28 de octubre de 2025 | Redacción EPrensa:
Vinculación de Notarías Familiares con Esquemas de Desvío en PemexLa notaría 27 de Tabasco, bajo la titularidad de Adán Augusto López Hernández, ha sido señalada como el sitio donde se formalizaron empresas clave involucradas en el desvío de recursos públicos a través de contratos irregulares con Petróleos Mexicanos. Esta institución notarial sirvió de base para la constitución de entidades como CCTI SA de CV en 2004 y Surface Technology en 2011, las cuales operaron en un entramado de triangulaciones que permitieron el flujo de fondos federales sin justificación adecuada. Estos mecanismos, que explotaban convenios con universidades y dependencias estatales, facilitaron el trasiego de millones de pesos destinados a supuestos servicios de consultoría y tecnología, pero que en realidad nunca se prestaron, dejando un rastro de pagos indebidos que socavaron la integridad de proyectos energéticos nacionales. La proximidad de esta notaría con figuras políticas de alto nivel resalta cómo instrumentos legales cotidianos pueden convertirse en herramientas para la opacidad financiera, perpetuando un modelo de adjudicaciones que prioriza redes personales sobre la accountability pública y afectando la sostenibilidad de la industria petrolera en regiones como Tabasco. ***Detalles de Contratos Irregulares y Daños a la Hacienda PúblicaLos contratos adjudicados a estas empresas bajo el paraguas de la notaría de Adán Augusto López revelan un patrón sistemático de irregularidades que suman cientos de millones de pesos en perjuicio del erario. CCTI SA de CV obtuvo 92 millones 650 mil pesos mediante un convenio con la Universidad Autónoma del Carmen en 2012, con vigencia extendida hasta 2024, pero las auditorías posteriores determinaron la ausencia total de evidencia sobre los servicios contratados, configurando un daño directo a los recursos destinados a la educación superior y la investigación aplicada. Por su parte, Surface Technology capturó 270 millones de pesos en triangulaciones directas con Pemex Exploración y Producción durante el sexenio anterior, resultando en un perjuicio de 177 millones 661 mil pesos al canalizar fondos a través de la Universidad Popular de la Chontalpa sin comprobantes de ejecución, utilizando prestanombres con domicilios precarios en zonas marginadas de Tabasco. Estas operaciones no solo disolvieron las empresas en 2023, sino que expusieron vulnerabilidades en el sistema de contratación pública, donde la falta de supervisión permitía que recursos vitales para la exploración energética se evaporaran en esquemas ficticios, agravando la dependencia de subsidios externos y limitando el desarrollo tecnológico en el sector. ***Rol de la Notaría Fraternal en Subcontratos y TriangulacionesLa notaría 13 de Tabasco, a cargo de Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto, jugó un papel paralelo al registrar empresas como E&P Solutions en 2010, que se benefició de 194 millones de pesos en subcontratos triangulados de Pemex vía el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Esta entidad operaba desde instalaciones mínimas en Campeche y compartía accionistas con Surface Technology, lo que apunta a una coordinación familiar en la estructuración de vehículos societarios diseñados para capturar fondos públicos sin rendir cuentas reales. El esquema de triangulación, que involucraba intermediarios educativos para legitimar pagos inexistentes, generó un desvío acumulado de 464 millones de pesos solo entre las tres empresas de los hermanos López, integrándose al vasto entramado de la Estafa Maestra que movió 7 mil 760 millones de pesos en total durante el periodo investigado. Esta interconexión notarial no solo facilitó la creación de fachadas corporativas, sino que también ilustra cómo lazos familiares en posiciones de confianza legal pueden erosionar la equidad en las licitaciones, desviando inversiones que podrían haber impulsado la modernización de la infraestructura petrolera y beneficiado comunidades locales dependientes de estos proyectos. ***Empresas Fantasma y Evasión Fiscal en Notarías RelacionadasMás allá de los desvíos directos, las notarías de Adán Augusto López, su hermano Melchor y el excolaborador Narciso T. Oropeza Andrade registraron al menos 13 sociedades mercantiles catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, activas entre 2017 y 2020 para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o malversación. Entre ellas destaca Grupo Consultor de Tabasco SA de CV, fundada y atestiguada por Adán Augusto en 2017, así como Grupo Crusa México, que recibió 2 millones 62 mil pesos del Instituto de Salud de Chiapas entre 2014 y 2016 por facturas vagas de servicios no especificados. Otras entidades como In Process By Q A, Integración de Personal Activo del Sureste y Canayok SA de CV operaron en la misma órbita, utilizando domicilios ficticios y estructuras opacas para simular transacciones que ocultaban flujos ilícitos. Estas factureras no solo facilitaron la simulación de operaciones comerciales, sino que también representaron un riesgo sistémico para la recaudación fiscal, permitiendo que recursos públicos se diluyeran en un laberinto de entidades efímeras que priorizaban el beneficio privado sobre el bien común, y dejando un legado de desconfianza en el uso de instrumentos notariales para la formalización empresarial. ***Implicaciones Sistémicas en la Lucha contra la Corrupción FinancieraEl entramado revelado por estas notarías subraya la necesidad de reformas urgentes en la supervisión de actos notariales y la adjudicación de contratos públicos, donde la proximidad entre el poder político y el ámbito legal ha permitido la proliferación de esquemas que socavan la hacienda federal. La disolución reciente de varias de estas empresas en 2023 no mitiga el daño acumulado, que asciende a cifras millonarias en recursos perdidos para el desarrollo energético y social, ni resuelve la persistente opacidad en la verificación de servicios contratados. Este caso, integrado al contexto más amplio de la Estafa Maestra, demanda una mayor transparencia en las licitaciones de Pemex y entidades afines, incorporando auditorías en tiempo real y sanciones disuasorias para prestanombres y beneficiarios indirectos. Al exponer estas conexiones, se abre la puerta a una reflexión colectiva sobre la integridad institucional, promoviendo mecanismos que fortalezcan la rendición de cuentas y eviten que el sector público siga siendo vulnerable a redes que convierten la confianza legal en un velo para la impunidad, asegurando así que los fondos destinados al progreso nacional lleguen efectivamente a su destino. ***Redacción



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