Tras denuncias de corrupción remueven a Liz Gallegos

Remoción de Lizeth Gallegos Lozano de la CEEAVI tras denuncias de corrupciónLizeth Gallegos Lozano fue removida de su cargo como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla (CEEAVI), organismo descentralizado encargado de brindar atención inmediata, asistencia, reparación integral y protección a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en la entidad.
La decisión se tomó por indicación directa del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ordenó su reubicación a un puesto de menor visibilidad y proyección pública: la Dirección de Planeación Estratégica en la Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado (UCIPS), bajo la dirección de Silvia Victoria Serrano Zafra. Este cambio ocurrió sin anuncio oficial, boletín institucional ni explicación pública por parte del gobierno estatal o de la propia CEEAVI, lo que generó cuestionamientos sobre la opacidad en el manejo de personal en dependencias sensibles. La salida de Gallegos Lozano se produjo a menos de 40 días de la publicación de una denuncia pública en el portal Ni Perra Idea, donde se expusieron presuntas irregularidades internas en la comisión, incluyendo actos de corrupción, extorsión, despido injustificado y discriminación.
La remoción representa uno de los primeros movimientos significativos en el combate a la corrupción anunciado por la administración de Armenta, en un contexto donde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha abierto cientos de investigaciones contra servidores públicos, aunque en este caso no se ha confirmado la apertura formal de un procedimiento administrativo o penal específico contra la ex titular.
Las denuncias que precipitaron la salida de Lizeth Gallegos Lozano se centraron principalmente en conductas atribuidas a su equipo cercano, particularmente a la entonces titular de la Dirección de Asesoría Jurídica, Lorena Medel García.
La ex asesora jurídica Carolina Botello presentó una denuncia detallada que incluyó exigencias de "moches" o cuotas ilegales, préstamos forzados a subordinados y presiones laborales indebidas, prácticas que configuran posibles faltas graves a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Curiosamente, el mismo día en que se hizo pública la denuncia —el 3 de diciembre de 2025—, Lorena Medel García dejó su cargo en la CEEAVI, aunque la institución negó cualquier vínculo entre la salida y las acusaciones.
Este patrón de remociones rápidas y silenciosas sin justificación oficial alimenta sospechas de encubrimiento o protección de redes de corrupción internas, especialmente en una dependencia cuya función primordial es la atención digna y sensible a víctimas vulnerables, muchas de ellas mujeres en contextos de violencia de género. Sin embargo sus logros contrastan con las acusaciones de prácticas corruptas que podrían haber comprometido recursos destinados a la reparación del daño y la asistencia psicosocial.
El caso de Lizeth Gallegos Lozano se inscribe en la política de cero tolerancia a la corrupción impulsada por el gobierno de Alejandro Armenta, que ha resultado en la apertura de cientos de expedientes de investigación contra funcionarios estatales y la habilitación de buzones digitales para denuncias ciudadanas.
Sin embargo, la ausencia de información oficial sobre las causas precisas de la remoción y la falta de un comunicado que detalle si existen carpetas abiertas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en la Secretaría Anticorrupción deja un vacío que podría interpretarse como manejo discrecional del poder para evitar escándalos mayores. Gallegos Lozano, quien asumió el cargo en enero de 2025 tras un perfil político vinculado a Morena y movimientos como Fuerza por México, había sido presentada como parte del impulso a políticas de atención con perspectiva de género y derechos humanos.
Su traslado a la UCIPS, una institución de formación policial, representa un retroceso en jerarquía y visibilidad, lo que sugiere que la decisión busca contener el daño reputacional sin un proceso público de rendición de cuentas. Este episodio pone en evidencia las tensiones entre los avances institucionales en materia de víctimas y los riesgos de infiltración de prácticas corruptas en organismos autónomos, demandando mayor transparencia y seguimiento por parte de órganos de fiscalización para garantizar que los recursos públicos se destinen efectivamente a quienes más lo necesitan en Puebla.[9 de enero de 2026]