Reconoce la procuradora controversia en la muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez, desestimó la denuncia por secuestro que el hermano del difunto presentó contra elementos de la PJE. “Enlodan” la vida de un hombre para justificar su muerte, “no era empresario”, su disculpa
Alfonso Ponce de León Salgado/Intolerancia
Alfonso Ponce de León Salgado/Intolerancia
En un intento por pulimentar las críticas de diputados de la 52 Legislatura del Congreso del estado durante su comparecencia —convocada para las 9:00 horas de hoy— la procuradora General de Justicia Blanca Laura Villeda Martínez, “maquilló” el caso de Ricardo Ramírez Rodríguez, matado en los separos de la Policía Judicial del Estado (PJE) y no sólo justificó su detención, sino también las consecuencias de su muerte.
Villeda Martínez, para darle más realismo a su coartada, se hizo acompañar del director de la Policía Judicial del Estado, Hugo Isaac Arzola Muñoz, y del jefe del Servicio Médico Forense (Semefo), Hugo Aguirre Caballero, a quienes utilizó de escoltas, ya que sólo leyó un comunicado y de inmediato se retiró, sin contestar una sola pregunta de los reporteros.
La procuradora en esta ocasión sí concedió el profesionalismo de la doctora Alejandra Alemán Aldana, médico forense, con 20 años de experiencia en el Distrito Federal y sobre su dictamen médico, tras una segunda necropcia, de la que volvió a ratificar no fue a cuerpo abierto, dijo textualmente “concluye que el fallecimiento de quien en vida se llamó Ricardo Ramírez Rodríguez, se debió a asfixia por “sofocamiento”, mismo que ratificó al día siguiente ante el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación, por lo que con posterioridad se llevará a cabo la junta de peritos establecida por la ley”.
Pero la funcionaria omitió a los reporteros que en ese mismo historial forense existe el señalamiento de que fueron halladas 26 huellas de golpes contundentes y punzantes en diversas partes del cuerpo del occiso que indican que fue objeto de maltrato policiaco y que alguno de estos pudo haber provocado que muriera asfixiado, amén de que tampoco mencionó que en los hombros y mentón del occiso hallaron huellas de presión, como de una llave de lucha libre conocida como “la china”, que le pudieron haber aplicado durante su interrogatorio.
En esa misma reunión la procuradora —tal y como lo adelantó Intolerancia Diario— dio lectura a un reporte sobre seis averiguaciones previas donde concede, sin tener prueba legal alguna, que Ricardo Ramírez estuvo involucrado, además de que detalló datos de una condena por dos años y un mes de prisión que el ahora occiso compurgó con el pago de una multa al ser hallado culpable del delito de robo, en el Juzgado Quinto de lo Penal, esto en el año del 2003, olvidándose que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
En tono amenazante la procuradora justificó el informe al exhibir a una víctima de homicidio, diciendo, “si bien, se ha actuado con prudencia para no herir susceptibilidades y respetar el duelo de la familia, dadas las circunstancias y las versiones manejadas en los últimos días, que pretenden confundir a la ciudadanía”, y leyó un reporte que antes fue entregado a la Secretaría de Gobernación, con la intención de justificar la muerte de un hombre que la funcionaria considera un delincuente y no le da el calificativo de empresario.
La procuraduría desestimó una denuncia por secuestro Dueña de una carpeta de pretextos, elaborada durante el sábado y domingo pasado por todo su equipo de colaboradores, la procuradora dijo que si bien el cuerpo de Ricardo Ramírez Rodríguez permaneció durante dos días en un refrigerador del Semefo, fue porque nadie se había presentado a identificarlo y no fue hasta que, ante la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, se presentaron dos personas que dijeron estar buscando a su hermano que desde el jueves había desaparecido cuando les informaron que “uno que reunía las características que ellos decían estaba en el Semefo”.
La procuradora omitió que el mismo jueves el empresario Antonio Ramírez Rodríguez había denunciado en la agencia del Ministerio Público de Atlixco, dentro de la averiguación previa 103/2008/Atlixco, haber sido secuestrado por dos elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE), a quienes se les había escapado cuando se lo llevaban acostado en el piso del asiento trasero de su vehículo con dirección a Izúcar de Matamoros y que a su hermano Ricardo se lo habían llevado otros dos judiciales.
Omitió que la misma agente del Ministerio Público de Atlixco se comunicó vía telefónica a la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, para reportar la denuncia que estaba recibiendo, con las características del hombre desaparecido, cuando en esa misma oficina uno de los agentes del Ministerio Público estaba investigando la muerte de ese mismo hombre.
Al respecto la procuradora dijo textualmente: “de manera oficiosa se le pusieron a la vista dos álbumes en los que constan las fotografías de todo el personal operativo de la Policía Judicial, el primero en blanco y negro con el nombre, cargo y lugar de adscripción de los elementos, sin que el denunciante hubiera señalado a persona alguna, por lo que en una segunda oportunidad se le proporcionó el álbum con las fotografías a color del citado personal —pero sin nombres, placas y lugar de adscripción— y en esta ocasión, hizo el señalamiento de un elemento de la Policía Judicial como uno de los individuos que argumentó lo habían privado de su libertad, sin que hasta el momento haya aportado alguna otra prueba tendiente a corroborar su dicho en este sentido”.
Dos agentes suspendidos, saldo de un caso de tortura y secuestro policiacoEl jefe de grupo Jorge Díaz Salinas y el agente Edgar Rolando Contreras Chang, placa 762, adscritos a la Subdirección Operativa Metropolitana, son los únicos servidores públicos que por el momento han sido sancionados con una suspensión, tras los hechos violentos ocurridos el jueves 31 de enero, la acusación que pesa en su contra es por abuso de autoridad porque dice la procuradora: “derivado del hecho concreto de no haberlo puesto a disposición inmediata del agente del Ministerio Público, motivo por el que fueron consignados dentro del término establecido por la ley al juzgado primero de lo Penal de esta ciudad, cuyo titular oportunamente dictó auto de formal prisión”, aunque ambos gozan de libertad y siguen paseándose por las instalaciones de la PGJ.
Aunque aún falta por saber si el jefe de grupo José Carlos Quiterio y el agente placa 127, de nombre Juan Carlos “N”, tuvieron que ver con el secuestro del empresario Antonio Ramírez Rodríguez.
