Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo unánime e irrevocable en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, titular del Grupo Salinas, obligándolo a saldar deudas fiscales por un monto aproximado de 50 mil millones de pesos a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivadas de créditos fiscales impugnados durante ejercicios comprendidos entre 2008 y 2013.
Esta resolución, dictada el pasado 13 de noviembre de 2025, agota todas las instancias nacionales disponibles para el litigante, configurando un crédito fiscal firme que habilita mecanismos de cobro inmediato, incluyendo posibles embargos y remates de bienes, en el marco de una estrategia gubernamental orientada a recuperar recursos públicos atorados en litigios judiciales.
El procedimiento judicial, que ha abarcado más de una década y generado más de mil recursos accesorios —en su mayoría promovidos por el propio conglomerado empresarial para dilatar el cumplimiento—, culminó con la desestimación de siete amparos directos en revisión interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, subsidiarias del imperio de Salinas Pliego.
Inicialmente cuantificados en 35 mil 873 millones de pesos, estos créditos han incrementado su valor hasta superar los 47 mil 407 millones de pesos —con cifras finales pendientes de determinación precisa por el SAT—, incorporando recargos, actualizaciones y multas por demoras que en algunos expedientes ascienden a 17 años.
Entre los casos más significativos resueltos por el Pleno de la Corte figuran el recurso 547/2025, por 2 mil 447 millones de pesos; el 566/2025, por 4 mil 916 millones; el 5654/2024, por 1 mil 431 millones; el 5608/2025, por 2 mil 404 millones; y los 5145/2025 y 5731/2025, por 5 mil 767 millones, todos desechados por improcedencia o falta de relevancia constitucional, conforme a precedentes jurisprudenciales ya consolidados en materia fiscal.
La argumentación de los ministros, expuesta en sesión pública por el presidente Hugo Aguilar y el ponente Arístides Guerrero, enfatizó que los agravios planteados por las empresas no configuran cuestiones de constitucionalidad general ni interés excepcional en derechos humanos, sino meras circunstancias particulares —como presuntos cálculos inflados de pérdidas fiscales que redujeron indebidamente obligaciones tributarias—, las cuales no ameritan revisión por el Alto Tribunal.
En paralelo, la SCJN impuso una multa adicional al Grupo Salinas por intento de recusación infundada contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, derivada de uno de los recursos; Batres se abstuvo de participar en dicha resolución. Solo restan dos procesos pendientes por un valor inicial de 700 millones de pesos, cuya resolución se anticipa en el corto plazo, consolidando así el cierre de esta prolongada disputa.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, declaró el Grupo Salinas inmediatamente tras el fallo, calificándolo de “abiertamente violatorio de los derechos humanos” y anunciando su intención de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como posibles demandas contra el SAT por presuntas “extorsiones fiscales”.
“Que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos”, reafirmó el conglomerado en un comunicado oficial. Salinas Pliego, quien desde El Salvador —donde se encontraba el 12 de noviembre— había anticipado el revés al describir a la Corte como “espuria y politizada”, reiteró su embestida contra el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de instrumentalizar el Poder Judicial para fines recaudatorios.
No obstante, las instancias inferiores —tribunales colegiados— ya habían resuelto en contra del empresario antes de las elecciones judiciales de octubre de 2025, argumentando la inoperancia de sus impugnaciones al recaer en aspectos circunstanciales de las normas fiscales, sin cuestionar su núcleo normativo.
Este desenlace representa un hito en la política de combate a grandes deudores fiscales impulsada por el Ejecutivo morenista, que estima en dos billones de pesos el monto total de créditos impugnados en tribunales.
La mandataria Sheinbaum, en conferencia matutina posterior al fallo, vinculó el monto recuperable con el financiamiento de programas sociales —como el Plan de Paz y Justicia para Michoacán, presupuestado en 30 mil millones de pesos anuales—, subrayando la necesidad de cerrar “agujeros” fiscales sin recurrir a reformas impositivas generalizadas.
La Procuraduría Fiscal de la Federación ha iniciado ya los trámites para la emisión de la resolución definitiva de cobro, facultando al SAT para ejecutar garantías previamente depositadas —tales como cartas de crédito, inmuebles y activos corporativos— o, en su defecto, solicitar embargos judiciales y congelamientos de cuentas.
De acuerdo con reportes financieros, Grupo Elektra —protagonista de los juicios— registró ingresos por 201 mil millones de pesos en 2024, pero una pérdida neta de 11 mil 656 millones, con una liquidez disponible de 42 mil 822 millones al cierre de septiembre de 2025, lo que podría mitigar el impacto inmediato, aunque analistas prevén secuelas en la valoración bursátil del conglomerado.
En este contexto de presión fiscal, Salinas Pliego —quien ocupa el quinto lugar entre los hombres más ricos de México con una fortuna valorada en 7 mil 440 millones de dólares, equivalente a 136 mil millones de pesos— ha acelerado la desinversión de activos no esenciales, particularmente en el ámbito deportivo, como mecanismo para generar liquidez.
El 13 de noviembre de 2025, coincidiendo con el fallo de la SCJN, trascendieron reportes sobre la venta de Mazatlán FC, franquicia de la Liga MX fundada en 2020 tras la relocalización de Monarcas Morelia, a los propietarios de Atlante por 65 millones de dólares —una de las transacciones más significativas en la historia reciente del fútbol mexicano—.
Esta operación, que se formalizará tras el Mundial de Clubes 2025, resuelve parcialmente la multipropiedad prohibida por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ya que Salinas Pliego controla simultáneamente a Mazatlán FC y Club Puebla, y habilita el histórico regreso de Atlante a la Primera División para el Apertura 2026, con localía en el Estadio Azteca (rebautizado comercialmente como Estadio Banorte por patrocinio vinculado a remodelaciones globales).
Sin embargo, esta enajenación resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda con el SAT, estimada en 48 mil millones de pesos netos, excluyendo pagos previos como los 33 mil millones abonados por Elektra en litigios anteriores. Fuentes cercanas al empresario indican que la siguiente pieza en el tablero de desinversiones sería Club Puebla —conocido como "La Franja"—, cuya venta atrae interés de grupos como los dueños de La Gran Bodega, aunque complicada por litigios internacionales sobre la marca comercial contra Ricardo Henaine Mezher en México, Estados Unidos y Canadá.
El club enfrenta una crisis deportiva aguda: carece de director técnico a cuatro días de la pretemporada, ha perdido jugadores clave como Emiliano Gómez, José Rodrigo Pachuca, Ricardo Marín, Jesús Rivas y Franco Moyano, y ha rotado seis entrenadores desde la era de Nicolás Larcamón —con solo dos completando torneos—, culminando en un semestre desastroso bajo Pablo Guede y Hernán Cristante. Esta maniobra no solo aliviaría la multipropiedad residual, fomentando un modelo de Liga MX más transparente y competitivo, sino que podría significar el adiós definitivo de Salinas Pliego al fútbol mexicano, alineándose con la presión de la FMF para reestructurar franquicias y reactivar el mercado deportivo.
La intersección entre el fallo judicial y estas transacciones ha generado especulaciones en redes sociales, donde un post viral de la cuenta @vanguardiadeveracruz en Instagram —publicado el 13 de noviembre de 2025— cuestiona directamente si el “Tío Richi” (apodo coloquial de Salinas Pliego) se deshace de sus equipos por la deuda con el SAT, aludiendo a “versiones que indican las posibles ventas del Mazatlán FC y de La Franja para supuestamente pagar impuestos”, lo que podría marcar “su adiós del fútbol mexicano”. El contenido, acompañado de emojis y un enlace a un artículo detallado, acumula interacciones que reflejan la polarización pública: de un lado, apoyo a la recuperación fiscal; del otro, críticas a la supuesta politización del proceso.
El economista Ramiro Tovar, en análisis post-fallo, advierte de un “impacto inmenso” en el Grupo Salinas, no solo por el desembolso —equivalente a la destrucción de valor accionario—, sino por las repercusiones en su ecosistema empresarial, que abarca desde retail (Elektra) hasta medios (TV Azteca) y telecomunicaciones.
Salinas Pliego, cuya trayectoria incluye la fundación de Grupo Elektra en 1950 y su expansión a un emporio diversificado, arrastra esta saga fiscal desde 2008, con hitos como el adeudo inicial de 63 mil millones de pesos revelado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, y pagos parciales como los 2 mil 636 millones ordenados por la SCJN en 2022. La disputa trasciende lo jurídico: se ha convertido en un pulso simbólico entre el empresariado y el Estado, retransmitido en conferencias presidenciales y plataformas digitales, donde la opinión pública se divide entre la defensa de la equidad tributaria y la percepción de persecución selectiva.
Ante este panorama, el SAT insta a la ciudadanía a reportar irregularidades fiscales de manera confidencial, mientras el Gobierno federal reitera su compromiso con la austeridad y la recaudación ética para sostener programas de bienestar. El caso Salinas Pliego no solo cierra un capítulo de litigiosidad crónica, sino que sienta precedentes para futuros cobros a deudores morosos, fortaleciendo la capacidad recaudatoria del Estado en un contexto de necesidades presupuestales crecientes.
La SCJN impuso una multa de \(67,165,827\) pesos a una empresa de Ricardo Salinas Pliego por intentar recusar a dos ministras, además de confirmar otras deudas con el SAT que suman más de \(48\) mil millones de pesos. La multa específica de \(67.1\) millones se impuso en un caso distinto al de la deuda principal, por declarar pérdidas fiscales infladas, según reporta
Esta resolución, dictada el pasado 13 de noviembre de 2025, agota todas las instancias nacionales disponibles para el litigante, configurando un crédito fiscal firme que habilita mecanismos de cobro inmediato, incluyendo posibles embargos y remates de bienes, en el marco de una estrategia gubernamental orientada a recuperar recursos públicos atorados en litigios judiciales.
El procedimiento judicial, que ha abarcado más de una década y generado más de mil recursos accesorios —en su mayoría promovidos por el propio conglomerado empresarial para dilatar el cumplimiento—, culminó con la desestimación de siete amparos directos en revisión interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, subsidiarias del imperio de Salinas Pliego.
Inicialmente cuantificados en 35 mil 873 millones de pesos, estos créditos han incrementado su valor hasta superar los 47 mil 407 millones de pesos —con cifras finales pendientes de determinación precisa por el SAT—, incorporando recargos, actualizaciones y multas por demoras que en algunos expedientes ascienden a 17 años.
Entre los casos más significativos resueltos por el Pleno de la Corte figuran el recurso 547/2025, por 2 mil 447 millones de pesos; el 566/2025, por 4 mil 916 millones; el 5654/2024, por 1 mil 431 millones; el 5608/2025, por 2 mil 404 millones; y los 5145/2025 y 5731/2025, por 5 mil 767 millones, todos desechados por improcedencia o falta de relevancia constitucional, conforme a precedentes jurisprudenciales ya consolidados en materia fiscal.
La argumentación de los ministros, expuesta en sesión pública por el presidente Hugo Aguilar y el ponente Arístides Guerrero, enfatizó que los agravios planteados por las empresas no configuran cuestiones de constitucionalidad general ni interés excepcional en derechos humanos, sino meras circunstancias particulares —como presuntos cálculos inflados de pérdidas fiscales que redujeron indebidamente obligaciones tributarias—, las cuales no ameritan revisión por el Alto Tribunal.
En paralelo, la SCJN impuso una multa adicional al Grupo Salinas por intento de recusación infundada contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, derivada de uno de los recursos; Batres se abstuvo de participar en dicha resolución. Solo restan dos procesos pendientes por un valor inicial de 700 millones de pesos, cuya resolución se anticipa en el corto plazo, consolidando así el cierre de esta prolongada disputa.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, declaró el Grupo Salinas inmediatamente tras el fallo, calificándolo de “abiertamente violatorio de los derechos humanos” y anunciando su intención de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como posibles demandas contra el SAT por presuntas “extorsiones fiscales”.
“Que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos”, reafirmó el conglomerado en un comunicado oficial. Salinas Pliego, quien desde El Salvador —donde se encontraba el 12 de noviembre— había anticipado el revés al describir a la Corte como “espuria y politizada”, reiteró su embestida contra el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de instrumentalizar el Poder Judicial para fines recaudatorios.
No obstante, las instancias inferiores —tribunales colegiados— ya habían resuelto en contra del empresario antes de las elecciones judiciales de octubre de 2025, argumentando la inoperancia de sus impugnaciones al recaer en aspectos circunstanciales de las normas fiscales, sin cuestionar su núcleo normativo.
Este desenlace representa un hito en la política de combate a grandes deudores fiscales impulsada por el Ejecutivo morenista, que estima en dos billones de pesos el monto total de créditos impugnados en tribunales.
La mandataria Sheinbaum, en conferencia matutina posterior al fallo, vinculó el monto recuperable con el financiamiento de programas sociales —como el Plan de Paz y Justicia para Michoacán, presupuestado en 30 mil millones de pesos anuales—, subrayando la necesidad de cerrar “agujeros” fiscales sin recurrir a reformas impositivas generalizadas.
La Procuraduría Fiscal de la Federación ha iniciado ya los trámites para la emisión de la resolución definitiva de cobro, facultando al SAT para ejecutar garantías previamente depositadas —tales como cartas de crédito, inmuebles y activos corporativos— o, en su defecto, solicitar embargos judiciales y congelamientos de cuentas.
De acuerdo con reportes financieros, Grupo Elektra —protagonista de los juicios— registró ingresos por 201 mil millones de pesos en 2024, pero una pérdida neta de 11 mil 656 millones, con una liquidez disponible de 42 mil 822 millones al cierre de septiembre de 2025, lo que podría mitigar el impacto inmediato, aunque analistas prevén secuelas en la valoración bursátil del conglomerado.
En este contexto de presión fiscal, Salinas Pliego —quien ocupa el quinto lugar entre los hombres más ricos de México con una fortuna valorada en 7 mil 440 millones de dólares, equivalente a 136 mil millones de pesos— ha acelerado la desinversión de activos no esenciales, particularmente en el ámbito deportivo, como mecanismo para generar liquidez.
El 13 de noviembre de 2025, coincidiendo con el fallo de la SCJN, trascendieron reportes sobre la venta de Mazatlán FC, franquicia de la Liga MX fundada en 2020 tras la relocalización de Monarcas Morelia, a los propietarios de Atlante por 65 millones de dólares —una de las transacciones más significativas en la historia reciente del fútbol mexicano—.
Esta operación, que se formalizará tras el Mundial de Clubes 2025, resuelve parcialmente la multipropiedad prohibida por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ya que Salinas Pliego controla simultáneamente a Mazatlán FC y Club Puebla, y habilita el histórico regreso de Atlante a la Primera División para el Apertura 2026, con localía en el Estadio Azteca (rebautizado comercialmente como Estadio Banorte por patrocinio vinculado a remodelaciones globales).
Sin embargo, esta enajenación resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda con el SAT, estimada en 48 mil millones de pesos netos, excluyendo pagos previos como los 33 mil millones abonados por Elektra en litigios anteriores. Fuentes cercanas al empresario indican que la siguiente pieza en el tablero de desinversiones sería Club Puebla —conocido como "La Franja"—, cuya venta atrae interés de grupos como los dueños de La Gran Bodega, aunque complicada por litigios internacionales sobre la marca comercial contra Ricardo Henaine Mezher en México, Estados Unidos y Canadá.
El club enfrenta una crisis deportiva aguda: carece de director técnico a cuatro días de la pretemporada, ha perdido jugadores clave como Emiliano Gómez, José Rodrigo Pachuca, Ricardo Marín, Jesús Rivas y Franco Moyano, y ha rotado seis entrenadores desde la era de Nicolás Larcamón —con solo dos completando torneos—, culminando en un semestre desastroso bajo Pablo Guede y Hernán Cristante. Esta maniobra no solo aliviaría la multipropiedad residual, fomentando un modelo de Liga MX más transparente y competitivo, sino que podría significar el adiós definitivo de Salinas Pliego al fútbol mexicano, alineándose con la presión de la FMF para reestructurar franquicias y reactivar el mercado deportivo.
La intersección entre el fallo judicial y estas transacciones ha generado especulaciones en redes sociales, donde un post viral de la cuenta @vanguardiadeveracruz en Instagram —publicado el 13 de noviembre de 2025— cuestiona directamente si el “Tío Richi” (apodo coloquial de Salinas Pliego) se deshace de sus equipos por la deuda con el SAT, aludiendo a “versiones que indican las posibles ventas del Mazatlán FC y de La Franja para supuestamente pagar impuestos”, lo que podría marcar “su adiós del fútbol mexicano”. El contenido, acompañado de emojis y un enlace a un artículo detallado, acumula interacciones que reflejan la polarización pública: de un lado, apoyo a la recuperación fiscal; del otro, críticas a la supuesta politización del proceso.
El economista Ramiro Tovar, en análisis post-fallo, advierte de un “impacto inmenso” en el Grupo Salinas, no solo por el desembolso —equivalente a la destrucción de valor accionario—, sino por las repercusiones en su ecosistema empresarial, que abarca desde retail (Elektra) hasta medios (TV Azteca) y telecomunicaciones.
Salinas Pliego, cuya trayectoria incluye la fundación de Grupo Elektra en 1950 y su expansión a un emporio diversificado, arrastra esta saga fiscal desde 2008, con hitos como el adeudo inicial de 63 mil millones de pesos revelado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, y pagos parciales como los 2 mil 636 millones ordenados por la SCJN en 2022. La disputa trasciende lo jurídico: se ha convertido en un pulso simbólico entre el empresariado y el Estado, retransmitido en conferencias presidenciales y plataformas digitales, donde la opinión pública se divide entre la defensa de la equidad tributaria y la percepción de persecución selectiva.
Ante este panorama, el SAT insta a la ciudadanía a reportar irregularidades fiscales de manera confidencial, mientras el Gobierno federal reitera su compromiso con la austeridad y la recaudación ética para sostener programas de bienestar. El caso Salinas Pliego no solo cierra un capítulo de litigiosidad crónica, sino que sienta precedentes para futuros cobros a deudores morosos, fortaleciendo la capacidad recaudatoria del Estado en un contexto de necesidades presupuestales crecientes.
La SCJN impuso una multa de \(67,165,827\) pesos a una empresa de Ricardo Salinas Pliego por intentar recusar a dos ministras, además de confirmar otras deudas con el SAT que suman más de \(48\) mil millones de pesos. La multa específica de \(67.1\) millones se impuso en un caso distinto al de la deuda principal, por declarar pérdidas fiscales infladas, según reporta
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