Reelección y mañas de alcaldes serranos
Corrupción y costos excesivos en obras públicas lo cotidiano
Rodolfo Herrera Charolet
El 3 de enero de 2026, durante una gira de trabajo en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), localidad del municipio de Xicotepec de Juárez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confrontó directamente al presidente municipal, Carlos Barragán Amador, por el costo elevado de una obra de pavimentación en la calle Aviación. Vecinos de la zona abordaron al mandatario para exponer carencias en el suministro de agua potable y cuestionar la discrecionalidad y el monto asignado a la pavimentación de un tramo menor a 500 metros, que ascendió a alrededor de 4 millones de pesos.
Armenta Mier señaló que, de haberse ejecutado por administración directa del ayuntamiento, el costo no habría superado el millón de pesos, atribuyendo el sobrecosto a la contratación externa de empresas. En el intercambio, captado en video, el gobernador manifestó que tales prácticas encarecen las obras porque las compañías se llevan una parte significativa y otorgan una comisión al funcionario responsable. Ante la defensa inicial del alcalde, quien intentó justificar el procedimiento, el titular del Ejecutivo estatal instruyó al secretario de Gobernación solicitar una auditoría a la Auditoría Superior del Estado para revisar la ejecución de la obra y deslindar responsabilidades.
Este episodio ocurrió en el marco de la entrega de 500 tinacos donados por Petróleos Mexicanos a familias afectadas por lluvias torrenciales previas, y resalta tensiones en la supervisión de recursos públicos municipales en la Sierra Norte de Puebla, donde Xicotepec representa un polo de desarrollo regional con énfasis en infraestructura comunitaria.
Respuesta del presidente municipal Carlos Barragán Amador, presidente municipal de Xicotepec de Juárez, respondió públicamente a las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta, manifestando que no merecía el comentario y aceptó someterse a las auditorías ordenadas por la Auditoría Superior del Estado, enfatizando su disposición a transparentar el uso de recursos en la obra cuestionada.
Barragán Amador rechazó las imputaciones de recibir comisiones por asignaciones contractuales, argumentando que los procedimientos siguieron normas establecidas para obras públicas y subrayó su compromiso con la rendición de cuentas, alineándose con directrices federales sobre el cuidado de recursos públicos promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aun cuando la respuesta busca mitigar el impacto de la reprimenda pública, en donde el gobierno estatal ha destinado apoyos directos y ha recibido atención prioritaria del gobierno estatal en los primeros días de 2026, con giras recurrentes del gobernador para supervisar obras de emergencia derivadas de lluvias intensas del año anterior.
La confrontación por la pavimentación cuestionada se inserta en este marco de supervisión directa, donde el Ejecutivo estatal ha enfatizado la ejecución puntual y transparente de presupuestos. El municipio, con trayectoria en producción de café y turismo histórico, mantiene una agenda de desarrollo que incluye adquisiciones recientes de terrenos para infraestructura como una central de autobuses, anunciada a finales de 2025 con pagos escalonados en los primeros meses de 2026.
La instrucción de auditoría a la obra específica refleja un enfoque estatal en la fiscalización de ayuntamientos, independientemente de afinidades partidistas, en un periodo inicial de la administración que prioriza la revisión de cuentas públicas municipales para garantizar el uso eficiente de fondos destinados a infraestructura básica y servicios públicos.
Sin embargo, las presumibles irregularidades se extienden a otras obras municipales, en donde el alcalde ha destinado contratos millonarios en condiciones que despiertan sospecha. Tal es el caso de un contrato otorgado el 20 de diciembre de 2024 por la cantidad de 27 millones 5 mil 360 pesos 57 centavos para la presunta rehabilitación de la imagen urbana del acceso sur en la cabecera municipal, que habría realizado un constructor persona física de nombre Florencio Romero Mendoza (ROMF930709136) quien dice tener su domicilio empresarial en la calle Reforma Sur 141, Centro de Xicotepec de Juárez CP 73080. Empresa que no fue encontrada en dicho lugar manifestado. Dicho constructor es socio de la empresa Café y Productos Agropecuarios Xicotepec, S.P.R. de R.L. de C.V., la cual y desde luego no es una constructora.
Presuntas complicidades
En la Sierra Norte de Puebla, se ha identificado un patrón recurrente en diversas administraciones municipales, caracterizado por la asignación de obras públicas a un círculo reducido de constructores vinculados entre sí mediante recomendaciones mutuas, con el propósito aparente de eludir mecanismos de fiscalización y control establecidos.
La opacidad en el manejo de los contratos constituye una irregularidad sistemática: los ayuntamientos omiten publicar la información completa de las adjudicaciones y, en múltiples casos, deniegan el acceso a los expedientes en respuesta a solicitudes de información pública.
El conflicto de intereses representa otro elemento central de esta problemática, manifestándose cuando familiares directos de los funcionarios ejecutan las obras. Un ejemplo concreto es el de la empresa vinculada a Mauricio de Ita Islas, cuyo hijo —del mismo nombre— está casado con Paola Barragán Ortiz, hija del presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador.
Los hermanos de Ita Islas son socios en una red de empresas que obtienen contratos de obra pública en diversos municipios, entre ellos Xicotepec de Juárez, Tehuacán, Puebla capital y Atlixco. Las compañías involucradas incluyen; Construcciones y Soluciones Ambientales Madeisa, S.A. de C.V.; Trec Desarrolladores, S.A. de C.V.; La Hacienda Constructora y Urbanizadora, S. de R.L. de C.V.; Corporación Industrial y Comercial de Puebla, S.A. de C.V.; y Nesgarde Inmobiliarios y Constructores, S. de R.L. de C.V.
En este esquema de adjudicaciones directas y simulación de competencia, participan de manera interconectada los alcaldes Rogelio López Angulo (Huauchinango), Artemio Hernández Garrido (Chiconcuautla, en múltiples periodos), Carlos Barragán Amador (Xicotepec de Juárez), José Luis Márquez Martínez (Zacatlán, y actualmente a través de su esposa Beatriz Sánchez Galindo, presidenta municipal en funciones) y Ariadna Ayala Camarillo (Atlixco).
Políticos y empresarios
Carlos Barragán participa como accionista en al menos tres empresas; Doblacero y Laminados Tihuatlan, S.A. de C.V.; Beneficio San Carlos, S.A. de C.V. y Servicios Hoteleros Sierra Norte, S.A. de C.V. Las Empresas relacionadas con familiares: Doblacero y Laminador, S.A. de C.V.; Constructora Kakolun, S.A. de C.V. y Corte y Doblez Barragán, S.A. de C.V.
José Luis Márquez Martínez, socio de Gal México de Puebla, S.A. de C.V. y Fin Puebla, S.C. de R.L. en donde también participan los Rivera, ex presidentes municipales de Chignahuapan, entre otros 95 políticos.
Sin duda estos políticos toman muy en serio el dicho popular "en este país el que no tranza no avanza"
¿O no lo cree usted?

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