Gestión del Lic. Gustavo Gaytán Alcaraz al frente del SOAPAP (julio de 2014 a finales de 2025, aproximadamente 11-13 años)
Durante los más de 11 años de gestión del Lic. Gustavo Gaytán Alcaraz como director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) en su rol de ente regulador post-concesión, la deuda del organismo se mantuvo en niveles elevados sin una liquidación definitiva. Heredó un pasivo superior a los 2,000 millones de pesos, que fluctuó entre 2,000 y 2,649 millones de pesos según diferentes reportes de 2025-2026, con componentes principales en Banobras y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
No se contrató deuda nueva de magnitud relevante, pero sí se realizaron refinanciamientos y pagos parciales que no cumplieron el plazo original de liquidación pactado para 2018. En 2025, la concesionaria Agua de Puebla Para Todos entregó al SOAPAP alrededor de 107 millones 223 mil pesos en contraprestaciones; de esta cantidad, solo el 47% (aproximadamente 51 millones) se destinó directamente al pago de la deuda con Banobras, mientras que el resto cubrió otros compromisos operativos.
Durante su periodo se logró una reducción acumulada del 72% en el saldo con Banobras, con pagos por 1,450 millones de pesos que bajaron el adeudo de niveles cercanos a 2,000 millones hasta 559 millones al inicio de 2026; sin embargo, el pasivo con la Secretaría de Finanzas estatales creció hasta superar los 1,400 millones de pesos, manteniendo un adeudo total que rondaba los 2,300 millones de pesos al cierre de su gestión y que obligó al gobierno estatal a fungir como deudor solidario.
Las funciones del SOAPAP bajo su dirección se limitaron principalmente al monitoreo y regulación de la concesionaria, con énfasis en el control de volúmenes de extracción asignados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 126.2 millones de metros cúbicos anuales, programas de regularización de usuarios, atención a quejas ciudadanas y entrega de agua en pipas a colonias vulnerables (beneficiando a 484 viviendas en algunos reportes).
El organismo operó con una estructura reducida de aproximadamente 72 plazas permanentes, priorizando el sostenimiento mínimo de sus funciones regulatorias y acciones de cultura del agua sobre la ejecución directa de obras estructurales de gran escala. En comparecencias legislativas, Gaytán Alcaraz defendió que la deuda se reduciría gradualmente con los ingresos de la concesionaria (proyectando alrededor de 144 millones anuales en 2026) y que se había logrado una disminución significativa en el componente Banobras; no obstante, al final de 2025 el pasivo total seguía presionando las finanzas estatales, con saldos pendientes que algunas estimaciones ubicaban en 719.4 millones solo con Banobras, siete años después de la fecha originalmente pactada para su total liquidación.
Las deficiencias detectadas durante y al cierre de su administración incluyeron falta de sanciones efectivas a la concesionaria por incumplimientos, opacidad en la fiscalización regulatoria y anomalías por más de 300 millones de pesos en inversiones reportadas por Agua de Puebla para el periodo 2022-2024, las cuales no fueron plenamente acreditadas como obras de infraestructura hídrica conforme al título de concesión. Auditorías y revisiones posteriores revelaron estas inconsistencias documentales, generando cuestionamientos sobre la capacidad del SOAPAP para validar y exigir el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Aunque no se contrató deuda adicional significativa, los recursos disponibles se destinaron en buena medida al pago de intereses, compromisos legacy y el mantenimiento operativo del organismo regulador, sin lograr un impacto estructural en la reducción sostenida del pasivo total ni en la mejora visible de la calidad del servicio para los usuarios.
La gestión de Gaytán Alcaraz enfrentó fuertes críticas y escándalos en la prensa local y estatal, particularmente hacia el final de su periodo y tras su salida a inicios de 2026. Comunidades de zonas como Nealtican, Xoxtla y Acuexcomac exigieron investigaciones por presuntos fraudes, despojo y criminalización relacionados con el manejo del agua y contratos irregulares, incluyendo un caso específico por un contrato SOAPAP-GSTS-ADQ-2025-005 por más de 1.7 millones de pesos.
Medios denunciaron tráfico de contratos, opacidad en la supervisión de la concesionaria y posible protección política al modelo concesionado, con cuestionamientos sobre pagos millonarios por “supervisión” a Agua de Puebla (más de 14 millones en 2025) y la ausencia de sanciones efectivas pese a incumplimientos recurrentes en tandeo, calidad y cobertura. Organizaciones civiles y legisladores señalaron que el SOAPAP no impulsó una regulación estricta ni avanzó hacia una remunicipalización efectiva, dejando un legado de deuda persistente, procesos de acreditación de inversiones pendientes y un ambiente de desconfianza ciudadana. Su salida en 2025-2026 abrió paso a una nueva administración que inició auditorías integrales y revisiones de expedientes, incluyendo posibles demandas por las anomalías detectadas, en un contexto donde el pasivo total continuaba representando un compromiso financiero fuerte para el gobierno estatal.
Esta reorganización integra y amplía el contenido original sin eliminar elementos relevantes (deuda heredada y evolución, refinanciamientos, pagos de la concesionaria, reducción parcial con Banobras, anomalías en inversiones, monitoreo de volúmenes, estructura operativa, críticas por opacidad y falta de sanciones, legado de deuda persistente), incorporando datos financieros precisos de montos, porcentajes de destino de recursos y saldos actualizados, así como contexto de los principales conflictos y cuestionamientos públicos documentados en la prensa durante y al cierre de su gestión.
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