Democracia en blanco y negro
La narrativa alarmista tras
la elección judicial
Por Rodolfo Herrera Charolet
La elección de jueces del Poder Judicial, lejos de
convertirse en un ejercicio de análisis sereno, ha sido utilizada como pretexto
para encender alarmas en redes sociales y medios de comunicación. Entre el 1 y
el 3 de junio, seis medios impresos de alcance nacional publicaron más de 50
artículos y columnas que descalificaban el proceso, centrando sus críticas en
un solo dato: la baja participación ciudadana.
Según esta narrativa, que ha ganado terreno en
cadenas de WhatsApp y tribunas de opinión, los comicios judiciales fracasaron
por contar con “solo” 13 millones de votos. La afirmación, sin embargo, ignora
una realidad contundente: esa cifra supera la obtenida por varios partidos en
la reciente elección presidencial. El PAN logró 9.6 millones, el PRI 5.6 y
Movimiento Ciudadano 6.2 millones de votos. Si aplicáramos la misma lógica de
invalidez, esos partidos quedarían automáticamente fuera del mapa político. Evidentemente,
no es así.
En democracia, la legalidad del proceso es más
importante que el número absoluto de participantes. La Constitución no exige un
mínimo de votantes para validar una elección de esta naturaleza. Usar la
abstención como argumento para declarar la ilegitimidad del resultado es una
salida fácil, emocional y jurídicamente insostenible.
El tono apocalíptico se ha impuesto. Mensajes que
sentencian que “ya no hay salud, educación, seguridad ni cultura” se repiten
con soltura, como si México fuera un país en ruinas. Son diagnósticos
construidos desde la angustia o la frustración, pero que desprecian los
matices. México no puede ser reducido a un estado de ánimo colectivo. Tampoco
puede explicarse desde una lógica binaria donde solo existen “chairos o fifís”,
“patriotas o traidores”, “gobierno o caos”.
Criticar es legítimo; descalificar
sistemáticamente, no. La democracia exige argumentos, no slogans.
En esa misma línea, algunas voces acusan al
Instituto Nacional Electoral de “convalidar un fraude”. Una afirmación grave,
pero sin sustento. El INE no diseñó las reglas del proceso, operó con recursos
recortados y bajo presión política constante. Exigirle que boicotee normas
aprobadas por el Congreso es pedirle que viole la ley que está obligado a
cumplir. Querer que actúe como oposición política y no como árbitro electoral
es, además de inconstitucional, profundamente contradictorio.
También resulta preocupante el desprecio hacia la
participación ciudadana. Convertir el 13% de votación en una prueba del fracaso
colectivo, sin analizar las causas reales de la abstención —como la apatía, el
desconocimiento del proceso o la desinformación— es una muestra más del
reduccionismo dominante. En lugar de promover una reflexión sobre cómo mejorar
la participación, se prefiere deslegitimar la voluntad de quienes sí votaron.
Las críticas dirigidas a la presidenta electa,
Claudia Sheinbaum, y a la reforma judicial que propone, asumen de entrada que
cualquier cambio institucional representa un atentado contra la democracia. Esa
postura, que confunde estabilidad con inmovilismo, parte de un miedo a
transformar estructuras que, no lo olvidemos, han sido durante décadas opacas,
elitistas y resistentes a la rendición de cuentas.
Hablar de una “tiranía inminente” y de la
“destrucción irreversible del Poder Judicial” no es un análisis, sino una
profecía autocumplida. No hay argumento, solo temor. En esa narrativa
catastrófica solo hay espacio para los héroes que “todo lo denuncian” y los
villanos que “todo lo arruinan”. La pluralidad democrática queda fuera.
Lo que está en crisis no es el país, ni sus
instituciones, sino la capacidad de algunos sectores para aceptar que existen
otras visiones legítimas del mundo. Creer que la democracia solo vale cuando se
gana, o cuando todo permanece igual, es negarla de raíz.
México no se define por un sexenio ni se reduce a
un partido. Es una nación plural que exige más razonamiento y menos consignas.
Y sobre todo, menos blanco y negro, y más matices.
¿O no lo cree usted?


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