26 de septiembre de 2025
En el laberinto de la política mexicana, donde los contratos se firman con tinta invisible y los millones fluyen como ríos subterráneos, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, está atrapado en una tormenta de irregularidades fiscales.
Documentos que rastrean movimientos de dinero revelan que, entre 2023 y 2024, recibió 79 millones de pesos de empresas privadas por “Servicios Profesionales”. Pero aquí está el golpe: esos millones no aparecen en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública ni en la contraloría del Senado.
Es como si el dinero hubiera entrado por la puerta trasera, esquivando los ojos de la ley.
La red que envuelve a López Hernández no es un accidente; es una telaraña tejida con hilos de favoritismo y lazos familiares. Los pagos provienen de compañías que, durante su gestión en Tabasco (2019-2021), se alimentaron de contratos públicos. Algunas, marcadas como “fantasma” por el SAT, tienen vínculos inquietantes: GH Servicios Empresariales, por ejemplo, comparte el correo corporativo_chontalpa@hotmail.com (mailto:_chontalpa@hotmail.com) con López y su hermano Melchor.
En noviembre y diciembre de 2023, esta empresa le transfirió 8.9 millones, y en 2024 sumó otros 2.8 millones, antes de que el SAT le suspendiera el sello digital por irregularidades fiscales. Operadora Turística Rabatte, contratista en Tabasco, le giró 11.5 millones en diciembre de 2023, mientras que Capital Cargo del Golfo, otra beneficiaria de adjudicaciones directas, le pagó 18.8 millones en 2024.
El resto, unos 37.9 millones, incluye supuestas herencias en Estados Unidos y ventas de ganado, declaradas ante el SAT pero invisibles en los reportes públicos.
La opacidad es el núcleo del escándalo. En 2023, como secretario de Gobernación, López reportó ingresos por 7 millones ante la Función Pública, cuando en realidad acumuló al menos 22 millones. 
En 2024, declaró 58.1 millones al SAT, pero solo 625 mil 793 pesos al Senado. La discrepancia no es un descuido; es un abismo que sugiere omisión o falsedad. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara: estas fallas son faltas graves, con sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilitación por 20 años.
Si se comprueba simulación de operaciones –usar empresas fantasma para encubrir flujos–, podría escalar a delitos fiscales con prisión. En un Morena que predica austeridad, este caso es un puñetazo al relato anticorrupción.
Los contratos públicos en Tabasco son el origen de esta red.
GH Servicios Empresariales, señalada por facturas dudosas, operaba en un limbo fiscal, pero aún así transfirió millones al senador. Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo se beneficiaron de adjudicaciones directas durante su gubernatura, un mecanismo que apesta a favoritismo.
Estas empresas, ahora, le devuelven el favor con pagos millonarios que no figuran en los registros oficiales. Los lazos familiares añaden sombras: el correo compartido con su hermano Melchor no es una casualidad, sino una pista de una estructura donde lo personal y lo público se confunden.
El escándalo no está solo; se entrelaza con acusaciones previas que pesan como plomo.
En Tabasco, durante su mandato, López nombró a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, como secretario de Seguridad Pública. Bermúdez, detenido y vinculado a proceso por presuntos nexos con “La Barredora” –un grupo ligado a extorsión, robo de combustible y posible conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación–, operaba en el corazón de su administración.
Aunque la Fiscalía de Tabasco dice que no citará al senador, la pregunta flota: ¿financiaban estos millones, al menos en parte, redes oscuras? López insiste: “No había reportes de inteligencia en su contra”, y presume que su gestión redujo secuestros.
Pero en un estado donde el crimen y los contratos bailan juntos, las excusas suenan frágiles.
El 25 de septiembre, el caso estalló, y López contraatacó un día después en una rueda de prensa. Mostró documentos del SAT como si fueran un escudo: “Nunca escondí mis ingresos; son lícitos, de mi actividad profesional”. Admite los 79 millones –de servicios, arrendamientos, herencias, ganado–, pero jura que todo está declarado donde corresponde.
Sobre GH: “Tuvo un problema fiscal, pero una sentencia de 2018 le restituyó el sello”. Sobre Rabatte: “No otorgué contratos; eso lo manejaban mis directores”.
Y la gran defensa: “Esto viene de la derecha conservadora, mafufadas para golpear a Morena”.
Pero la presidenta Sheinbaum, en su mañanera, no lo arropó: “Que aclare el senador”. La oposición –PAN, PRI, MC– exige auditorías al SAT, investigaciones independientes y hasta su renuncia como coordinador de Morena en el Senado.
Este caso es más que un senador y sus millones; es un espejo roto de la Cuarta Transformación. Morena prometió acabar con la corrupción, pero aquí está uno de sus líderes, recibiendo fortunas de empresas ligadas al erario, declarando solo lo que le conviene. Si se prueba lavado o enriquecimiento ilícito, podría haber destituciones, procesos penales y un golpe al corazón del partido.
Por ahora, López camina libre, pero con el SAT y la Función Pública vigilantes. En Tabasco, donde lo vieron gobernar, murmuran:
¿qué más está enterrado?
En México, donde el poder y el dinero se funden como niebla, 79 millones son solo la superficie. Si López quiere limpiar su nombre, que abra los libros. El pueblo, y la ley, esperan respuestas.
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