Informe sobre la Crisis Hídrica en el Valle de Puebla

Informe sobre la Crisis Hídrica en el Valle de Puebla: Impactos en los Derechos de la Infancia y Necesidades de Acción UrgenteSituación Actual y Proyecciones de Escasez de Agua PotableEn el Valle de Puebla, la disponibilidad de agua potable se encuentra en un punto crítico, donde aproximadamente 1.263.000 habitantes —equivalente al 40% de la población total de la región— carecen de acceso regular y seguro al vital líquido, según estimaciones basadas en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta situación, que se ha agudizado de manera progresiva desde 2013, refleja una sobreexplotación crónica del acuífero principal, con un abatimiento significativo en los niveles de los pozos que abastecen comunidades urbanas y rurales, exacerbado por la extracción anual que supera en más de 200 millones de metros cúbicos la recarga natural. Para 2028, las proyecciones indican un desabasto que afectará al menos al 40% de la población, dejando sin suministro a más de un millón de personas, mientras que hacia 2030 el déficit podría alcanzar los 406 hectómetros cúbicos, lo que equivale a la pérdida de capacidad para satisfacer las necesidades básicas de cuatro de cada diez residentes. Esta tendencia no solo compromete el derecho humano al agua, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también amenaza la producción agrícola en al menos 1.800 hectáreas, impactando directamente en la seguridad alimentaria y el sustento de familias vulnerables, en un contexto donde al menos 50 municipios del estado de Puebla ya reportan problemas similares de abastecimiento irregular, con tandas de suministro que alternan días de acceso y escasez.El impacto en la infancia es particularmente alarmante, ya que la falta de agua potable incrementa la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes a enfermedades diarreicas, desnutrición y trastornos del desarrollo cognitivo, como lo documenta UNICEF en sus informes globales sobre vulnerabilidad hídrica. En México, donde más de 12,7 millones de menores —el 30% de la población infantil— enfrentan riesgos hídricos elevados, el Valle de Puebla ejemplifica cómo la escasez crónica agrava desigualdades: en zonas periurbanas y rurales, las niñas asumen la carga principal de recolectar agua de fuentes no mejoradas, lo que reduce su tiempo para educación y recreación, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional. Además, la contaminación de fuentes alternativas por arsénico y flúor —comunes en acuíferos sobreexplotados como el de Puebla— eleva el riesgo de malformaciones congénitas y problemas neurológicos en la primera infancia, afectando el derecho a la salud y al desarrollo pleno. En escuelas de la región, la ausencia de agua potable ha normalizado el consumo de bebidas azucaradas, contribuyendo a epidemias de obesidad y diabetes infantil, con tasas que superan el promedio nacional en un 15%, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta crisis no es solo ambiental, sino un obstáculo estructural al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento, que exige acceso universal para 2030. ***Medidas Recomendadas para la Sustentabilidad y Protección de la InfanciaPara revertir esta trayectoria, es imperativo implementar un enfoque integral de gestión hídrica centrado en la equidad y los derechos del niño, priorizando acciones como el manejo sustentable del acuífero mediante recargas artificiales —que podrían inyectar hasta 100 millones de metros cúbicos anuales mediante la infiltración controlada de aguas tratadas en zonas de recarga identificadas, como las cuencas del río Atoyac— y la regulación estricta de extracciones a través de un control de pozos que limite la perforación en áreas sobreexplotadas. Adicionalmente, el reúso avanzado de aguas residuales para usos industriales y municipales, junto con incentivos para el pago justo del servicio —vinculado a tarifas progresivas que subsidien a hogares con niños—, podría diversificar fuentes de abastecimiento y reducir la demanda urbana en un 20%, según modelos de la Conagua. La protección de zonas de recarga natural, como las áreas forestales en la Sierra Nevada, mediante reforestación comunitaria con participación de familias indígenas y rurales, no solo restauraría la infiltración anual en un 15-20%, sino que empoderaría a las comunidades en la toma de decisiones, alineándose con el principio de participación infantil de la Convención sobre los Derechos del Niño.UNICEF enfatiza que estas intervenciones deben ser multisectoriales, involucrando a gobiernos locales, Agua de Puebla y organizaciones civiles para garantizar que el 100% de las escuelas y centros de salud en el Valle cuenten con agua potable segura, evitando así el impacto en la asistencia escolar —donde la diarrea crónica causa ausentismo en un 25% de los casos— y promoviendo educación en higiene que reduzca infecciones en un 40%. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac) se ofrece para colaborar en estudios técnicos que cuantifiquen estos beneficios, subrayando la urgencia de un plan estatal que integre monitoreo en tiempo real de acuíferos y campañas de eficiencia en el uso doméstico, como la instalación de dispositivos ahorradores en hogares de bajos ingresos. Sin estas acciones coordinadas, el Valle de Puebla arriesga no solo una crisis humanitaria, sino la privación irreversible de derechos básicos para generaciones futuras de niños, exacerbando la desigualdad en un estado donde el 47% de los municipios ya enfrentan sequía moderada a extrema. La implementación inmediata de estas medidas no es opcional, sino un imperativo ético y legal para salvaguardar el futuro de la infancia poblana.