Ciberasedio: una respuesta legal necesaria ante la violencia digital
Por José Herrera
La reciente aprobación de la Ley de Ciberasedio en Puebla ha generado un amplio debate en la opinión pública. Como toda legislación emergente en un terreno tan complejo como el digital, es perfectible. Pero no por ello debe desestimarse su utilidad ni minimizar el objetivo legÃtimo que persigue: proteger a las vÃctimas del acoso y hostigamiento en redes sociales, una realidad creciente y muchas veces invisibilizada.
El ordenamiento legal aprobado por el Congreso local, ya publicado en el Periódico Oficial del Estado, responde a una urgencia: detener la violencia que se ejerce desde el anonimato, la impunidad y la viralización de agravios. La ley no prohÃbe la crÃtica ni la libertad de expresión —derechos consagrados constitucionalmente—, sino que acota conductas dolosas, reiteradas y dirigidas a dañar la dignidad, la integridad o la seguridad de una persona.
La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, ha expresado con claridad: “Todos son libres de expresar lo que piensan, pero también quien es agredido debe tener derecho a denunciar”. Su postura refleja el espÃritu de la ley: equilibrar el derecho a opinar con el derecho a vivir libre de violencia.
En un entorno donde muchas veces los insultos, amenazas, difusión de datos personales o imágenes Ãntimas circulan sin consecuencias, era imprescindible contar con un marco jurÃdico que reconozca a las vÃctimas de la violencia digital y les brinde herramientas de protección y acceso a la justicia.
Las reformas al Código Penal son, por ahora, una respuesta inmediata. Pero también están abiertas al diálogo: el gobernador Alejandro Armenta ha anunciado la realización de foros de consulta y escucha con periodistas, activistas y especialistas, para acotar, precisar y mejorar lo aprobado. Ese proceso democrático fortalecerá el ordenamiento y evitará interpretaciones excesivas o indebidas.
Resulta importante no perder de vista que el ciberasedio afecta especialmente a mujeres, adolescentes, personas de la diversidad sexual y servidores públicos que reciben campañas sistemáticas de odio, amenazas y difamación. Esta ley no se trata de silenciar a la prensa ni censurar opiniones, sino de garantizar que el entorno digital sea un espacio libre, pero también seguro.
La crÃtica siempre será bienvenida en una democracia. Pero la violencia nunca puede justificarse bajo la bandera de la libertad de expresión.
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