22 Septiembre 2025
Las autoridades federales mexicanas han intensificado sus esfuerzos contra el robo de combustible conocido como huachicol fiscal, una modalidad que implica la evasión de impuestos mediante la falsificación de documentos aduaneros para importar hidrocarburos a precios reducidos, lo que genera pérdidas millonarias al erario público y distorsiona el mercado energético.
En este contexto, un grupo de empresarios originarios de Puebla ha sido señalado por su presunta participación en la distribución, facturación y comercialización de este tipo de combustible ilícito, proveniente del puerto de Altamira en Tamaulipas y destinado a gasolineras en el centro del país. La investigación, liderada por la Fiscalía General de la República (FGR), ha permitido identificar centros de almacenamiento en la región poblana y ha resultado en el aseguramiento de vehículos y documentos clave, destacando la complejidad de redes que combinan operaciones logísticas con fachadas empresariales legales.
El caso ha ganado relevancia debido a su escala, involucrando rutas de transporte que cruzan estados como Hidalgo y Puebla, donde se detectaron pipas y tractocamiones transportando el combustible robado. El huachicol fiscal, a diferencia del robo directo de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se basa en la manipulación de fracciones arancelarias para declarar importaciones como productos exentos de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), permitiendo su venta a precios competitivos pero ilícitos.
Esta práctica ha sido documentada en operativos recientes a nivel nacional, donde se han incautado buques y contratos millonarios con entidades públicas, afectando no solo las finanzas federales sino también la competencia en el sector de distribución de hidrocarburos. En Puebla, uno de los estados con mayor incidencia de este delito, las autoridades han coordinado acciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Dirección General de Inteligencia Logística de Pemex (DGIL), logrando avances significativos en la desarticulación de estas cadenas de suministro.
Uno de los principales investigados es Jorge Wenceslao Santiago Téllez, empresario poblano vinculado al sector de transporte y comercialización de combustibles. Su rol como cabecilla presunto en esta red ha sido evidenciado mediante cateos realizados el 9 y 10 de septiembre de 2025, en los que se intervinieron oficinas en San Andrés Cholula, Puebla, y centros de almacenamiento en San Francisco Ocotlán y Chipilo. Estos operativos permitieron el decomiso de equipos electrónicos, documentos y vehículos con la razón social "JWST", dedicados al autotransporte de materiales peligrosos y combustibles.
e revela un entramado organizado para la recepción, almacenamiento y venta del huachicol fiscal en al menos cuatro gasolineras. La investigación se originó en seguimientos a convoyes de pipas desde el norte del país, destacando la interconexión de puertos marítimos como Altamira con infraestructuras terrestres en el interior de México.
Jorge Wenceslao Santiago Téllez también actúa como representante legal de Combustibles y Lubricantes Ayotoxco, S.A. de C.V., una empresa constituida en 2003 en Teziutlán, Puebla, dedicada a la venta de gasolina magna, premium y diésel. Esta compañía ha operado bajo permisos oficiales, incluyendo una licencia de funcionamiento emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en 2022, que autorizó la expendio de gasolina y diésel en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 0+700 de la carretera federal Ayotoxco-Teziutlán, en Ayotoxco de Guerrero. Dicha autorización, con número LF-ASEA/3421-2022, refleja intentos por expandir operaciones legales en el sector gasolinero, incluyendo planes para manejar gas LP, gas natural y servicios multimodales. Sin embargo, la empresa ha sido objeto de escrutinio previo, al negarse en dos ocasiones a inspecciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2019, lo que generó alertas sobre posibles irregularidades en sus transacciones. A pesar de estas revisiones, la estación continúa en funcionamiento, ilustrando los desafíos en la regulación de un mercado que ha proliferado tras la apertura energética de 2013.
El historial de Jorge Wenceslao Santiago Téllez se entrelaza con antecedentes familiares y empresariales que amplían el panorama de la investigación. Es hijo de Wenceslao Santiago Castro, exalcalde de Tecolutla, Veracruz, durante el periodo 2011-2014 y 2018-2021, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien ha enfrentado acusaciones de irregularidades administrativas, como despojos de terrenos y desvíos de recursos públicos para campañas políticas. Aunque no hay confirmación oficial de vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades han explorado conexiones regionales en Veracruz, un estado con alta incidencia de crimen organizado relacionado con el tráfico de hidrocarburos. Desde 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces dirigida por Santiago Nieto Castillo, incluyó a seis concesionarios gasolineros poblanos en una pesquisa por presunto lavado de dinero, involucrando discrepancias por más de 2 mil 430 millones de pesos en ventas no justificadas. Esta acción formó parte de un esfuerzo nacional que bloqueó cuentas y denunció a decenas de entidades por huachicol, detectando flujos inusuales en Puebla por más de 3 mil millones de pesos.
La FGR considera este expediente como uno de los más significativos en la lucha contra el huachicol fiscal en Puebla, con potencial para extenderse a otros empresarios locales. Bajo la coordinación de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, las labores de inteligencia han enfatizado la trazabilidad de rutas y la colaboración interinstitucional, alineándose con estrategias federales que han reducido en un 30% los reportes de robo de combustible en los últimos años, según datos de Pemex. No obstante, persisten desafíos como la permeabilidad de fronteras marítimas y la reutilización de empresas legítimas para actividades ilícitas, lo que subraya la necesidad de reformas en la supervisión aduanera y financiera. Este caso ejemplifica cómo el huachicol fiscal no solo erosiona la recaudación fiscal, estimada en miles de millones anuales, sino que también fomenta redes transnacionales que amenazan la seguridad energética del país.
### Directorio de Personas
- **Jorge Wenceslao Santiago Téllez**: Edad aproximada 45-50 años (basado en trayectoria empresarial desde 2003); nacionalidad mexicana; residente en San Andrés Cholula, Puebla; ocupación: empresario en transporte de hidrocarburos y representante legal de Combustibles y Lubricantes Ayotoxco, S.A. de C.V.; familiar: hijo de Wenceslao Santiago Castro.
- **Wenceslao Santiago Castro**: Edad aproximada 60-65 años; nacionalidad mexicana; originario de Oaxaca, residente en Tecolutla, Veracruz; ocupación: exalcalde de Tecolutla (2011-2014 y 2018-2021) por el PVEM; familiar: padre de Jorge Wenceslao Santiago Téllez.
- **Blanca Estela López Santos**: Edad no disponible; nacionalidad mexicana; residente en Teziutlán, Puebla; ocupación: socia en Combustibles y Lubricantes Ayotoxco, S.A. de C.V.
- **Cecilia Lemini Lemus**: Edad no disponible; nacionalidad mexicana; residente en Teziutlán, Puebla; ocupación: socia en Combustibles y Lubricantes Ayotoxco, S.A. de C.V.
### Referencias
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. (2022). *Licencia de funcionamiento LF-ASEA/3421-2022*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/asea
Unidad de Inteligencia Financiera. (2019). *Informe sobre actividades de lavado de dinero en el sector gasolinero*. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. https://www.gob.mx/uif
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