Clausura de Gasera en Chapulco por Distribución de Gas LP Ilegal: Operativo Federal y Contexto del Huachigas en Puebla
El 23 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tehuacán, Puebla, llevó a cabo un operativo coordinado que resultó en la clausura inmediata de la gasera Angl’s Gas, situada sobre la carretera federal 150D México-Veracruz, en el municipio de Chapulco. La acción se basó en la detección de irregularidades en la comercialización de gas licuado de petróleo (LP), específicamente la presunta distribución de huachigas, combustible robado y comercializado de manera ilícita.
Durante el cateo, autoridades federales colocaron sellos de clausura en las instalaciones para impedir cualquier operación continua, mientras se espera que el propietario comparezca a subsanar las anomalías identificadas. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la FGR respecto al número exacto de personas detenidas, reportes extraoficiales indican la aprehensión de varios individuos involucrados en las actividades del sitio, junto con el hallazgo de una patrulla oficial al interior del predio, lo que sugiere posibles nexos con entidades de seguridad local.
El operativo, que se extendió por varias horas, involucró un despliegue significativo de fuerzas federales y estatales para asegurar el perímetro y prevenir riesgos inmediatos, dada la naturaleza volátil del material almacenado.
La gasera Angl’s Gas, un establecimiento de distribución de gas LP en una zona estratégica de la Mixteca poblana, operaba como proveedor para hogares y comercios en Chapulco y comunidades aledañas, pero la intervención federal reveló deficiencias en la trazabilidad del combustible, un requisito clave para garantizar su legalidad y seguridad.
Chapulco, un municipio rural con aproximadamente 5,000 habitantes dedicado principalmente a la agricultura y ganadería, se encuentra a unos 20 kilómetros de Tehuacán, una ciudad industrial con más de 300,000 residentes y un centro logístico clave en el sureste de Puebla. La carretera 150D, un eje vial de alto tráfico que conecta la Ciudad de México con Veracruz, facilita el movimiento de mercancías, pero también representa un corredor vulnerable para actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
Esta clausura se inscribe en una serie de acciones recientes contra el mercado negro de combustibles en la región, donde Tehuacán ha sido focalizado por autoridades debido a su proximidad a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y al incremento de denuncias ciudadanas por ventas irregulares a precios por debajo del mercado regulado.
El huachigas, término coloquial para referirse al robo y comercialización ilegal de gas LP, implica la extracción clandestina de ductos mediante perforaciones o "piquetes", seguida de su refinación rudimentaria y venta sin controles de calidad ni permisos sanitarios. Esta práctica, que genera riesgos graves como fugas tóxicas, explosiones y contaminaciones ambientales, se ha convertido en un problema estructural en México, donde el gas LP es el principal combustible doméstico para más del 80% de los hogares, utilizado en cocinas y calentadores.
En Puebla, el estado ocupa el primer lugar nacional en tomas clandestinas de gas LP, con 426 detectadas en 2024 según reportes de Pemex, lo que representa una disminución del 61% respecto al año anterior, pero aún un volumen alarmante que supera a entidades como Veracruz (245) y Tlaxcala (127). De enero a junio de 2025, Puebla registró 116 tomas, consolidándose como la "capital del huachigas" y destacando municipios como Tepeaca (157 piquetes en 2024), San Matías Tlalancaleca (59) y Tlahuapan (50).
En la región de Tehuacán, el fenómeno se agrava por la presencia de bandas organizadas que aprovechan la geografía montañosa para esconder operaciones, causando pérdidas estimadas en miles de millones de pesos anuales para Pemex y afectando la competencia leal en el sector regulado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La intervención en Chapulco forma parte de una estrategia federal ampliada contra el robo de hidrocarburos, impulsada por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en colaboración con Pemex, que en 2025 ha intensificado cateos en puntos de distribución para desmantelar redes que lavan el combustible robado a través de estaciones de servicio y gaseras.
En Puebla, estas operaciones han resultado en decomisos significativos, como los 610 litros de huachicol asegurados en Santa Rita Tlahuapan en enero de 2025, junto con la detención de 14 personas. El delito, tipificado como federal en el Código Penal y la Ley de Hidrocarburos, conlleva penas de hasta 15 años de prisión y multas elevadas, pero persiste debido a la demanda de precios bajos en comunidades marginadas, donde el huachigas se ofrece hasta un 20% por debajo del precio máximo regulado (alrededor de 25 pesos por kilogramo en Puebla para septiembre de 2025).
Expertos en seguridad energética destacan que el combate efectivo requiere no solo operativos, sino inversiones en monitoreo tecnológico de ductos y programas de regularización para distribuidores pequeños, ya que el 70% de las tomas en Puebla se concentran en solo cinco municipios, incluyendo áreas cercanas a Tehuacán como Huejotzingo, donde las detecciones aumentaron de 2 a 30 en lo que va de 2025.
Las implicaciones de esta clausura van más allá del caso individual, al exponer vulnerabilidades en la cadena de suministro de gas LP en una región donde el consumo per cápita es alto debido a la industria textil y agroalimentaria de Tehuacán.
Mientras las investigaciones prosiguen, la FGR y autoridades locales han instado a la población a reportar ventas sospechosas a través de la línea de denuncias anónimas de Pemex, enfatizando que el uso de huachigas no solo evade impuestos y regulaciones, sino que pone en riesgo la salud pública por impurezas que pueden causar intoxicaciones o fallos en equipos domésticos.
En el contexto nacional, México reportó más de 2,470 tomas clandestinas de gas LP en 2024, con un impacto económico que supera los 13,000 millones de pesos en daños indirectos, subrayando la urgencia de fortalecer la fiscalización en estados fronterizos como Puebla, que sirve de puente entre el centro y el sureste del país.Directorio de Personas Clave
Durante el cateo, autoridades federales colocaron sellos de clausura en las instalaciones para impedir cualquier operación continua, mientras se espera que el propietario comparezca a subsanar las anomalías identificadas. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la FGR respecto al número exacto de personas detenidas, reportes extraoficiales indican la aprehensión de varios individuos involucrados en las actividades del sitio, junto con el hallazgo de una patrulla oficial al interior del predio, lo que sugiere posibles nexos con entidades de seguridad local.
El operativo, que se extendió por varias horas, involucró un despliegue significativo de fuerzas federales y estatales para asegurar el perímetro y prevenir riesgos inmediatos, dada la naturaleza volátil del material almacenado.
La gasera Angl’s Gas, un establecimiento de distribución de gas LP en una zona estratégica de la Mixteca poblana, operaba como proveedor para hogares y comercios en Chapulco y comunidades aledañas, pero la intervención federal reveló deficiencias en la trazabilidad del combustible, un requisito clave para garantizar su legalidad y seguridad.
Chapulco, un municipio rural con aproximadamente 5,000 habitantes dedicado principalmente a la agricultura y ganadería, se encuentra a unos 20 kilómetros de Tehuacán, una ciudad industrial con más de 300,000 residentes y un centro logístico clave en el sureste de Puebla. La carretera 150D, un eje vial de alto tráfico que conecta la Ciudad de México con Veracruz, facilita el movimiento de mercancías, pero también representa un corredor vulnerable para actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
Esta clausura se inscribe en una serie de acciones recientes contra el mercado negro de combustibles en la región, donde Tehuacán ha sido focalizado por autoridades debido a su proximidad a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y al incremento de denuncias ciudadanas por ventas irregulares a precios por debajo del mercado regulado.
El huachigas, término coloquial para referirse al robo y comercialización ilegal de gas LP, implica la extracción clandestina de ductos mediante perforaciones o "piquetes", seguida de su refinación rudimentaria y venta sin controles de calidad ni permisos sanitarios. Esta práctica, que genera riesgos graves como fugas tóxicas, explosiones y contaminaciones ambientales, se ha convertido en un problema estructural en México, donde el gas LP es el principal combustible doméstico para más del 80% de los hogares, utilizado en cocinas y calentadores.
En Puebla, el estado ocupa el primer lugar nacional en tomas clandestinas de gas LP, con 426 detectadas en 2024 según reportes de Pemex, lo que representa una disminución del 61% respecto al año anterior, pero aún un volumen alarmante que supera a entidades como Veracruz (245) y Tlaxcala (127). De enero a junio de 2025, Puebla registró 116 tomas, consolidándose como la "capital del huachigas" y destacando municipios como Tepeaca (157 piquetes en 2024), San Matías Tlalancaleca (59) y Tlahuapan (50).
En la región de Tehuacán, el fenómeno se agrava por la presencia de bandas organizadas que aprovechan la geografía montañosa para esconder operaciones, causando pérdidas estimadas en miles de millones de pesos anuales para Pemex y afectando la competencia leal en el sector regulado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La intervención en Chapulco forma parte de una estrategia federal ampliada contra el robo de hidrocarburos, impulsada por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en colaboración con Pemex, que en 2025 ha intensificado cateos en puntos de distribución para desmantelar redes que lavan el combustible robado a través de estaciones de servicio y gaseras.
En Puebla, estas operaciones han resultado en decomisos significativos, como los 610 litros de huachicol asegurados en Santa Rita Tlahuapan en enero de 2025, junto con la detención de 14 personas. El delito, tipificado como federal en el Código Penal y la Ley de Hidrocarburos, conlleva penas de hasta 15 años de prisión y multas elevadas, pero persiste debido a la demanda de precios bajos en comunidades marginadas, donde el huachigas se ofrece hasta un 20% por debajo del precio máximo regulado (alrededor de 25 pesos por kilogramo en Puebla para septiembre de 2025).
Expertos en seguridad energética destacan que el combate efectivo requiere no solo operativos, sino inversiones en monitoreo tecnológico de ductos y programas de regularización para distribuidores pequeños, ya que el 70% de las tomas en Puebla se concentran en solo cinco municipios, incluyendo áreas cercanas a Tehuacán como Huejotzingo, donde las detecciones aumentaron de 2 a 30 en lo que va de 2025.
Las implicaciones de esta clausura van más allá del caso individual, al exponer vulnerabilidades en la cadena de suministro de gas LP en una región donde el consumo per cápita es alto debido a la industria textil y agroalimentaria de Tehuacán.
Mientras las investigaciones prosiguen, la FGR y autoridades locales han instado a la población a reportar ventas sospechosas a través de la línea de denuncias anónimas de Pemex, enfatizando que el uso de huachigas no solo evade impuestos y regulaciones, sino que pone en riesgo la salud pública por impurezas que pueden causar intoxicaciones o fallos en equipos domésticos.
En el contexto nacional, México reportó más de 2,470 tomas clandestinas de gas LP en 2024, con un impacto económico que supera los 13,000 millones de pesos en daños indirectos, subrayando la urgencia de fortalecer la fiscalización en estados fronterizos como Puebla, que sirve de puente entre el centro y el sureste del país.Directorio de Personas Clave
- Jesús Martínez: Periodista. Nacionalidad: Mexicana. Fecha de nacimiento: No disponible públicamente. Rol: Reportero en temas policiacos y locales en Puebla. Residencia: Puebla, México.
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