Demolición ignorada: Gobierno municipal lleva más de tres años sin actuar contra 26 bodegas ilegales construidas sobre ductos de Pemex
Pese a que desde diciembre de 2021 existía un dictamen jurídico y técnico que ordenaba la demolición inmediata de 26 bodegas construidas ilegalmente en la Central de Abasto de Puebla, el Ayuntamiento capitalino ha postergado su ejecución sin justificación convincente, exponiendo a miles de personas a un riesgo latente.
Estas edificaciones, ubicadas en Avenida Comerciantes y 104 Poniente, dentro de la segunda sección del complejo comercial más grande del estado, fueron levantadas sin licencia de construcción, sin estudio de uso de suelo, sin asignación oficial de número ni planos aprobados. Y lo más grave: sobre ductos activos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que representa un riesgo estructural, ambiental y humano.
Un documento oficial con expediente 2551/2021, emitido por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, firmado por Arnulfo Aureoles Gamboa durante el trienio de Eduardo Rivera Pérez, establece con claridad la ilegalidad de las bodegas y ordena su clausura definitiva y demolición inmediata. El dictamen cita expresamente el Artículo 718, fracción II del COREMUN, que obliga a retirar obras no regularizables y sanciona con clausura definitiva, demolición y multas de hasta 30 UMAs por metro cuadrado.
Riesgo conocido, omisión deliberada
El hecho de que las bodegas hayan sido construidas sobre infraestructura crítica de Pemex multiplica el riesgo. Según Protección Civil federal, edificar sobre ductos implica una amenaza directa de explosión, fuga de hidrocarburos o colapso estructural. Aun así, la autoridad municipal no ha procedido a ejecutar la demolición, a pesar de tener el mandato legal, el expediente técnico y la evidencia.
Aún más alarmante es que la obra ya había sido clausurada en septiembre de 2021 durante la gestión de Claudia Rivera Vivanco, pero los sellos fueron violados y la construcción continuó a plena vista de las autoridades. La presunta responsable de la obra es Gloria Méndez, quien encabeza a un grupo de propietarios que, pese a las advertencias, persistió en edificar ilegalmente en una zona considerada de alto riesgo por la propia autoridad municipal.
A tres años del dictamen, la demolición sigue sin ejecutarse. El actual secretario de Gobernación municipal, Franco Rodríguez Álvarez, ha intentado justificar la inacción argumentando que aún “no se tiene un dictamen de Pemex”, lo cual contradice abiertamente el expediente existente desde 2021 que ya establece la presencia de ductos de la paraestatal. Esta declaración sugiere una simulación administrativa para encubrir una omisión institucional.
¿Protección política o complicidad?
El caso abre múltiples interrogantes:
-
¿Por qué el Ayuntamiento ha permitido que opere una infraestructura ilegal en zona de riesgo?
-
¿Qué vínculos políticos o económicos impiden aplicar la ley?
-
¿Quién protege a Gloria Méndez y al grupo detrás de las 26 bodegas?
Las bodegas continúan funcionando sin dictámenes de seguridad, sin licencias y con plena tolerancia del gobierno municipal. Esta inacción prolongada no sólo representa un incumplimiento legal, sino una posible responsabilidad penal por omisión, en caso de que ocurriera un accidente derivado de las condiciones de riesgo ya documentadas.
Riesgo colectivo, pasividad institucional
La Central de Abasto de Puebla es un nodo económico estratégico donde confluyen diariamente más de 20 mil personas, entre locatarios, trabajadores, transportistas y compradores. La presencia de ductos subterráneos convierte cualquier intervención irregular en un riesgo colectivo.
La negligencia de las autoridades actuales y pasadas —que han tenido pleno conocimiento del expediente 2551/2021— podría tener consecuencias irreversibles. El precedente del mercado de Tultepec (Estado de México) y otras tragedias similares refuerzan la necesidad urgente de cumplir con la demolición ordenada.
¿Y la transparencia?
Hasta ahora, ni el gobierno municipal ha publicado el expediente completo ni ha informado oficialmente los motivos del incumplimiento. Tampoco se ha dado a conocer si existe algún procedimiento sancionador contra los responsables de haber violado sellos de clausura ni si la Fiscalía General del Estado ha abierto alguna carpeta de investigación.
En resumen, Puebla enfrenta no solo un problema de construcciones irregulares, sino una crisis de legalidad. El caso de las 26 bodegas ilegales en la Central de Abasto es una prueba clara de cómo la negligencia administrativa, la permisividad política y la corrupción silenciosa pueden converger en un mismo punto, donde lo ilegal se normaliza y lo legal se ignora.
¿Hasta cuándo?
0 Comentarios