Ahuazotepec
bajo el control de “La Yerba”: cacicazgo familiar y pactos de impunidad en la
Sierra Norte
16 de mayo de 2025
Con antecedentes penales, vínculos con presuntos
criminales y una red de complicidades tejida al amparo del PRD y del PRI, Alfredo
Ramírez Hernández, alias “La Yerba”, fue presidente
municipal de Ahuazotepec, electo para el periodo 2024–2027, a pesar de
haber sido detenido por portación ilegal de armas en 2020. Su llegada al poder
representó la continuidad de un esquema de control familiar: su hermano, César
Ramírez Hernández, había gobernado el municipio en el trienio anterior
(2021–2024), bajo la bandera del Partido del Trabajo.
La familia Ramírez consolidó gracias a la
complicidad y corrupción de las dirigencias partidistas un cacicazgo
local que se mantuvo vigente por encima de los colores y las siglas
ideológicas. Lo que imperó fue una estructura de poder basada en el control
del aparato municipal, el desvío de recursos y presuntos vínculos con redes
criminales que operan en el corredor entre Chignahuapan, Aquixtla y
Ahuazotepec.
En abril de 2020, Alfredo fue detenido por la
Policía Estatal en Aquixtla mientras portaba un arma larga de uso exclusivo del
Ejército. Pese a ese antecedente, y a los señalamientos de su cercanía con Juan
Lira Maldonado, alias “El Moco”, operador criminal en la
Sierra Norte, no solo se mantuvo políticamente activo, sino que logró colocarse
como candidato de un partido aliado a la 4T que ignoró deliberadamente sus
antecedentes.
Durante la gestión de su hermano César, el
municipio fue escenario de adjudicaciones irregulares, simulación de
obras públicas y subejercicio en seguridad, mientras que empresas
cercanas a los Ramírez —como Escala Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V.—
concentraron contratos para beneficio de un grupo vinculado con la Secretaría
del Bienestar, en donde Alfredo Ramírez fue delegado regional.
El 16 de mayo de 2025 la vivienda de
Alfredo Ramírez cateada por la Fiscalía y su paradero desconocido, el edil
prófugo de Ahuazotepec enfrenta señalamientos por posible lavado de
recursos, protección a estructuras criminales y corrupción en la asignación de
obra pública. Y aunque el gobierno estatal guarda silencio, la
ciudadanía empieza a romper el cerco de la impunidad.
En Ahuazotepec, el poder no cambió de manos: solo
de hermano.
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