Charolet propone penas ejemplares contra la Opacidad

 

Necesarias sanciones penales contra actos de corrupción, pasar de la recomendación a la acción.

Diálogos Multiactores de la SNU: Ajustes y retos para cumplir la Agenda 2030 y gobernanza

Por Rodolfo Herrera Charolet*

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, no es solo un documento bien intencionado; es un grito de la humanidad que clama por un mundo donde la justicia, la equidad y la transparencia no sean meros eslóganes, sino realidades palpables.

En su corazón, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que aboga por sociedades pacíficas, justas e inclusivas, con instituciones efectivas, responsables y transparentes, nos compromete a enfrentar el desafío contra los males estructurales que dañan el alma de nuestras democracias: la corrupción, la opacidad, el abuso de poder y la exclusión.

Pero, ¿es suficiente este llamado? ¿O es hora de que las palabras se traduzcan en acciones contundentes, sanciones ejemplares y un rediseño profundo de cómo entendemos la gobernanza?

Aquí propongo un análisis crítico y propuestas audaces para fortalecer las líneas de acción de la Agenda 2030, con un enfoque en sanciones vinculantes, procesos penales, fiscalización de cuentas públicas, estandarización de la transparencia, inclusión de partidos políticos y la revisión de prácticas como la reelección o el nepotismo.

Sanciones y procesos penales:

El ODS 16.5, que busca reducir la corrupción y el soborno, y el 16.6, que promueve instituciones responsables, son claros en su intención, pero endebles en su ejecución. La corrupción no es un pecado ligero; es un cáncer que devora recursos, confianza y derechos humanos. Para combatirla, necesitamos más que exhortos: requerimos sanciones vinculantes y procesos penales que golpeen donde duele. Propongo marcos legales nacionales e internacionales que castiguen con severidad la opacidad y el abuso de poder.

Imaginen leyes que inhabiliten de por vida a funcionarios que desvíen fondos públicos o que enfrenten procesos penales por malversación, con penas que no solo los aparten del poder, sino que recuperen lo robado, como lo plantea el ODS 16.4.

Un mecanismo viable sería la creación de tribunales especializados anticorrupción, inspirados en el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM) de la ONU para Siria, pero adaptados para perseguir delitos de corrupción sistémica.

Estos tribunales, con mandato transnacional, podrían investigar y sancionar a quienes saquean las arcas públicas, asegurando que los activos robados regresen a las comunidades afectadas. La amenaza de la cárcel y la pérdida de privilegios sería un disuasivo poderoso, un mensaje claro: la corrupción no será tolerada.

El impacto sería monumental: ciudadanos que han perdido la fe en sus instituciones comenzarían a ver un contrato social renovado, donde la justicia no es una quimera, sino una realidad.

Fiscalización de cuentas públicas: El ojo vigilante de los derechos humanos

La Agenda 2030 nos recuerda que los recursos públicos deben servir al bienestar del pueblo, especialmente a los más vulnerables, bajo el principio de "no dejar a nadie atrás". Sin embargo, la fiscalización de cuentas públicas sigue siendo, en muchos países, un ejercicio burocrático que ignora el impacto humano del gasto. Propongo auditorías específicas con un enfoque en derechos humanos, donde no solo se evalúe si los números cuadran, sino si los recursos llegan a quienes más los necesitan: los marginados, los olvidados, los que cargan el peso de la desigualdad.

Imaginemos sistemas de auditoría que midan si los fondos destinados a salud, educación o agua potable cumplen con los estándares de derechos humanos. Instrumentar en su caso una rendición de cuentas efectiva con recomendaciones que pueden ser vinculantes para iniciar procesos penales en el caso de su incumplimiento reiterado. Organizaciones Internacionales podrían crear protocolos para estandarizar estas auditorías sociales, apoyando a países con instituciones débiles.

No es viable un sistema de auditoría en donde se concluye con informes. Es impostergable que dichas irregularidades se vinculen a procesos de sanciones administrativas y, en casos graves, en procesos penales por delitos contra los derechos humanos. Desviar recursos de un hospital público no es solo un delito financiero; es un atentado contra la vida. Esta fiscalización rigurosa garantizaría que los ODS, desde la reducción de desigualdades (ODS 10) hasta la promoción de la justicia (ODS 16), no queden en papel mojado.

Transparencia estandarizada: La luz que disipa las sombras

El ODS 16.10 exige datos accesibles y oportunos, pero la realidad es un caos de formatos inconsistentes y portales gubernamentales que parecen laberintos. La transparencia no puede ser un lujo; debe ser un estándar universal. Propongo la creación de normas globales para la publicación de datos públicos, inspiradas en el Estándar de Datos para la Contratación Abierta (OCDS). Una plataforma global, gestionada por la ONU o la Open Government Partnership, podría centralizar información sobre gastos, contratos y resultados de políticas en formatos unificados, accesibles para todos: ciudadanos, periodistas, activistas.

Y no basta con pedir amablemente a los gobiernos que cumplan. Aquellos que se nieguen a publicar datos estandarizados deben enfrentar consecuencias: desde restricciones al financiamiento internacional hasta sanciones reputacionales en foros como el Foro Político de Alto Nivel. Esta estandarización no solo facilitaría la supervisión ciudadana, sino que también empoderaría a las comunidades para exigir cuentas, transformando la transparencia en una herramienta de poder popular.

Partidos políticos: Los elefantes en la sala

La Agenda 2030 habla de incluir a todos los actores, pero ignora un elefante en la sala: los partidos políticos y sus organizaciones afines. Estos son los engranajes del poder, y su opacidad es un caldo de cultivo para la corrupción. Propongo que los partidos sean sujetos obligados en los compromisos de transparencia y rendición de cuentas, con códigos de conducta alineados a los ODS. Sus finanzas, campañas y relaciones con el sector privado deben ser un libro abierto, reportado públicamente en plataformas internacionales.

Un marco similar a los principios de la Open Government Partnership podría obligar a los partidos a transparentar sus ingresos y gastos, con sanciones claras para los incumplidos: desde la pérdida de financiamiento público hasta la prohibición de participar en elecciones. En casos de financiamiento ilícito, los responsables deben enfrentar procesos penales, como lo exige el ODS 16.4. Esto no es solo una medida técnica; es un golpe directo a la influencia de los intereses privados que secuestran la democracia, allanando el camino hacia una gobernanza verdaderamente inclusiva (ODS 16.7).

Reelección y nepotismo: Romper las cadenas del poder

Nada grita más "antidemocrático" que las dinastías políticas perpetuadas por la reelección indefinida o el nepotismo. El ODS 16.7 promueve una gobernanza representativa, pero esto es imposible cuando el poder se concentra en unas pocas manos o familias. Propongo una revisión global de las leyes electorales para limitar la reelección y prohibir la sucesión por parentesco en primer y segundo grado. No más esposas, hijos o hermanos heredando el poder como si fuera un feudo.

Un mecanismo viable sería una recomendación de la ONU para que los Estados adopten leyes contra el nepotismo, respaldadas por auditorías independientes que detecten violaciones. Transparency International podría incluir el nepotismo en sus índices de corrupción, visibilizando a los países que perpetúan estas prácticas.

Y, nuevamente, sanciones: inhabilitación para cargos públicos y, en casos de abuso de poder, procesos penales. Romper estas cadenas no solo democratizaría el poder, sino que abriría la puerta a nuevas voces, especialmente de grupos históricamente marginados.

Los desafíos: Entre la resistencia y la esperanza

No nos engañemos: estas propuestas enfrentarán resistencia. Los gobiernos y partidos políticos, celosos de su soberanía o aferrados a sus privilegios, dirán que estas medidas son imposiciones extranjeras o ataques a sus tradiciones. Pero la soberanía no puede ser excusa para la opacidad, y las tradiciones no justifican la injusticia. Estas reformas deben construirse con participación ciudadana, con un consenso que nazca de las bases, para que no sean vistas como dictados de élites globales.

Además, muchos países, especialmente los más pobres, carecen de la capacidad institucional para implementar auditorías rigurosas o tribunales anticorrupción. Aquí entra en juego el ODS 16.a: la cooperación internacional debe ser el puente que fortalezca estas capacidades, con financiamiento, capacitación y transferencia de tecnología. Pero cuidado: las sanciones y procesos penales deben aplicarse con imparcialidad, o corremos el riesgo de que se conviertan en armas de persecución política, como hemos visto en demasiados contextos.

Destino y rumbo

La Agenda 2030 no es un sueño utópico; es un mandato ético. Pero sin dientes, sin sanciones, sin mecanismos que obliguen a los poderosos a rendir cuentas, seguirá siendo un eco lejano. Las propuestas aquí planteadas —sanciones vinculantes, fiscalización con enfoque en derechos humanos, estandarización de la transparencia, inclusión de partidos políticos y la eliminación de prácticas como la reelección indefinida o el nepotismo— son pasos concretos para transformar la gobernanza global. No basta con soñar con sociedades justas; hay que construirlas con instituciones que teman al pueblo, no al revés. La Agenda 2030 nos dio el mapa; ahora toca pavimentar el camino con valentía, justicia y un compromiso inquebrantable con los que menos tienen. Porque, al final, el desarrollo sostenible no es solo un objetivo: es una deuda con la humanidad.

¿O no lo cree usted?

*Ponencia presentada en el Foro de Diálogos Multifactores organizados por el Sistema de Naciones Unidas. CD México, 18 de julio de 2025.

Fuentes:

Open Government Partnership, "Agenda 2030: A normative framework for recovering trust in government"  

ONU, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"  

Transparency International, "Our Strategy"  

Global NAPs, "The 2030 Agenda for Sustainable Development"  

Open Government Partnership, "Achieving Sustainable Development Goals through Accountability and Transparency"  

2030 Spotlight, "Human Rights in the 2030 Agenda"  

Brookings, "Democracy Playbook 2025"