Huachicol, crimen y omisión institucional: las rutas del poder criminal en la Sierra Norte poblana

 

Huachicol, crimen y omisión institucional: las rutas del poder criminal en la Sierra Norte poblana

Aquixtla, Puebla. La detención de presuntos huachicoleros en este municipio serrano, enclavado en el corredor del crimen que conecta a Chignahuapan, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, ha vuelto a poner el reflector sobre una realidad que ni las cifras ni los partes oficiales logran encubrir: el control territorial de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, el narcomenudeo y la extorsión, bajo el manto de la omisión institucional.

El 21 de febrero de 2021, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Juan Carlos M., de 46 años, y a María M., de 33, en Aquixtla, a bordo de una Nissan Pick Up con placas de Veracruz. En la caja, cuatro contenedores de plástico llenos de gasolina robada. Según la Secretaría de Seguridad Pública, los detenidos formaban parte de la célula de los hermanos Juan y Guadalupe L., conocidos como "El Moco" y "Z46", operadores de una red delictiva con fuerte presencia en la Sierra Norte.

Tan solo dos meses antes, el 6 de diciembre de 2020, también en Aquixtla, agentes estatales capturaron a Francisco F. y Fernando F., presuntos integrantes de la banda de “El Oso”, cuando transportaban mil 600 litros de gasolina robada en una camioneta con placas de la Ciudad de México. La captura ocurrió en inmediaciones de Tlatempa, una comunidad clave en la logística del huachicol en la región.

Pero la operación criminal no es nueva. Documentos oficiales dan cuenta de casos anteriores que confirman la continuidad y la impunidad del fenómeno. El 6 de febrero de 2018, durante un patrullaje de rutina en la carretera Chignahuapan-Aquixtla, policías municipales detectaron una Suburban verde con placas veracruzanas que aceleró al percatarse de su presencia. Aunque no lograron interceptarla, metros más adelante encontraron el vehículo abandonado. En su interior, 20 garrafones —12 azules y 8 blancos— llenos al 90% con gasolina robada. El vehículo, con reporte de robo, fue asegurado por la policía y turnado al Ministerio Público Federal en Huauchinango. Nadie fue detenido.

Un año antes, en un hecho de características similares, otro aseguramiento en la misma vía dejó al descubierto la existencia de rutas clandestinas de traslado. Lo ocurrido en Chignahuapan se repitió el 6 de febrero de 2018 cuando una nueva persecución —también sobre la carretera estatal Chignahuapan-Aquixtla— derivó en el hallazgo de otra Suburban verde con placas del estado de Veracruz, con cargamento superior a los mil litros de hidrocarburo. La camioneta, al detectar a la patrulla, aceleró y fue abandonada kilómetros adelante. Los uniformados hallaron 20 garrafones de 55 litros cada uno, llenos en su mayoría. El vehículo tenía reporte de robo y fue remitido a la fiscalía federal. Los responsables, nuevamente, lograron escapar.

Una estructura con rostro y territorio

Los nombres de “El Moco”, “Z46” y “El Oso” son parte del léxico habitual de los cuerpos de seguridad en la región. Son identificados como líderes de células especializadas en huachicol y drogas, pero pese a ello siguen operando sin mayores obstáculos. El patrón se repite: vehículos con placas foráneas, garrafones industriales, rutas rurales, choferes sin documentos, y una narrativa institucional que se agota en el decomiso, sin tocar las estructuras financieras o de complicidad política.

Los pueblos donde operan —Tetela, Aquixtla, Zacatlán, Chignahuapan— han aprendido a guardar silencio. Entre amenazas, dádivas y miedo, las comunidades han normalizado la circulación de unidades cargadas con gasolina robada al amanecer. Mientras tanto, las autoridades municipales fingen no ver. En algunos casos, según fuentes reservadas, incluso informan a las bandas sobre operativos programados.

La omisión como regla

Los decomisos muestran apenas la punta del iceberg. El aparato estatal no ha construido una estrategia efectiva para desmantelar las redes logísticas del huachicol. Las detenciones —limitadas casi siempre a operadores de bajo perfil— no se traducen en investigaciones profundas. La Fiscalía General del Estado actúa con lentitud, mientras la SSP presume aseguramientos sin contexto.

La reiteración de los hechos en un mismo corredor geográfico no es casual: es evidencia de una estructura funcional y protegida. El triángulo Chignahuapan–Tetela–Aquixtla no solo es paso de combustible robado. Es un laboratorio de impunidad.

Huachicol: economía paralela, crimen transversal

Para muchos habitantes de las zonas más marginadas, el huachicol representa una alternativa de ingreso ante la precariedad estructural. La gasolina robada se revende a precios menores en comunidades serranas donde PEMEX no tiene estaciones, pero el crimen sí tiene redes. El robo de combustible financia no solo el narcomenudeo, sino campañas políticas, sobornos y pactos silenciosos.

Los casos aquí documentados son una crónica de lo que sucede cuando el Estado abdica de su responsabilidad: la delincuencia organizada llena el vacío, establece rutas, pacta con autoridades y se convierte en poder fáctico.

Y mientras la narrativa oficial se limita al decomiso ocasional, los tambores con hidrocarburo siguen rodando por las carreteras secundarias de la Sierra Norte. Nadie los detiene. Nadie los nombra. Pero todos saben que están ahí.