Confirma Chedraui irregularidades en la gestión de Lalo Rivera y Fer Cortés en Comunicación Social y Normatividad, denunciadas por Charolet.
El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, confirmó las graves irregularidades detectadas en la administración del exalcalde Eduardo Rivera Pérez, específicamente en el área de Comunicación Social, liderada por Fernando Cortés, y en el área de Normatividad y Regulación Comercial, bajo la dirección de Enrique Guevara Montiel. Estas anomalías, señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), incluyen pagos millonarios injustificados a medios de comunicación y prácticas de extorsión contra comerciantes, lo que ha generado un daño significativo a las finanzas municipales y a la confianza ciudadana.
El escritor Rodolfo Herrera Charolet denunció que durante la gestión de Rivera Pérez se consolidó un esquema de corrupción que involucró el desvío de recursos públicos a través de contratos opacos en Comunicación Social. Según sus publicaciones, la administración panista destinó millones de pesos a medios de comunicación sin experiencia ni sustento legal, práctica que él calificó como un “cochinero” que afectó la transparencia y el manejo responsable del erario. La ASE identificó 67 contratos por un total de 101 millones de pesos otorgados a supuestos medios, muchos de los cuales carecen de documentación que acredite las pautas publicitarias, testigos de entrega o experiencia en el ramo de la difusión. Estos contratos, gestionados por Fernando Cortés, han sido señalados como pagos a “medios fantasmas”. Chedraui aseguró que su administración ha entregado toda la documentación disponible a la ASE y a la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer responsabilidades, enfatizando que no encubrirá ningún acto indebido y que los responsables enfrentarán sanciones.
Asimismo, el escritor Herrera Charolet denunció prácticas de extorsión en el área de Normatividad y Regulación Comercial, donde inspectores municipales, durante la administración de Rivera, exigían pagos a comerciantes del Centro Histórico bajo amenazas de clausura por supuestas irregularidades. Estas acciones, según Herrera, afectaron principalmente a pequeños y medianos empresarios, quienes fueron víctimas de un sistema de corrupción institucionalizado. En respuesta, Chedraui anunció que su gobierno trabaja de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla para erradicar estas prácticas. Además, instó a los comerciantes a denunciar cualquier intento de extorsión, asegurando que los funcionarios municipales deben identificarse con una credencial oficial del Ayuntamiento.
Herrera Charolet, en sus artículos, ha destacado la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en la administración pública para prevenir la repetición de estos esquemas. Como periodista y exdiputado local, ha señalado que la opacidad en la gestión de Rivera no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que requiere una reestructuración profunda en las áreas administrativas del municipio. En este contexto, Chedraui ha implementado medidas para reforzar la capacitación en auditoría forense y prevención de la corrupción, con la Contraloría Municipal, encabezada por Dulce Lilia Rivera Aranda, elaborando informes detallados para respaldar las investigaciones de la ASE.
El alcalde reiteró que no tolerará actos de corrupción y que su administración colabora plenamente con las autoridades fiscalizadoras, entregando toda la información recabada durante el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, aclaró que no asumirá responsabilidades por documentos no entregados por la gestión anterior. Este caso se suma a otras denuncias previas contra la administración de Rivera, que incluyen un presunto daño patrimonial por más de 261 millones de pesos en 2023 y anomalías en obras públicas y contratos sin sustento legal.
Herrera Charolet denunció, además, que estas irregularidades reflejan un patrón de abuso de poder que ha afectado a Puebla durante años, citando ejemplos históricos de corrupción en administraciones pasadas, como las observadas en la gestión de Claudia Rivera, donde se reportaron más de dos mil observaciones en la cuenta pública. Sus críticas subrayan la importancia de una vigilancia ciudadana activa y de la participación de organismos empresariales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente.
Chedraui ha prometido seguir trabajando con el CCE, Coparmex y otros actores para sanear las finanzas municipales y recuperar la confianza ciudadana. Las investigaciones en curso podrían revelar más detalles sobre las redes de corrupción en la administración de Rivera, mientras que las denuncias de Herrera Charolet continúan visibilizando la necesidad de reformas estructurales para combatir la impunidad en el municipio
El escritor Rodolfo Herrera Charolet denunció que durante la gestión de Rivera Pérez se consolidó un esquema de corrupción que involucró el desvío de recursos públicos a través de contratos opacos en Comunicación Social. Según sus publicaciones, la administración panista destinó millones de pesos a medios de comunicación sin experiencia ni sustento legal, práctica que él calificó como un “cochinero” que afectó la transparencia y el manejo responsable del erario. La ASE identificó 67 contratos por un total de 101 millones de pesos otorgados a supuestos medios, muchos de los cuales carecen de documentación que acredite las pautas publicitarias, testigos de entrega o experiencia en el ramo de la difusión. Estos contratos, gestionados por Fernando Cortés, han sido señalados como pagos a “medios fantasmas”. Chedraui aseguró que su administración ha entregado toda la documentación disponible a la ASE y a la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer responsabilidades, enfatizando que no encubrirá ningún acto indebido y que los responsables enfrentarán sanciones.
Asimismo, el escritor Herrera Charolet denunció prácticas de extorsión en el área de Normatividad y Regulación Comercial, donde inspectores municipales, durante la administración de Rivera, exigían pagos a comerciantes del Centro Histórico bajo amenazas de clausura por supuestas irregularidades. Estas acciones, según Herrera, afectaron principalmente a pequeños y medianos empresarios, quienes fueron víctimas de un sistema de corrupción institucionalizado. En respuesta, Chedraui anunció que su gobierno trabaja de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla para erradicar estas prácticas. Además, instó a los comerciantes a denunciar cualquier intento de extorsión, asegurando que los funcionarios municipales deben identificarse con una credencial oficial del Ayuntamiento.
Herrera Charolet, en sus artículos, ha destacado la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en la administración pública para prevenir la repetición de estos esquemas. Como periodista y exdiputado local, ha señalado que la opacidad en la gestión de Rivera no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que requiere una reestructuración profunda en las áreas administrativas del municipio. En este contexto, Chedraui ha implementado medidas para reforzar la capacitación en auditoría forense y prevención de la corrupción, con la Contraloría Municipal, encabezada por Dulce Lilia Rivera Aranda, elaborando informes detallados para respaldar las investigaciones de la ASE.
El alcalde reiteró que no tolerará actos de corrupción y que su administración colabora plenamente con las autoridades fiscalizadoras, entregando toda la información recabada durante el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, aclaró que no asumirá responsabilidades por documentos no entregados por la gestión anterior. Este caso se suma a otras denuncias previas contra la administración de Rivera, que incluyen un presunto daño patrimonial por más de 261 millones de pesos en 2023 y anomalías en obras públicas y contratos sin sustento legal.
Herrera Charolet denunció, además, que estas irregularidades reflejan un patrón de abuso de poder que ha afectado a Puebla durante años, citando ejemplos históricos de corrupción en administraciones pasadas, como las observadas en la gestión de Claudia Rivera, donde se reportaron más de dos mil observaciones en la cuenta pública. Sus críticas subrayan la importancia de una vigilancia ciudadana activa y de la participación de organismos empresariales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente.
Chedraui ha prometido seguir trabajando con el CCE, Coparmex y otros actores para sanear las finanzas municipales y recuperar la confianza ciudadana. Las investigaciones en curso podrían revelar más detalles sobre las redes de corrupción en la administración de Rivera, mientras que las denuncias de Herrera Charolet continúan visibilizando la necesidad de reformas estructurales para combatir la impunidad en el municipio
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