Coronango bajo fuego: ejecutan a albañil en pleno día, sin rastro de autoridad preventiva
Por José Herrera
SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. — En un crimen que refleja con crudeza el grado de descomposición que permea en los municipios del área conurbada de Puebla, un grupo armado asesinó con violencia extrema a un hombre identificado como Eleazar “N.”, de aproximadamente 35 años, mientras se encontraba dentro de su camioneta, en pleno centro de Coronango.
El ataque, perpetrado a plena luz del día, fue ejecutado con precisión y brutalidad: al menos diez disparos, muchos de ellos dirigidos a la cabeza. Los sicarios, según los primeros reportes, viajaban en otra unidad y huyeron sin contratiempos. No hubo persecución inmediata. No hubo detenciones.
Zona gris: periferia desprotegida, violencia normalizada
Coronango, a escasos kilómetros de la capital poblana, ha sido durante años un punto ciego de las políticas de seguridad pública. Sin mando policiaco profesionalizado, sin estrategia de prevención del delito y con escasa presencia de inteligencia criminal, el municipio se ha vuelto una zona propicia para la operación discreta de células armadas.
A pesar de la cercanía con zonas industriales y corredores logísticos de alto valor, la seguridad pública en Coronango —como en tantos otros municipios periféricos— parece administrarse al margen de toda planificación estratégica. Los recursos son limitados, los patrullajes son reactivos, y el poder territorial se negocia en silencio.
Silencio institucional, violencia como rutina
El ataque no solo revela un crimen, sino la ausencia de Estado. Ni el municipio ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofrecieron en las horas posteriores un pronunciamiento formal. Tampoco se ha emitido alguna línea clara de investigación. Se habla, como suele ocurrir, de “posible crimen pasional” o “presuntos vínculos con actividades delictivas”, fórmulas imprecisas que permiten desentenderse del problema estructural.
En el lugar del crimen estuvieron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Pero, como ocurre sistemáticamente, la reacción llega tarde: cuando el crimen ya ha ocurrido, cuando la escena ya está contaminada, cuando el mensaje de impunidad ya ha sido enviado.
Eleazar: víctima con oficio, sin blindaje
De acuerdo con testimonios preliminares, la víctima se dedicaba a la albañilería y operaba un pequeño taller de talachas. No se tiene constancia pública de que contara con antecedentes penales. Tampoco se ha confirmado que hubiera recibido amenazas previas. Su ejecución, sin embargo, responde al patrón de los llamados “ajustes de cuentas” o ataques de carácter ejemplarizante: rápidos, certeros, sin advertencias.
En un entorno donde la vida vale menos que una deuda y donde la policía actúa con miedo o por consigna, ser un ciudadano común —sin protección política, sin influencias, sin nexos con el poder— puede ser una sentencia de vulnerabilidad.
El costo de la omisión
La ejecución de Eleazar no es un caso aislado. Es un síntoma. Un dato más en la estadística oculta de homicidios que no tienen resolución. Cada crimen impune refuerza el mensaje de que no hay castigo, de que el control territorial está en disputa, y que las armas —no la ley— dictan el orden.
Mientras tanto, en los discursos oficiales se habla de coordinación y estrategia, pero en los hechos, la población sobrevive en municipios donde la autoridad llega para acordonar, no para prevenir. Donde la justicia tarda tanto que ya no importa.
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