Junio 18, 2024


El 1 de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y se aprobó una reforma basada en tres ejes. Uno de estos es el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, donde se establece que antes de demandar será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo. Para ello, se crean Centros de Conciliación Laboral integrados en teoría por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos que, de no logarse un acuerdo, las partes acudirían a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, “con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez”, planteándose que las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán, una vez que concluyan su rezago.

Ayer se dio a conocer que con la finalidad de reducir la carga de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinó suprimir la Junta Especial 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Puebla y trasladar sus expedientes a oficinas homólogas de Tlaxcala y a Oaxaca, lo anterior fue comunicado por la STPS en la edición del lunes el Diario Oficial de la Federación (DOF), misma en la que se especifica que la actual carga de trabajo de dicha oficina es tan alta que ha impedido dar solución a los casos.

La dependencia determinó que la Junta Especial 46 con residencia en Tlaxcala, atienda aquellos juicios que se encuentran en fase de instrucción en Puebla, hasta lograr su conclusión; y, que la Junta Especial 32 con residencia en Oaxaca, la encargada de continuar con el trámite de aquellos que se encuentren en fases de dictamen, laudo, ejecución y amparo, hasta su conclusión.

No hay duda que los abogados que atienden esos casos tendrán que desplazarse a los vecinos estados, incluso en algún momento los actores involucrados. Lo anterior ha motivado la inconformidad de los litigantes que tienen a su cargo casos que resolver. Suponemos que las autoridades laborales buscan con esta medida avanzar en la reforma laboral ya aprobada, pero que no progresa por la vía de los hechos, ya que tampoco se han destinado los recursos materiales y humanos para que el rezago histórico que existía a la fecha de la nueva reforma laboral pudiera resolverse.