Funcionarios se van de chupe en vehículo oficial de Cholula

Informe sobre el Uso Indebido de Recursos Públicos en San Andrés Cholula: Un Patrón de Indisciplina AdministrativaDetalles del Incidente y Evidencia DocumentadaEl jueves 27 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, un vehículo oficial con placas UJM-346-A, asignado a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, fue captado estacionado de manera irregular en la Calle del Pozo, obstruyendo el paso peatonal frente al bar El Culichi, ubicado en el Boulevard Atlixco. Imágenes y videos difundidos en redes sociales, particularmente en la plataforma X (anteriormente Twitter), muestran a varias personas descendiendo del automóvil y dirigiéndose al establecimiento comercial, en lo que aparenta ser una salida recreativa. Entre las identificadas se encuentran Monserrat Tello y Ericka Torres, vinculadas a dependencias municipales, acompañadas de hombres no identificados públicamente hasta el momento. El vehículo, adquirido y mantenido con fondos públicos, presenta marcas institucionales visibles, lo que ha generado cuestionamientos inmediatos sobre su uso para fines personales durante horario no laboral. Esta evidencia visual, compartida inicialmente en un post que acumuló cientos de interacciones en cuestión de horas, ha sido verificada por testigos locales que reportaron la obstrucción vial y el consumo de alcohol en el sitio, exacerbando la percepción de abuso de privilegios en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. El incidente no resultó en accidentes reportados, pero resalta vulnerabilidades en el control de activos públicos, donde la falta de geolocalización o monitoreo en tiempo real permite desviaciones que impactan la eficiencia operativa de servicios esenciales como el urbanismo y el desarrollo sustentable.Contexto Administrativo y Antecedentes de ControversiasLa administración de Guadalupe Cuautle Torres, presidenta municipal de San Andrés Cholula desde 2021 bajo la bandera de Morena, ha sido señalada previamente por irregularidades similares en el manejo de recursos públicos, lo que convierte este evento en parte de un patrón preocupante de laxitud institucional. En julio de 2025, un caso análogo involucró a otra dependencia municipal, donde un vehículo oficial fue utilizado para actividades no relacionadas con funciones gubernamentales, lo que derivó en una investigación interna por parte de la Contraloría Municipal; sin embargo, los resultados no fueron divulgados ampliamente, generando acusaciones de opacidad y encubrimiento. Bajo el liderazgo de Cuautle, el ayuntamiento ha priorizado programas de infraestructura urbana y sustentabilidad, pero críticos argumentan que estos esfuerzos se ven socavados por la percepción de favoritismo y falta de rendición de cuentas, especialmente en un municipio con un presupuesto anual superior a los 800 millones de pesos, donde los vehículos oficiales representan un gasto significativo en mantenimiento y combustible. La Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, responsable de planes maestros de zonificación y permisos de construcción, juega un rol crítico en el crecimiento ordenado de San Andrés Cholula —una zona conurbada que alberga sitios arqueológicos como Cholula y enfrenta presiones demográficas crecientes—, por lo que el desvío de sus activos no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que podría comprometer la ejecución de proyectos clave, como la rehabilitación de vialidades y la preservación de áreas verdes. Esta reiteración de conductas ha amplificado el escrutinio hacia el gabinete de Cuautle, compuesto por perfiles con trayectorias en el servicio público local, pero expuestos a demandas de mayor escrutinio ético en un contexto de reformas anticorrupción a nivel estatal.Reacciones Públicas, Políticas y Llamados a la AcciónLa difusión del material audiovisual provocó una oleada de indignación entre los habitantes de San Andrés Cholula, con residentes expresando en foros locales y redes sociales su frustración por el uso de vehículos "adquiridos y mantenidos con recursos ciudadanos" para fines recreativos, como lo resumió un comentario viral que cuestionaba: "¿Pagamos impuestos para que vayan de fiesta?". Organizaciones civiles y activistas, como el Colectivo Ciudadano por la Transparencia en Puebla, han exigido una auditoría inmediata de la flotilla vehicular municipal, argumentando que estos episodios normalizan la indisciplina y minan la legitimidad del gobierno local en un municipio con alta densidad poblacional y desafíos como la contaminación acústica en zonas turísticas. Políticamente, la oposición —encabezada por el PAN y PRI locales— ha capitalizado el incidente para criticar la gestión de Cuautle, con diputados estatales como Javier Hernández llamando a una intervención de la Auditoría Superior del Estado para revisar gastos operativos, mientras que aliados de Morena minimizan el suceso como "un error aislado" sin pronunciamientos oficiales del ayuntamiento hasta la fecha de este informe. La ausencia de una respuesta formal de la presidenta municipal ha intensificado las presiones, con petitorios en Change.org que superan las 500 firmas en menos de 24 horas, demandando sanciones administrativas, como suspensiones o destituciones, y la implementación de protocolos de uso de bienes públicos, incluyendo GPS en unidades y reportes de kilometraje. Este vacío comunicativo no solo agrava la desconfianza, sino que resalta la necesidad de fortalecer mecanismos de control interno, alineados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para prevenir que actos individuales escalen a crisis de gobernabilidad en San Andrés Cholula, un bastión morenista clave en el panorama electoral de 2027. ***