Con la serenidad de quien conoce a fondo el aparato gubernamental, pero con la contundencia de quien ha denunciado durante años las prácticas de simulación institucional, Rodolfo Herrera Charolet, enlace de la Secretaría de Gobernación ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, volvió a asestar un golpe certero a los gobiernos municipales que han hecho de la opacidad su forma de administración.
Esta semana, nuevas resoluciones emitidas por organismos garantes de transparencia dieron la razón a las denuncias presentadas por Herrera Charolet, quien desde su trinchera institucional ha documentado con precisión quirúrgica el reiterado incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública por parte de diversas administraciones municipales.
Uno de los casos más representativos —pero de ninguna manera el único— es el del municipio de Tepeaca, cuyo gobierno ha omitido sistemáticamente publicar información elemental que por ley debe ser pública: nóminas, contratos, adjudicaciones, estados financieros, auditorías y actas de cabildo. El expediente es extenso y habla de años de simulación y resistencia institucional a la transparencia.
Lo que Herrera Charolet ha denunciado no es menor: se trata de una estructura de silencio y encubrimiento que ha permitido el desvío de recursos públicos y la corrupción burocrática bajo el manto de la omisión informativa. En varios casos, incluso, se han detectado redes de funcionarios coludidos para evitar que datos clave lleguen a manos de ciudadanos, periodistas o entes fiscalizadores.
Las resoluciones que ahora lo respaldan —algunas de ellas vinculantes— obligan a los ayuntamientos omisos a entregar la información negada y a actualizar sus portales de transparencia, además de enfrentar sanciones administrativas por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones legales.
La tunda ha sido metódica, legal y sustentada. A diferencia de los discursos huecos de campaña, las acciones de Herrera Charolet han derivado en consecuencias tangibles para las autoridades municipales: amonestaciones públicas, apercibimientos legales, y en algunos casos, procedimientos de responsabilidad administrativa.
Otros municipios señalados por las denuncias incluyen a Amozoc, Tecamachalco y Cuautinchán, todos con antecedentes similares de opacidad y con respuestas burocráticas que rayaban en el absurdo: negar información bajo el pretexto de “no contar con los archivos”, o responder solicitudes ciudadanas con documentos incompletos, ilegibles o deliberadamente tergiversados.
La estrategia de Herrera Charolet ha sido insistente pero legalista: interponer recursos, exigir cumplimiento, recurrir a la vía institucional sin caer en estridencias. Su enfoque ha demostrado que la lucha contra la corrupción no siempre necesita espectáculos mediáticos; basta con aplicar la ley, y hacerlo sin titubeos.
Al cierre de esta edición, varias de las resoluciones ya han sido notificadas a los municipios involucrados. De no cumplirlas en los plazos establecidos, los funcionarios responsables podrían enfrentar desde sanciones administrativas hasta denuncias penales por obstaculizar el derecho de acceso a la información.
En un estado donde la rendición de cuentas suele ser una promesa rota, los pasos firmes de Herrera Charolet marcan una ruta distinta: una cruzada legal, paciente y tenaz, contra los gobiernos que le apuestan al olvido, al archivo cerrado y al silencio.
Porque en tiempos de simulación, hacer cumplir la ley es, en sí mismo, un acto de valentía.
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