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Los dos jóvenes, detenidos en 2021 y acusados de fabricar drones con explosivos para el Cártel de Santa Rosa de Lima, quedaron libres de los cargos principales por decisión de la justicia federal. La clave fue que el cateo inicial se declaró ilegal, lo que invalidó la mayoría de las pruebas.
Cronología del caso
- 2020 – Investigación y decomiso: La FGR recibió denuncias anónimas sobre fabricación de bombas y uso de drones en Puebla. En cateos en San Andrés Cholula (con apoyo de la Sedena) se hallaron explosivos C4, pólvora, armas, cartuchos y tres drones.
- Abril 2021 – Detenciones:
- Diego “J” (entonces de 27 años, estudiante de Ingeniería Mecánica hasta séptimo semestre) fue arrestado en San Andrés Cholula.
- Rogelio “L” (entonces de 26 años, estudiante de Ingeniería Civil) fue detenido simultáneamente en Xochitepec, Morelos.Ambos fueron vinculados a proceso por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (fabricación de explosivos de uso exclusivo del Ejército sin permiso). A Diego también se le imputó posesión de armas y cartuchos. Quedaron en prisión preventiva en el penal de San Miguelito, Puebla.
- 2022 – Primera exoneración: La jueza federal Marcela Elizabeth García Cante determinó que la primera revisión del inmueble fue ilegal (se realizó sin orden de cateo). Anuló 11 de las 13 pruebas presentadas por la FGR y desestimó los cargos de delincuencia organizada y fabricación de artefactos explosivos. Solo quedaron cargos menores de portación de armas contra Diego.
- 2023 – Resolución definitiva: Un Tribunal Colegiado de Apelación en Puebla ratificó la exoneración total por el delito de fabricación de explosivos vinculados al narcotráfico. Diego obtuvo sentencia absolutoria también respecto de los cargos restantes de portación de armas. Rogelio ya había sido liberado anteriormente.
Las autoridades los señalaron como posibles “pioneros” en el uso de drones con explosivos para el Cártel de Santa Rosa de Lima (ligado en su momento a José Antonio Yépez, “El Marro”). Se mencionó que el grupo reclutaba estudiantes de ingeniería. La FGR y Sedena intervinieron tras interceptar comunicaciones que hablaban de posibles ataques con drones. La resolución se basó estrictamente en violaciones al debido proceso (cateo ilegal), no en un análisis de fondo sobre si existió o no la fabricación de los artefactos.
Fuentes consultadas: Primera Línea, Quadratín, Periódico Central, La Jornada de Oriente, e-consulta y La Crónica (2021-2023).
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