Puebla aún arrastra deuda de más de 4 mil millones de pesos por el CIS de Angelópolis: una herencia envenenada del morenovallismo
La sombra financiera del morenovallismo sigue pesando sobre las finanzas públicas de Puebla. A casi una década de la inauguración del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis —uno de los emblemas del modelo de infraestructura pública bajo esquemas privatizados—, la deuda por este complejo todavía asciende a más de 4 mil millones de pesos, confirmó Josefina Morales Guerrero, titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
El CIS fue construido bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), una figura legal que, en teoría, permite desarrollar obra pública mediante financiamiento privado, pero que, en la práctica, ha servido para disfrazar endeudamientos de largo plazo sin pasar por el Congreso local ni reflejarse en los balances oficiales como deuda pública.
Según explicó Morales Guerrero, la deuda con las empresas Grupo Técnico Constructor S.A. de C.V. y Alfa Constructores, fundadas por los hermanos Abed Rouanett, vencerá hasta el año 2037, lo que implica que las administraciones estatales deberán seguir pagando rentas millonarias por el uso del CIS durante al menos 12 años y 9 meses más. Este esquema fue firmado durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien impulsó una política agresiva de infraestructura basada en PPS y APPs que hoy comprometen el margen de maniobra fiscal del estado.
Deuda disfrazada, pagos constantes
El monto estimado del costo total al término del contrato —según documentos oficiales— rondará los 5 mil 270 millones de pesos, cifra que incluye la inversión inicial, intereses y servicios asociados, como mantenimiento, vigilancia y seguros. Pero como ocurrió con el Museo Internacional del Barroco, también contratado bajo PPS y recientemente renegociado, el gobierno de Alejandro Armenta Mier busca finiquitar anticipadamente la deuda del CIS para liberar recursos públicos.
“Se están haciendo todas las corridas financieras”, explicó Morales Guerrero en entrevista tras una rueda de prensa del mandatario estatal. “El señor gobernador siempre nos ha instruido una alta responsabilidad: antes de ir a un compromiso, tener asegurado que el gobierno puede asumirlo sin comprometer recursos que no tenemos”, señaló.
Morales también reveló que aún no se ha definido el monto del finiquito, pues las negociaciones continúan con las empresas implicadas, mismas que se beneficiaron de condiciones contractuales que diversos analistas han calificado como lesivas para el erario.
¿Fin a la herencia de Moreno Valle?
El CIS es uno de los proyectos más cuestionados del morenovallismo por su elevado costo, su esquema opaco de contratación y su funcionalidad limitada: se trata de un complejo de oficinas gubernamentales que agrupa dependencias administrativas en un solo sitio, pero cuya operación no ha generado eficiencia medible en la atención ciudadana.
“De llegar a una reestructuración exitosa de esta deuda, esos recursos podrían invertirse en otras prioridades de esta administración, como el Cablebús de Puebla o el Ecoparque de la Malinche”, declaró Morales, al tiempo que reiteró que ya se están gestionando permisos federales para esos nuevos proyectos.
La administración de Armenta ya logró anticipar el pago del Museo Barroco, lo que representó un ahorro significativo para el estado y una narrativa política favorable. Sin embargo, la deuda del CIS representa un reto mayor: su duración, su monto y el blindaje legal que la envuelve la convierten en una de las cargas financieras más pesadas heredadas por los gobiernos de la “era del panismo disfrazado de modernidad”.
Los Abed: arquitectos de la deuda
La deuda no solo tiene cifras: también tiene nombres. Grupo Técnico Constructor y Alfa Constructores son empresas estrechamente ligadas a José Abed Rouanett y su familia, conocidos por su cercanía con grupos políticos priistas y panistas en Puebla. Desde los años 90, los Abed han sido contratistas favoritos en múltiples gobiernos, incluyendo el de Mario Marín Torres y, posteriormente, el de Moreno Valle.
El modelo PPS les garantizó flujos constantes de ingresos durante más de dos décadas por proyectos como el CIS, sin asumir riesgos financieros relevantes ni sujetarse a esquemas de transparencia robusta.
Un modelo en extinción
Los esquemas PPS han sido duramente criticados a nivel nacional. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2023 advirtió que este tipo de contratos “hipotecan el presupuesto de los gobiernos subnacionales”, ya que obligan a realizar pagos multianuales con cargo a participaciones federales, afectando la capacidad futura de inversión.
Aunque el discurso de la “modernización con cero deuda” fue uno de los estandartes del morenovallismo, la realidad demuestra que se trató de una deuda encubierta. El CIS es apenas uno de varios proyectos que reflejan este modelo, junto con hospitales, oficinas administrativas y hasta centros escolares.
En suma, la renegociación de la deuda del CIS es no solo un desafío técnico y financiero, sino una prueba política para el gobierno de Alejandro Armenta. Representa la posibilidad de romper con un modelo que priorizó el negocio privado sobre el interés público y que hoy compromete los recursos del presente y del futuro.
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