Tras la caída de Lorena Jaimes, tesorera de la agrupación, cuyo objetivo era desviar millones de recursos de obras para apoyar campañas electorales, una de ellas la de 2018, en los cuales salieron involucrados actores como Genoveva Huerta y Jesús Giles Carmona.
El panorama para Eukid Castañón en 2021 se ve sombrío, pues el que alguna vez fuera su chofer entregó el vehículo de colección Roll Royce, mismo que el gobernador actual aseguró “transportaba a los hombres del poder”, además de que ofreció una amplia colaboración a las autoridades, por lo que, en palabras de Barbosa Huerta, “se irán conociendo todas sus maldades”
El RUTA, uno de los más grandes fraudes que el gobierno panista hizo en su momento, el cual no fue una obra ‘faraónica’ contratada con un APP o un PPS, sino un servicio que se ha mantenido activo hasta este día y que al menos hasta octubre se desconocía lo que había detrás, todo presidido por una avería en las máquinas de cobro que llevó a un análisis a profundidad del sistema, encontrando uno de los mayores desfalcos que hicieron los ‘hombres del poder’ en 2013, y es que RUTA tenía detrás una red de corrupción enorme.
Comenzaron por revelar el precio real por viaje, que era de 19.50 pesos, sin embargo, el acuerdo fue que el gobierno pagaría doce pesos, subsidio excesivo tomando en cuenta la gran afluencia que ha tenido este sistema en sus tres líneas; todo surgió con la entrada de la troncal Chachapa-Tlaxcalancingo, de la que hubo retiro de rutas, obras a sobrecosto en los paraderos, máquinas a costos inflados hasta 300 veces su precio y pagos increíbles a las empresas concesionarias.
Una de esas fue Conduent Solutions, encargada del recaudo, y que se quedaba aproximadamente 70 por ciento de las ganancias, además dejaba de reportar cerca de 40 millones mensuales, y estaba afectado las finanzas del estado que lo llevaría al colapso en unos años de no tomar acciones, por ello se comenzó el proceso de revocación de concesión y un proceso penal en su contra por el ventajoso contrato que firmaron.
No sólo la empresa sería denunciada, sino también los secretarios del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que permitieron esto, tales como Fernando Manzanilla Prieto (SGG); Antonio Gali Fayad (Infraestructura); José Cabalán Macari (Administración); Roberto Moya Clemente (Finanzas) y Bernardo Huerta Coutollenc (Transprote), además de los ex titulares de Carreteras de Cuota como Mariana Navarrete.
De los escándalos más grandes exhibidos en su llegada al poder en 2019, fueron los títulos ‘patito’ que expidieron en el IEDEP a los allegados del ex gobernador panista, veinticinco eran los perfiles involucrados en este, uno de ellos el ex dirigente del CEN del PAN, Jesús Christian Giles Carmona, quien este 2020 vio a la justicia tocar a su puerta.
El motivo, la falsificación de documentación oficial para la obtención de un título en Derecho por parte del OPD mencionado, lo anterior derivado de las denuncias que interpuso la Consejería Jurídica por cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones, actualmente el panista mantiene su proceso, pues lo hicieron acudir a firmar cada 30 días y le quitaron la posibilidad de salir del estado y del país.
Un total de veintiún morenovallistas, destacando a Patricia Leal Islas, Manuel Pozos Cruz, Roberto Moya Clemente a través de su esposa Alejandra Maupomé Cagigal, entre otros, perdieron su patente notarial pues la entregaron de manera voluntaria a fin de estar exentos de un proceso penal.
Detenida en Yucatán, Karlota Hernández Ramos fue uno de los perfiles involucrados en este tema, pues era la titular de la Notaría 11 de Tehuacán, en este caso la Fiscalía General del Estado fue la encargada de vincularla a proceso por el delito de falsificación de documentos para obtener su patente, la cual fue recovada y cancelada.
Con la salida de Fernando Manzanilla de la Segob a principios del 2020, comenzó un proceso de revisión a la dependencia antes llamada Secretaría General de Gobierno (SGG) esto a petición del actual titular David Méndez Márquez, proceso que se mantiene vigente de la Función Pública, posteriormente se dio cuenta de la existencia de una ‘Partida Secreta’ en esta dependencia y en la SSP, del cual se desconocía su destino.
Los implicados en esta revisión e investigación son el propio diputado federal Manzanilla Prieto en su proceso de 2013 y 2019 con Rafael Moreno Valle y Guillermo Pacheco Pulido, respectivamente, quien también de acuerdo con el gobernador pudo haber extraído documentos oficiales de la dependencia; además la lista la completan Diódoro Carrasco Altamirano, Luis Maldonado Venegas, Jesús Rodríguez Almeida y Jorge Benito Cruz Bermúdez.
El Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos, OPD del Ejecutivo que este año se ha visto envuelto de señalamientos de desvío de recursos por 204 millones de pesos, 27 obras ‘fantasma’ y una afectación a 928 instituciones educativas en todo Puebla, en donde el principal señalado de constituir esto es el magistrado del TSJ y ex titular de la SGG, Jorge Benito Cruz, además de otros ex directores como Diego Cremean Corona y Gustavo Guzmán Fernández.
Otros perfiles asociados con investigaciones por parte del Ejecutivo son Oscar Parra Tay y Rodrigo Riestra, ex titular de la Medio Ambiente por la entrega de permisos para colocación de espectaculares; Pedro Adalberto Gómez, ex titular de Desarrollo Rural por la compra a sobrecosto de mototractores; Facundo Rosas Rosas ex secretario de Seguridad, y Víctor Carrancá Bourget, ex fiscal por el caso Chalchihuapan; Xavier Albizuri Morett y Martha Vélez Xaxalpa, por la entrega irregular de concesiones de transporte público por parte de Movilidad y Transporte.
Dentro de su segundo informe de labores, exhibió que se encontraron los contratos de diferentes obras ‘faraónicas’, tales como la Estrella de Puebla, el Teleférico, Tren Turístico, Museo Internacional del Barroco, Centro Integral de Servicios y Ciudad Modelo, de los cuales derivarán en 2021 procesos penales contra morenovallistas.
Con información de Cambio-Diario
