos. Ambas sanciones económicas suman 25 millones 500 mil pesos. La resolución contra Rivera Pérez todavía no es definitiva y puede ser impugnada mediante los recursos legales correspondientes.

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Los antecedentes del procedimiento incluyen observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas municipales de 2022 y 2023. Durante la revisión correspondiente a 2022 se reportaron nueve pliegos de observaciones por 45 millones 609 mil 595 pesos, además de 16 solicitudes de aclaración. Para el ejercicio fiscal 2023 se identificaron 15 pliegos de observaciones relacionados con un probable daño patrimonial de 261 millones 290 mil 675 pesos. Las revisiones incluyeron cuestionamientos sobre documentación comprobatoria, contratación de proveedores, justificación de gastos y cumplimiento de obligaciones administrativas. Estos montos corresponden a observaciones de fiscalización y no deben confundirse con las multas establecidas en la resolución del tribunal.

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Eduardo Rivera Pérez confirmó públicamente haber recibido una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y anunció que recurrirá a los medios legales para impugnarla. En su posicionamiento rechazó haber cometido abuso de funciones, sostuvo que su administración actuó conforme a la legalidad y cuestionó la coincidencia temporal de la determinación con el inicio del proceso electoral de 2027. La resolución fue difundida el 4 de noviembre de 2026, aunque no se dispone del texto íntegro de la sentencia para establecer todos sus fundamentos y alcances. La controversia continuará su trámite conforme a los recursos que se interpongan y las determinaciones que emitan las autoridades jurisdiccionales competentes.