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Huachicol en la Sierra Norte: el nuevo frente del crimen en Puebla

Huachicol en la Sierra Norte: el nuevo frente del crimen en Puebla

AQUIXTLA, PUEBLA.— La Sierra Norte se ha convertido en el nuevo epicentro del robo de combustible en el estado de Puebla. El gobernador Alejandro Armenta Mier, en un intento por frenar el avance de grupos criminales que controlan el trasiego de hidrocarburos robados, ordenó un despliegue especial de vigilancia en municipios clave: Zacatlán, Chignahuapan y Ahuazotepec. La orden llega en un momento crítico: las estadísticas revelan una preocupante concentración de tomas clandestinas en esta franja montañosa, que pasó de ser una zona de tránsito a un enclave estratégico del crimen organizado.

De acuerdo con información obtenida por Paralelo 19 vía solicitudes de transparencia a Pemex, de las 2,902 tomas ilegales detectadas en los últimos seis años en todo Puebla, 2,126—el 73%—corresponden a ocho municipios serranos. La geografía ha cambiado. Si antes el llamado Triángulo Rojo —Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, entre otros— era el territorio por excelencia del huachicol, hoy ese protagonismo ha sido asumido por el norte del estado, particularmente por Huauchinango, donde se reportaron 1,212 perforaciones ilegales entre 2019 y 2024.

El fenómeno no es nuevo, pero su evolución es significativa. El desplazamiento coincide con el cierre de válvulas en ductos estratégicos ordenado en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que obligó a las bandas a replegarse hacia zonas menos vigiladas. De 233 tomas registradas en el Triángulo Rojo en 2019, la cifra cayó a apenas dos en 2024. Mientras tanto, en la Sierra Norte, el huachicol se disparó: de 194 casos en 2021 a 443 en 2024.

Una estrategia de contención

El cambio no ha pasado inadvertido para el gobierno estatal. Armenta Mier ha reconocido públicamente que el desafío de seguridad en la Sierra Norte requiere inteligencia, coordinación y firmeza. En ese contexto, anunció el pasado 10 de febrero un operativo integral con participación de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y cuerpos municipales. Las acciones incluyen patrullajes aéreos y terrestres, vigilancia en caminos rurales y retenes en accesos clave.

“La seguridad no es un asunto de discursos, es un asunto de corresponsabilidad institucional”, declaró el mandatario, quien ha buscado reposicionar a Puebla como un territorio de ley, en contraste con los años de permisividad institucional que caracterizaron a administraciones pasadas.

El llamado “blindaje de Puebla”, como ha sido bautizado el operativo, ha comenzado a rendir frutos: aseguramientos de combustible robado, detenciones de operadores ligados a bandas huachicoleras y presencia militar en municipios como Aquixtla, donde antes ni siquiera había rondines de rutina.

El lastre heredado

Detrás del auge del huachicol en la Sierra Norte persiste la sombra de una red política y criminal tejida durante los sexenios de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad. Fue en ese periodo —con Facundo Rosas al frente de la seguridad pública— cuando el robo de combustible creció casi 1,000%, según cifras de Pemex. El tejido de complicidades permitió que grupos como el de Juan Lira Maldonado, alias El Moco, se consolidaran en regiones como Chignahuapan, Zacatlán y Ahuazotepec, con tentáculos que llegan hasta Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.

Hoy, las autoridades enfrentan el legado de esa permisividad: un mercado negro de hidrocarburos bien estructurado, con rutas definidas, operadores profesionales y protección comunitaria. Según fuentes locales, “El Moco” mantenía vínculos con autoridades municipales, financiaba campañas políticas y distribuía despensas como forma de control territorial. Su caída en agosto pasado no ha frenado por completo el negocio, pero ha abierto un margen de maniobra institucional que el gobierno de Armenta intenta aprovechar.

¿Una nueva etapa?

Los números no mienten: en Puebla se registra una ordeña cada 18 horas, y el fenómeno se ha sofisticado. Las bandas han diversificado su operación, combinando huachicol, tala clandestina, extorsión y tráfico de madera, según reportes de inteligencia. Municipios como Aquixtla y Tetela de Ocampo, hasta hace poco fuera del radar, se están convirtiendo en zonas de paso, resguardo y almacenaje de combustible robado.

Frente a ello, el gobierno estatal ha comenzado a trazar una estrategia de contención, que incluye además del uso de la fuerza, una revisión del papel de las presidencias municipales, muchas de las cuales han sido señaladas por omisión o complicidad.

El camino es largo, pero por primera vez en años, la Sierra Norte ha dejado de ser tierra de nadie. Si el gobierno de Armenta logra mantener la presión sobre las redes criminales y consolidar el respaldo federal, Puebla podría no sólo contener la expansión del huachicol, sino revertirla. La batalla no está ganada, pero al menos —por fin— ha comenzado.

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