SOAPAP 2025-2026

 Gestión de la Lic. Josefina Morales Guerrero al frente del SOAPAP (desde finales de 2025 a la fecha en 2026)

La Lic. Josefina Morales Guerrero asumió la Dirección General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) a finales de 2025 o inicios de 2026, en un contexto de revisión profunda del modelo concesionado y bajo presión legislativa para transparentar los adeudos históricos del organismo. 

Su administración heredó una deuda total que, según sus propias comparecencias ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado en marzo de 2026, asciende a aproximadamente 2,037 millones de pesos al corte de febrero de 2026 (con variaciones mínimas desde los 2,030.6 millones reportados en septiembre de 2025 y los 2,035 millones al cierre de ese año). Algunas estimaciones y declaraciones públicas la ubican por arriba de los 2,300 millones de pesos. 

Esta deuda se compone principalmente de entre 542 y 624 millones de pesos con Banobras (proyectados a liquidarse completamente en 2028) y más de 1,495 a 1,499 millones de pesos con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. No se ha contratado deuda nueva significativa, pero el énfasis se ha colocado en la reestructuración de los pasivos existentes y en pagos programados, con el gobierno estatal fungiendo como deudor solidario para garantizar las obligaciones y evitar afectaciones directas al servicio público de agua potable.

En los primeros meses de su gestión, los pagos realizados alcanzaron los 20 millones de pesos en el primer bimestre de 2026 destinados a amortizar capital, con proyecciones de 60 millones 403 mil 912 pesos adicionales solo en intereses durante el resto del año 2026. Estos recursos se financian parcialmente con las contraprestaciones recibidas de la concesionaria Agua de Puebla Para Todos, que en 2025 ascendieron a alrededor de 107 millones de pesos. 

Morales Guerrero ha destacado en sus intervenciones legislativas que el SOAPAP ha cumplido puntualmente con sus obligaciones, aunque el pasivo completo continuará presionando las finanzas estatales hasta 2028. Parte de los recursos disponibles se ha destinado al pago de compromisos heredados y al fortalecimiento de las funciones regulatorias del organismo.

Las deficiencias identificadas al inicio de su administración incluyen la herencia de irregularidades por más de 300 millones de pesos en inversiones reportadas por la concesionaria correspondientes al periodo 2022-2024, las cuales no han sido plenamente acreditadas como obras de infraestructura conforme al título de concesión. Existen observaciones pendientes de auditoría derivadas de la entrega-recepción de la gestión anterior, así como la necesidad de iniciar procesos legales contra exfuncionarios por posibles anomalías en la fiscalización regulatoria. 

Aunque aún no se han formalizado demandas públicas en todos los casos, la directora ha señalado públicamente incumplimientos de Agua de Puebla en los programas de inversión comprometidos (solo 675 millones de pesos ejercidos de 2,365 millones de pesos pactados), lo que ha agudizado deficiencias en el suministro y estancado proyectos de mejora.

Las acciones e inversiones bajo su dirección se han enfocado en el fortalecimiento de la regulación del servicio concesionado, incluyendo el monitoreo riguroso de la calidad del agua, los volúmenes de extracción y la tramitación de 10 nuevos permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

Se han impulsado programas como “Regularízate” dirigido a colonias rezagadas, el análisis detallado de acreditación de obras realizadas por la concesionaria y acciones de atención a contingencias mediante entrega de agua en pipas. El énfasis principal ha sido en la transparencia, la rendición de cuentas y el diseño de un plan de rescate financiero que garantice la viabilidad del organismo regulador a largo plazo, sin comprometer la continuidad del servicio a la población.

Hasta la fecha en 2026, su gestión representa un intento inicial de reingeniería financiera y regulatoria del SOAPAP en su rol de ente supervisor post-concesión. En comparecencias ante el Congreso, Morales Guerrero ha ampliado la información pública sobre el pasivo histórico y ha exigido mayor cumplimiento a la concesionaria.

 Las críticas iniciales se centran en la velocidad para aplicar sanciones efectivas a exdirectivos y a la propia concesionaria por incumplimientos recurrentes, aunque sus reportes han permitido un mayor escrutinio legislativo y ciudadano sobre la deuda y la operación del servicio. El gobierno estatal ha reiterado que continuará cubriendo los pagos como deudor solidario para proteger a los usuarios mientras se avanza en la reestructuración y en la exigencia de las inversiones pendientes.