El periodo 2018-2021, correspondiente a la administración previa, sentó las bases de la opacidad selectiva. Aunque no se cuenta con un desglose exhaustivo de contratos en la PNT para estos años, los indicios preliminares muestran que la omisión en la publicación de convenios financiados con recursos propios y participaciones estatales ya era una constante. Esta práctica, que contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permitió establecer un precedente de no fiscalización que facilitó la transición hacia un esquema más sofisticado en la siguiente administración.Durante la administración 2021-2024, el sistema alcanzó su consolidación. En el último trimestre de 2021, solo se reportaron ocho contratos por un monto de 3,388,808.03 pesos, todos correspondientes a fondos federales, mientras que la gran mayoría de los convenios con recursos municipales permanecieron ocultos. Esta selectividad en la divulgación marcó el inicio de una estrategia deliberada para eludir controles. En 2022, se publicaron 20 contratos por 45,516,217.47 pesos, nuevamente solo con fondos federales. El análisis de estos revela que el 80% de los domicilios fiscales de los proveedores eran irregulares: cinco empresas no fueron localizadas, siete operaban desde lotes baldíos, domicilios particulares o fraccionamientos cerrados, y solo cuatro contaban con infraestructura relacionada con su objeto social. Este patrón sugiere el uso masivo de empresas fantasma o intermediarias sin capacidad operativa real.En 2023, la red de colusión se fortaleció aún más. Las empresas CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., CARGO MOVIL SAPI DE CV y JUAZAC S.A. DE C.V. dominaron las adjudicaciones, acumulando contratos millonarios sin contar con domicilios verificables ni evidencia de personal técnico o maquinaria. Nueve adjudicaciones directas sumaron 16,577,546.92 pesos, incluyendo un contrato desproporcionado de 12 millones de pesos en combustibles, sin bitácoras que justificaran el consumo del parque vehicular municipal. Por otro lado, los 19 contratos por invitación o licitación, que totalizaron 26,404,667.96 pesos, mostraron un claro patrón de simulación: las mismas empresas eran invitadas repetidamente, eliminando cualquier competencia real. Los contratos de gasto corriente —como arrendamientos, mantenimiento y refacciones— fueron sistemáticamente omitidos de la PNT, generando un fondo paralelo de recursos no fiscalizados.La red de colusión conocida como “Red HUGO”, liderada por Hugo Iván Rodríguez López, operó como un nodo central de este esquema. A través de empresas como Mercantil Abalón S.A. de C.V. —que recibió 21.2 millones de pesos de la Sedena para el aeropuerto de Santa Lucía pese a estar vinculada a la facturera Abastecedora Lavín, identificada por el SAT—, se articuló un sistema de intermediación que conecta contratos locales en Zacatlán con operaciones federales y municipales en otros puntos del país. Este entramado utiliza prestanombres, domicilios ficticios y rotación de RFC para evadir detección, mientras canaliza comisiones de entre 20% y 40% del monto contratado.Para la administración 2024-2027, que inicia en un contexto postelectoral, se proyecta una escalada del modelo. Con el precedente de opacidad consolidado y la ausencia de sanciones efectivas, es probable que los montos desviados superen los 100 millones de pesos anuales, especialmente al integrar fondos estatales y programas federales de infraestructura. La simulación de licitaciones se sofisticará mediante el uso de herramientas digitales para generar propuestas técnicas falsas, convenios modificatorios que incrementen montos sin nueva competencia, y la fragmentación de pagos para dificultar auditorías. La continuidad de proveedores recurrentes, la omisión de contratos de gasto corriente y el uso de adjudicaciones directas bajo pretextos de “urgencia” o “exclusividad” serán los pilares de esta fase.En resumen, el sistema de corrupción en Zacatlán no es un fenómeno aislado de una sola administración, sino un modelo operativo que se ha perfeccionado a lo largo de los periodos 2018-2021, 2021-2024 y que se proyecta fortalecer en 2024-2027. Su éxito depende de la complicidad institucional, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y la falta de voluntad política para investigarlo. Sin embargo, los rastros digitales en la PNT, los domicilios fiscales verificables mediante OSINT y los cruces con bases del SAT constituyen evidencia suficiente para activar reportes formales ante el Órgano de Fiscalización Superior, la Auditoría Superior de la Federación y el propio Servicio de Administración Tributaria.
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