Crisis de Seguridad en Puebla: Cifra Negra, Deficiencias Institucionales y Oleada de Violencia que Cobra Vidas de Policías en 2024-2025
En 2024, Puebla experimentó una escalada alarmante en la inseguridad, con un 93.5% de las víctimas de delitos optando por no denunciar, posicionando al estado entre las 10 entidades con mayor cifra negra en México. Este fenómeno engloba los ilícitos no reportados, aquellos denunciados sin avance a carpeta de investigación y los casos con seguimiento opaco. Se estimaron dos millones 72 mil 410 delitos en el estado, pero solo el 8.9% llegó a la Fiscalía General del Estado, destacando una brecha de confianza agravada por percepciones de corrupción, ineficiencia y temor a represalias. La Fiscalía, dirigida entonces por Gilberto Higuera Bernal, enfrentó críticas por su aparente desinterés en las indagatorias, contribuyendo a un ciclo de impunidad que disuade la denuncia.
A nivel nacional, la cifra negra promedió el 93.2%, con 33 millones 450 mil 221 delitos estimados, de los cuales apenas el 9.6% se formalizó. Puebla superó a estados como Morelos (8.5%), Chiapas (8%), Sinaloa (5.9%), Guerrero (5.7%) y Tamaulipas (5.1%), reflejando desafíos estructurales. Los delitos con mayor omisión fueron la extorsión (98.1%), impulsada por el "cobro de piso" que genera parálisis por miedo en comunidades, y el fraude (97.4%), con variantes digitales en redes sociales que explotan la impunidad al no requerir confrontación física. De las denuncias presentadas, el 25% no derivó en investigación formal, exacerbando la desilusión. El impacto económico alcanzó 22 mil millones de pesos, un 25.7% más que en 2023, con 8 mil 531 pesos promedio por hogar afectado, cubriendo pérdidas directas y costos preventivos como sistemas de alarma.
La percepción de inseguridad impactó al 78.2% de la población adulta, con un 46.4% evitando salidas nocturnas y un 62.6% no dejando solos a menores, alterando la cotidianidad social y económica. La tasa de victimización subió a 29 mil 209 por cada 100 mil habitantes, un 15.9% más que en 2023, colocando a Puebla en el quinto lugar nacional. En este contexto, los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, enfocados en mujeres víctimas de violencia, revelaron desigualdades en Puebla capital.
La sede de Bosques de San Sebastián, inaugurada en febrero de 2025, proporciona atención ágil con Ministerio Público para denuncias inmediatas, talleres de defensa personal y asesorías jurídicas y psicológicas, pese a fallas como basura acumulada y deterioro en instalaciones. En oposición, La Guadalupana, abierta en marzo de 2025, adolece de Ministerio Público, derivando casos a agencias externas, y muestra abandono: pintura descascarada, baños insalubres sin insumos y personal desatento, aunque imparte talleres de estilismo, manualidades e inglés para 15-20 participantes semanales.
El programa ha brindado más de 46 mil servicios, incluyendo consultas médicas, y opera en 14 municipios como Huauchinango, Zacatlán y Atlixco, con una nueva sede prevista en La Margarita. Estas inconsistencias subrayan la urgencia de uniformidad para una respuesta efectiva. En el sistema penitenciario, el Centro de Reinserción Social de Tehuacán registró irregularidades que llevaron a la remoción del director Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado en septiembre de 2025.
Un operativo conjunto decomisó más de 30 mil 900 pesos, 15 pantallas, cinco celulares, 37 bocinas, 60 accesorios digitales, dos refrigeradores y 11 objetos punzocortantes, junto con denuncias de renta de televisores, cobros por visitas y ventas de alcohol, vinculados a extorsiones. El presidente municipal Alejandro Barroso Chávez anunció la intervención estatal para asumir control, relevando personal y priorizando seguridad y transparencia para las 653 personas privadas de la libertad. De la Fuente negó las imputaciones, alegando usos institucionales, pero el relevo se concretó ante evaluaciones previas deficientes en rehabilitación.
Esta inestabilidad se extiende a la violencia contra fuerzas de seguridad en municipios como Coronango, Izúcar de Matamoros, Tepeaca y Tecamachalco, donde cuatro policías municipales y un agente ministerial perdieron la vida desde diciembre de 2024. En Tepeaca, bajo Alfredo Velázquez Romero, Nicolás Olivares Cedas, de 28 años, fue ejecutado el 15 de septiembre de 2025 durante un patrullaje en el barrio San Diego, junto a la secundaria Filiberto Quiroz; su compañera Abigail Berenice Huerta Luna sobrevivió con heridas. El ataque, por cuatro sujetos en camioneta blanca, dejó 60 casquillos y daños en la escuela, en un contexto de 251 policías nacionales asesinados en 2025, un 22% más que en 2024. En Izúcar de Matamoros, dirigido por Eliseo Morales Rosales, Osmar Manuel Rossano Cruz, de 28 años, fue abatido el 9 de junio de 2025 en Matzaco, durante la Feria del Elote; la SSP vinculó el hecho a represalias por operativos antinarcóticos del 5 de junio, dejando a un hijo huérfano.
Las primeras bajas en Coronango, presidido por Armando Aguirre Amaro, ocurrieron con Diana Laura Martínez Rosas, de 28 años, atropellada el 27 de diciembre de 2024 al perseguir ladrones de tractocamión en la autopista México-Puebla, dejando a un menor en orfandad tras seis años de servicio; y Juan Carlos Cuautle Tenahua, de 36 años, el 8 de enero de 2025, en un tiroteo resguardando un domicilio por intento de feminicidio en San Antonio, donde repelió el ataque pero falleció, junto al agresor; portaba chaleco caduco sin placa y su viuda enfrenta demoras en apoyos.
En Tecamachalco, bajo Mateo Hernández López, José Carlos N., de 25 años, fue asesinado el 25 de marzo de 2025 en San Mateo Tlaixpan durante vigilancia en San Isidro; su compañero Noé N. resultó herido grave y fue trasladado a Puebla, dejando a un bebé de un mes sin padre; en mayo y julio de 2025, se detuvieron implicados como Carlos N. y Luis Ángel N. "El Tamara", generador de violencia en el Triángulo Rojo.
Estos incidentes, que superan la capacidad local de seguridad, evidencian un patrón de represalias contra autoridades, con operativos conjuntos y homenajes póstumos como respuestas. Expertos en criminología llaman a reformas como digitalización de denuncias, capacitación en amenazas cibernéticas y de género, auditorías penitenciarias y protocolos de protección para policías. Con el 35.4% de hogares victimizados en 2024, una estrategia coordinada entre niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado es imperativa para mitigar la impunidad, restaurar confianza y salvaguardar a quienes velan por la seguridad pública.
Directorio de Personas
A nivel nacional, la cifra negra promedió el 93.2%, con 33 millones 450 mil 221 delitos estimados, de los cuales apenas el 9.6% se formalizó. Puebla superó a estados como Morelos (8.5%), Chiapas (8%), Sinaloa (5.9%), Guerrero (5.7%) y Tamaulipas (5.1%), reflejando desafíos estructurales. Los delitos con mayor omisión fueron la extorsión (98.1%), impulsada por el "cobro de piso" que genera parálisis por miedo en comunidades, y el fraude (97.4%), con variantes digitales en redes sociales que explotan la impunidad al no requerir confrontación física. De las denuncias presentadas, el 25% no derivó en investigación formal, exacerbando la desilusión. El impacto económico alcanzó 22 mil millones de pesos, un 25.7% más que en 2023, con 8 mil 531 pesos promedio por hogar afectado, cubriendo pérdidas directas y costos preventivos como sistemas de alarma.
La percepción de inseguridad impactó al 78.2% de la población adulta, con un 46.4% evitando salidas nocturnas y un 62.6% no dejando solos a menores, alterando la cotidianidad social y económica. La tasa de victimización subió a 29 mil 209 por cada 100 mil habitantes, un 15.9% más que en 2023, colocando a Puebla en el quinto lugar nacional. En este contexto, los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, enfocados en mujeres víctimas de violencia, revelaron desigualdades en Puebla capital.
La sede de Bosques de San Sebastián, inaugurada en febrero de 2025, proporciona atención ágil con Ministerio Público para denuncias inmediatas, talleres de defensa personal y asesorías jurídicas y psicológicas, pese a fallas como basura acumulada y deterioro en instalaciones. En oposición, La Guadalupana, abierta en marzo de 2025, adolece de Ministerio Público, derivando casos a agencias externas, y muestra abandono: pintura descascarada, baños insalubres sin insumos y personal desatento, aunque imparte talleres de estilismo, manualidades e inglés para 15-20 participantes semanales.
El programa ha brindado más de 46 mil servicios, incluyendo consultas médicas, y opera en 14 municipios como Huauchinango, Zacatlán y Atlixco, con una nueva sede prevista en La Margarita. Estas inconsistencias subrayan la urgencia de uniformidad para una respuesta efectiva. En el sistema penitenciario, el Centro de Reinserción Social de Tehuacán registró irregularidades que llevaron a la remoción del director Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado en septiembre de 2025.
Un operativo conjunto decomisó más de 30 mil 900 pesos, 15 pantallas, cinco celulares, 37 bocinas, 60 accesorios digitales, dos refrigeradores y 11 objetos punzocortantes, junto con denuncias de renta de televisores, cobros por visitas y ventas de alcohol, vinculados a extorsiones. El presidente municipal Alejandro Barroso Chávez anunció la intervención estatal para asumir control, relevando personal y priorizando seguridad y transparencia para las 653 personas privadas de la libertad. De la Fuente negó las imputaciones, alegando usos institucionales, pero el relevo se concretó ante evaluaciones previas deficientes en rehabilitación.
Esta inestabilidad se extiende a la violencia contra fuerzas de seguridad en municipios como Coronango, Izúcar de Matamoros, Tepeaca y Tecamachalco, donde cuatro policías municipales y un agente ministerial perdieron la vida desde diciembre de 2024. En Tepeaca, bajo Alfredo Velázquez Romero, Nicolás Olivares Cedas, de 28 años, fue ejecutado el 15 de septiembre de 2025 durante un patrullaje en el barrio San Diego, junto a la secundaria Filiberto Quiroz; su compañera Abigail Berenice Huerta Luna sobrevivió con heridas. El ataque, por cuatro sujetos en camioneta blanca, dejó 60 casquillos y daños en la escuela, en un contexto de 251 policías nacionales asesinados en 2025, un 22% más que en 2024. En Izúcar de Matamoros, dirigido por Eliseo Morales Rosales, Osmar Manuel Rossano Cruz, de 28 años, fue abatido el 9 de junio de 2025 en Matzaco, durante la Feria del Elote; la SSP vinculó el hecho a represalias por operativos antinarcóticos del 5 de junio, dejando a un hijo huérfano.
Las primeras bajas en Coronango, presidido por Armando Aguirre Amaro, ocurrieron con Diana Laura Martínez Rosas, de 28 años, atropellada el 27 de diciembre de 2024 al perseguir ladrones de tractocamión en la autopista México-Puebla, dejando a un menor en orfandad tras seis años de servicio; y Juan Carlos Cuautle Tenahua, de 36 años, el 8 de enero de 2025, en un tiroteo resguardando un domicilio por intento de feminicidio en San Antonio, donde repelió el ataque pero falleció, junto al agresor; portaba chaleco caduco sin placa y su viuda enfrenta demoras en apoyos.
En Tecamachalco, bajo Mateo Hernández López, José Carlos N., de 25 años, fue asesinado el 25 de marzo de 2025 en San Mateo Tlaixpan durante vigilancia en San Isidro; su compañero Noé N. resultó herido grave y fue trasladado a Puebla, dejando a un bebé de un mes sin padre; en mayo y julio de 2025, se detuvieron implicados como Carlos N. y Luis Ángel N. "El Tamara", generador de violencia en el Triángulo Rojo.
Estos incidentes, que superan la capacidad local de seguridad, evidencian un patrón de represalias contra autoridades, con operativos conjuntos y homenajes póstumos como respuestas. Expertos en criminología llaman a reformas como digitalización de denuncias, capacitación en amenazas cibernéticas y de género, auditorías penitenciarias y protocolos de protección para policías. Con el 35.4% de hogares victimizados en 2024, una estrategia coordinada entre niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado es imperativa para mitigar la impunidad, restaurar confianza y salvaguardar a quienes velan por la seguridad pública.
Directorio de Personas
- Gilberto Higuera Bernal: Abogado y funcionario público mexicano, nacido en 1965 en el Estado de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), con maestría en Derecho Procesal Penal y doctorado en Derecho. Designado Fiscal General del Estado de Puebla en febrero de 2020 por el Congreso local, tras ser encargado de despacho desde septiembre de 2018. Renunció en diciembre de 2024 para postularse a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Alejandro Barroso Chávez: Médico cirujano y urólogo mexicano, nacido el 4 de enero de 1981 en Tehuacán, Puebla. Egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) con especialidad en Urología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fellowships en Urología Laparoscópica y Robótica en Argentina y Chile, y maestría en Salud Pública por Harvard. Militante de Morena, fue subdirector médico en hospitales de Tehuacán (2012-2016), diputado federal por el Distrito 15 (2018-2021) y director general del ISSSTE en Tehuacán. Presidente municipal de Tehuacán desde octubre de 2024 para el periodo 2024-2027.
- Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado: Funcionario público mexicano en el ámbito penitenciario de Puebla. Nombrado director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán en octubre de 2024, donde prometió mejoras en reinserción social y salud para 653 personas privadas de la libertad. Separado del cargo en septiembre de 2025 tras operativos que revelaron irregularidades como decomisos de artículos prohibidos y denuncias de extorsiones.
- Armando Aguirre Amaro: Político mexicano, militante del Partido del Trabajo (PT). Anteriormente regidor en San Pedro Cholula durante la administración de Luis Alberto Arriaga Lila. Elegido presidente municipal de Santa María Coronango en las elecciones de 2024 por la coalición Sigamos Haciendo Historia, asumiendo el cargo en octubre de 2024 para el periodo 2024-2027. Enfocado en desarrollo sustentable, reforestación y cultura de denuncia.
- Eliseo Morales Rosales: Político y líder campesino mexicano, conocido como "El Chino". Presidente municipal de Tilapa (2014-2018) y de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) del ingenio de Atencingo desde 2021. Elegido presidente municipal de Izúcar de Matamoros en junio de 2024 por la coalición PVEM-Nueva Alianza-Fuerza por México, con 14 mil 511 votos, asumiendo en octubre de 2024 para 2024-2027. Ha denunciado amenazas de grupos delictivos por acciones contra la delincuencia.
- Alfredo Velázquez Romero: Ingeniero geólogo y político poblano, nacido el 12 de enero de 1959 en Tepeaca. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con maestría en Valuación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), conocido como "El Capi". Director del SOSAPAT de Tepeaca (2018-2021) y del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (2023-2024). Elegido presidente municipal de Tepeaca en 2024 por Sigamos Haciendo Historia, asumiendo en octubre de 2024 para 2024-2027, priorizando seguridad, bienestar y turismo.
- Mateo Hernández López: Ingeniero civil y político poblano, nacido el 21 de septiembre de 1981 en Tecamachalco. Egresado del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Suplente de Andrés Villegas Mendoza para diputación local (2018, PRI) y de Arturo de Rosas Cuevas para alcaldía (2021, PRD). Elegido presidente municipal de Tecamachalco en junio de 2024 por Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-Fuerza por México) con 18 mil 88 votos, asumiendo en octubre de 2024 para 2024-2027, comprometido con gobierno de puertas abiertas y cero corrupción.
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