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| Ilustración La Fotografía no corresponde al Juez bajo sospecha |
2013-10-31 | Un hombre, que tras pagar su fianza, tuvo que pasar un día más privado de su libertad en el penal de Atlixco supuestamente por no haber energía eléctrica, presentó una queja contra el juez de esa región a fin de que reciba la sanción correspondiente por posible privación ilegal de la libertad.
A esta redacción se presentó Vicente Yun Gálvez, quien fuera detenido el pasado 6 de febrero del presente año, tras una balacera registrada en el bar Tavares, en la colonia Alta Vista del municipio de Atlixco, y que dejó un saldo de 2 muertos, dos heridos y 5 detenidos, entre ellos, el dueño, una mujer y el declarante.
Yun Gálvez fue detenido por falsedad de declaraciones, trascendiendo que en un principio se había mencionado que la balacera había ocurrido afuera del negocio ubicado en la zona de tolerancia, sin embargo, las investigaciones arrojaron que en realidad los hechos se registraron dentro del centro nocturno.
El afectado recurrió a este medio para declarar que luego de ser consignado por el Ministerio Público ante el Juez Penal de Atlixco, Elmo Mayoral Bello, esta autoridad judicial le concedió libertad bajo caución.
Así, pasaron varios meses para que él pudiera recabar la cantidad de 104 mil pesos, y finalmente entre junio y julio logró pagar la fianza fijada, sin embargo, cuando el defensor mostró que ya había realizado el depósito del efectivo, el Juez Elmo Mayoral determinó que no podía realizar ningún trámite para su liberación debido a que no había energía eléctrica en el juzgado.
Fue por eso que Vicente Yun Gálvez tuvo que pasar 28 horas más internado en el Cereso, a pesar de que ya debía ser liberado.
Ante ello, una vez que logró su liberación, su abogado defensor presentó la queja administrativa con número 114/2013 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de mayoral Bello al que señaló de privación ilegal de la libertad.
En la entrevista a este medio, mostró una copia del "desistimiento" de dicha queja, pero no porque ya no quiera seguir procediendo, sino que resalta que es un procedimiento legal para evitar la duplicidad de sanciones, debido a que ahora procederá a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, para que se haga justicia contra la acción del juez, pues considera Yun Gálvez que para él, haber pasado más horas encerrado "fue un infierno".
Cabe señalar que el día de los hechos en el bar Tavares, se registró un ataque cometido por hombres con armas de alto poder -R-15 y AK-47-, matando en el lugar a quien fue identificado como José Rodríguez Aguilar, de 25 años de edad; así como a Javier Soriano Ramírez, de 23 años de edad y quien se desempeñaba como vigilante; a pesar de que este último fue trasladado al hospital municipal San Juan De Dios, más tarde falleció.
Las personas heridas fueron Irene Juárez Aguilar, de 26 años de edad, quien fue trasladada al hospital municipal y José Luis Mirón Pacheco, de 57 años de edad quien trabajaba como D.J. en el bar.
De los detenidos se dijo que fueron 5 personas, tres mujeres y dos hombres, siendo Enrique Puente Casco, dueño del bar y Vicente Yun, mesero.
Juez acusado de corrupción
2013-07-10 | A punto de lograr su liberación, preso en la cárcel de Atlixco, un joven fue trasladado de manera irregular al penal de Tepexi de Rodríguez, justo un día antes de que tuviera audiencia para el desahogo de pruebas y también tras haber logrado la protección de la justicia federal que le exige al Juez Penal presentar elementos que justifiquen la privación de la libertad o de lo contrario tendría que liberar al inculpado cuanto antes.
Hace mes y medio se informó aquí que mientras tres jóvenes están encarcelados por participar presuntamente en un triple homicidio cometido a principios de año en la comunidad de La Trinidad Tepango, los verdaderos responsables siguen prófugos de la justicia.
El 27 de mayo llegaron a esta redacción Micaela Eusebio Jiménez y Rosa Torres Jiménez, familiares de Francisco Javier Flores Torres, Nicanor Pérez Eusebio y Jorge Julián Sánchez García, quienes enfrentan el proceso penal número 37/2013/Atlixco, por homicidio.
Las declarantes mostraron además del expediente, los resultados de las pruebas de rodizonato que les fueron practicadas a los jóvenes y las cuales salieron negativas de que hayan disparado alguna arma, tanto su cuerpo como sus prendas no tenían los químicos que pudieran delatarlos como los responsables.
A pesar de esos resultados, más testigos presenciales de los hechos y el mismo señalamiento de los verdaderos responsables, los inculpados siguen presos.
Las mujeres aseguraron que de acuerdo a las declaraciones ministeriales que hicieron los inculpados, el día de los hechos pasaban por donde se registró una riña en un baile público, porque iban a dejar a un familiar, pero de hecho, al ver que los agredían a ellos también a pedradas e incluso escucharon detonaciones de armas de fuego, decidieron retirarse de inmediato.
Como uno de ellos salió lastimado de un hombro, fueron a ver a un médico, que incluso les extendió un documento con fecha y hora de atención.
Más tarde fueron interceptados por policías de La Trinidad y los llevaron a su comandancia como sospechosos de haber participado en la riña; sin embargo, ahí mismo después se enteraron que ya había 3 muertos. Bajo engaños les dijeron que firmaran su salida, pues al no encontrarles armas ni otros elementos, no tenían por qué estar detenidos.
Sin embargo, al momento que salían de la comandancia, fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial, quienes de inmediato se los trajeron a la ciudad de Puebla, negándoles en todo momento su detención a los familiares.
A los dos días se enteraron que estaban en el Hotel Kioto bajo arraigo, el cual duró 40 días y en los cuales los estuvieron golpeando, aseguran las entrevistadas por versiones de sus propios familiares detenidos, con el fin de que se dijeran culpables.
El abogado León Juárez Galindo, contratado por los familiares, les estuvo pidiendo dinero, asegurando que tras vencer el periodo de arraigo saldrían libres, pues ya estaban las pruebas de balística a su favor, no había personas que los señalaran directamente y no había testigos en su contra, pidiendo alrededor de 80 mil pesos para concretar su liberación. Solamente los estafó el litigante, aseguran.
Y es que el 22 de febrero venció el arraigo y fueron inmediatamente trasladados al penal de Atlixco donde al día siguiente se les dictó el auto de formal prisión.
Este martes Rosa Torres Jiménez, madre de Francisco Javier Flores Torres, se presentó nuevamente en este diario, para indicar que el sábado por la tarde fue a visitar a su hijo en el penal de Atlixco, para informarle que ya habían ganado un Amparo que tramitaron ante el Juez Séptimo de Distrito, indicando que la justicia federal lo protegía.
Su defensor le explicó que el juez federal le exige al Juez Penal de Atlixco, Elmo Mayoral Bello, que presente elementos sólidos para sostener la culpabilidad del acusado, de lo contrario tendría que liberarlo de manera inmediata.
Es el caso que alguien le llamó a Rosa Torres el domingo en la mañana, para indicarle que su hijo Francisco Javier había sido trasladado en la madrugada al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez. Cuando la mujer se trasladó a Atlixco para indagar por qué lo habían trasladado, le indicaron que fueron órdenes de la directora general de Ceresos y del propio Juez Penal de Atlixco, Elmo Mayoral.
Esta situación se le hace demasiado abusiva a la quejosa, pues reveló que precisamente el lunes por la mañana su hijo tenía audiencia para un desahogo de pruebas, evento significativo para poder concretar más rápido su liberación.
Además, señaló Torres Jiménez que su abogado ya inició otro juicio de Amparo, pues de acuerdo a la Ley, las personas que se encuentran procesadas no pueden ser removidas del lugar donde estén recluidas, únicamente a sentenciados y pedirán su regreso a Atlixco.
Ante esta acción, los familiares aseguran que se trata de una irregularidad más del juez de Atlixco, Mayoral Bello, por lo que piden al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, que investigue a fondo y en determinado momento, de encontrarse responsable, sea removido del cargo.
