Cronología de la delincuencia y alcaldes poblanos

 En la última década, diversos políticos del estado de Puebla —desde alcaldes municipales hasta figuras estatales y federales relacionadas con la entidad— han sido señalados por nexos con organizaciones delictivas. Algunos han terminado detenidos y procesados; otros enfrentan investigaciones en curso o han sido acusados públicamente con evidencias (crimen organizado).

Paralelo 19 realizó un recuento cronológico de los casos más relevantes entre 2015 y 2025, organizado por año, municipio y el tipo de implicación (detención, investigación o señalamiento mediático), junto con el estatus actual de cada proceso.

2017 – Primeros golpes en el “Triángulo Rojo”

• Atzitzintla (Detención, 2017): José Isaías Velázquez Reyes, presidente municipal (PRD) de Atzitzintla(2014–2018), fue detenido en marzo de 2017 por proteger con la policía local a la banda huachicolera de “El Bukanas”, vinculada a Los Zetas. Este edil —llamado por la prensa “el Abarca poblano” en alusión al caso Iguala— presuntamente coludió con ladrones de combustible en la región conocida como Triángulo Rojo. Si bien se le dictó prisión preventiva, diputados locales señalaron posteriormente falta de pruebas; el proceso de Velázquez quedó débil y habría recuperado su libertad meses después por falta de elementos para procesarlo. Actualmente no enfrenta condena, pero su caso marcó el inicio de una serie de ediles poblanos investigados por huachicol (robo de hidrocarburos).

• Palmar de Bravo (Detención, 2017): Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo (2014–2018, postulado por PSI), fue arrestado el 5 de julio de 2017 por la Procuraduría General de la República. La Marina ejecutó una orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al descubrirse que sus gasolineras vendían combustible robado. Cuatro estaciones de servicio ligadas a Morales, ubicadas en Amozoc, Tecamachalco y Palmar de Bravo, fueron clausuradas tras detectar facturas irregulares y compra de combustible ilícito. El edil había sido investigado por huachicol junto a otros presidentes municipales del Triángulo Rojo, zona donde proliferó el robo de combustible. Estatus: Morales Ugalde fue procesado pero finalmente absuelto en 2018 por falta de pruebas sólidas, convirtiéndose en el segundo alcalde poblano señalado por huachicol que logró librar cargos. Su caso evidenció el poder del crimen organizado en gobiernos locales, aunque no derivó en sentencia.

2018 – Investigaciones a alcaldes en funciones

• San Martín Texmelucan (Investigación, 2018): Rafael Núñez Ramírez, presidente municipal de San Martín Texmelucan (2014–2018, PT), terminó investigado por sus presuntos nexos con bandas de huachicol y por la infiltración del crimen en su policía municipal. En mayo de 2018, el Gobierno estatal intervino la seguridad de Texmelucan: destituyó y arrestó a mandos policiacos tras descubrir más de 100 “policías fantasmas” (elementos no acreditados en nómina) posiblemente al servicio de grupos delictivos. Se acusó a Núñez de tolerar o encubrir estas irregularidades, y el entonces gobernador Antonio Gali confirmó que el edil estaba bajo investigación por nexos con el crimen organizado. Núñez negó las acusaciones y solicitó licencia antes de terminar su periodo, alegando no querer entorpecer las pesquisas. Estatus: No se reportó su detención formal; concluyó su mandato fuera del cargo y nunca se le fincó responsabilidad penal pública. Aún así, Texmelucan pasó a la historia por la colusión entre autoridades y huachicoleros durante su gestión.

 

• Amozoc (Señalamiento mediático, 2018): José Cruz Sánchez Rojas, alcalde de Amozoc (2014–2018, entonces aliado al PAN), fue acusado públicamente de operar el robo de combustible en su municipio. En junio de 2018, tras el asesinato de seis policías municipales en Amozoc, circuló un video de supuestos policías acusando al edil y a su hermano (“El Choco”) de liderar una red local de huachicol y ordenar protección a las tomas clandestinas. Organizaciones vecinales y medios señalaron que bajo su mandato Amozoc se convirtió en bastión huachicolero, con balaceras nocturnas, ejecuciones de policías y hasta regidores implicados en el delito. Aunque la Fiscalía no inició proceso penal público contra José Cruz (no hubo detención oficial), la Auditoría estatal congeló la aprobación de sus cuentas por posibles desvíos millonarios ligados a estas actividades. Estatus: Sánchez Rojas quedó marcado por el escándalo y su imagen impidió su regreso político. En 2021 trascendió que buscaba ser candidato nuevamente, generando fuerte rechazo ciudadano por “haber metido al municipio en una severa crisis de inseguridad” durante su gestión. No enfrenta cargos penales, pero su caso es emblemático de las acusaciones mediáticas fundamentadas que no siempre derivan en acciones legales.

• Chalchicomula de Sesma – Ciudad Serdán (Investigación, 2018): Juan Navarro Rodríguez, presidente municipal priista de Chalchicomula (Ciudad Serdán) 2014–2018, entró en la mira de las autoridades al concluir su gobierno. Se detectaron posibles vínculos con la delincuencia en su administración, incluyendo desaparición de recursos y tolerancia al crimen. En 2018 se le investigó por irregularidades financieras que más tarde revelarían un esquema masivo de desvío de fondos. Estatus: El caso cobró forma legal hasta años después. Navarro fue detenido en noviembre de 2022, acusado de desviar más de 600 millones de pesosmediante empresas fantasma durante su gestión. Fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad. Al cierre de 2024 el proceso penal seguía en curso, y aunque estos cargos son de carácter administrativo-corrupción (no directamente por narcotráfico), su administración también estuvo bajo sospecha de colusión con grupos delictivos locales. El exalcalde incluso buscó volver a la política tras salir de prisión preventiva en 2023, generando polémica.

2019–2020 – Fugitivos y cambios de gobierno

• Puebla (Exgobernador, investigación en 2019):Aunque fuera del cargo desde 2011, el exgobernador Mario Marín Torres (PRI) apareció nuevamente en titulares a fines de la década por un caso relacionado con crimen organizado de tipo distinto. En 2019, la ONU exigió acciones legales contra los responsables de la red de explotación sexual de menores revelada por la periodista Lydia Cacho años atrás. Marín había sido acusado de coludirse con empresarios criminales(como Kamel Nacif) para silenciar y torturar a Cacho en 2005. A inicios de 2019 se giró una orden de aprehensión en su contra por estos hechos, considerándolos crimen organizado (trata de personas) en agravio de menores. Marín permaneció prófugo hasta que fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco por la Fiscalía General de la República. Estatus: El exmandatario enfrentó proceso penal por tortura; pasó tres años en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano. En agosto de 2024 obtuvo un cambio a prisión domiciliaria en Puebla mientras sigue su juicio. Porta un brazalete electrónico y tiene prohibido salir del estado, a la espera de sentencia definitiva. El caso sigue abierto, con Marín procesado por violaciones a derechos humanos en connivencia con una red delictiva de alcance internacional.

• Ajalpan (Investigación y fuga, 2020): Ignacio Salvador Hernández, alcalde de Ajalpan (2018–2021, Movimiento Ciudadano), fue señalado por nexos con grupos criminales de la Sierra Negra poblana y el estado vecino de Veracruz. A principios de 2020, tras diversas denuncias, la Fiscalía poblana cateó propiedades ligadas al edil en Tehuacán, Eloxochitlán y otros municipios, incautando armas, drogas, vehículos e incluso fauna exótica. Las pesquisas lo vinculaban con bandas de huachicol y posiblemente de narcotráfico en la región limítrofe con Veracruz. Ignacio Salvador huyóese mismo año solicitando licencia al cargo, permaneciendo prófugo por casi tres años. Estatus:Finalmente fue capturado en mayo de 2023 tras permanecer meses evadiendo a la justicia. Se le acusó formalmente de delincuencia organizada y homicidio, entre otros delitos, pero la Fiscalía no logró sustentar los cargos más graves. A los siete meses de su detención, un juez otorgó a Salvador el beneficio de arraigo domiciliario con brazalete electrónico, debido a la falta de pruebas en los delitos de crimen organizado y asesinato. Al inicio de 2025 recuperó su libertad condicional, con prohibición de salir de su municipio. El proceso legal continúa por cargos menores (evasión y otros), lo que ha reavivado el debate regional sobre impunidad y la dificultad de fincar responsabilidades sólidas contra políticos presuntamente aliados con criminales.

2021 – Arrestos de alto perfil y colusión huachicolera

• Quecholac (Detención, 2021): José Alejandro Martínez Fuentes, alcalde de Quecholac (2021–2024, PSI), resultó detenido por la Fiscalía de Puebla el 27 de septiembre de 2021, apenas iniciado su segundo mandato. Alejandro Martínez es hermano de Antonio Valente Martínez, alias “El Toñín”, uno de los líderes huachicoleros más notorios de Puebla. Se le acusó de servir como operador político del clan huachicolero en la región. En específico, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el sistema de seguridad pública, todos relacionados con brindar protección institucional a actividades criminales de El Toñín. La captura ocurrió durante un operativo en Quecholac y provocó que el propio “Toñín” denunciara el hecho en redes sociales, evidenciando su cercanía. Estatus:Martínez Fuentes pasó un año y medio en prisión preventiva; a inicios de 2023 obtuvo su libertad condicionada (algunos delitos fueron desestimados). Sin embargo, el proceso legal sigue abierto. El caso puso al descubierto la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales: Quecholac, en pleno Triángulo Rojo, quedó acéfalo tras la caída de un alcalde huachicolero confeso.

• Tecamachalco (Investigación, 2021–2022): Inés Saturnino López Ponce, exalcalde panista de Tecamachalco (2014–2018), acumuló acusaciones de diversa índole tras su controvertida gestión, pero la más grave emergió en 2021. Se le señaló de haber evitado la detención de un importante capo huachicolero en su municipio —presuntamente “El Toñín”— mediante el uso de sus influencias políticas. La Fiscalía estatal retomó la denuncia y en 2022 vinculó a proceso a Saturnino por encubrimiento y complicidad con el crimen organizado. Este caso, revelado a fines de 2022, expuso cómo un presidente municipal pudo haber obstaculizado un operativo contra un líder del robo de combustible, anteponiendo intereses criminales a la ley. Inés Saturnino, quien ya cargaba con antecedentes de violencia política de género y desvío de recursos, negó las imputaciones, pero el juez encontró elementos para sujetarlo a proceso. Estatus: En 2023 el exedil seguía enfrentando el juicio; no hay sentencia aún, por lo que permanece bajo proceso penal. Este expediente refleja la extensión de la red de El Toñín en la política poblana, pues Saturnino formó parte de los alcaldes cercanos al exgobernador Rafael Moreno Valle, cuya gestión fue criticada por presuntamente tolerar el huachicol en la región.

• Puebla (Figura federal, detención 2021-2022):Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal y exsecretario de Seguridad Pública de Puebla (2013–2015), fue detenido en enero de 2022 en Ciudad de México por su implicación en la trama de tráfico de armas conocida como “Rápido y Furioso”. Rosas, uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna, tenía una orden de aprehensión girada por un juez federal por haber colaborado en 2009–2011 con el fallido operativo que permitió el ingreso ilegal de 2,500 armas de alto poder de EE.UU. a manos del crimen organizado en México. Su arresto ocurrió de forma fortuita: tras atropellar accidentalmente a una mujer (que falleció), agentes capitalinos descubrieron la alerta federal en su contra. De inmediato fue entregado a la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Estatus: Facundo Rosas enfrentó un proceso tanto por homicidio culposocomo por el caso de tráfico de armas al cártel de Sinaloa. Para julio de 2022 se le dictó auto de formal prisión; aunque fue exonerado posteriormente del cargo de armas en el contexto de Rápido y Furioso, permaneció recluido por el delito relacionado con la muerte de la mujer. A mediados de 2025 continúa preso en el Reclusorio Norte, pendiente de juicio. Su caso, si bien de alcance federal, involucra a Puebla por el cargo que ostentó en el estado y representa el enlace de la política poblana con los grandes escándalos nacionales de narcotráfico.

2022 – Continua depuración y “lista negra” de ediles

 

• Tepatlaxco de Hidalgo (Detención, 2022): Calixto González Montero, exalcalde de Tepatlaxco (2018–2021, PSI), fue detenido tras concluir su mandato y se le vinculó a proceso en 2022. La acusación principal: vínculos directos con el crimen organizado en su demarcación, además de abuso de autoridad. Las autoridades no detallaron públicamente con qué grupo específico colaboraba, pero trascendió que Tepatlaxco, municipio cercano a la capital poblana, registró actividad inusual de narcomenudeo y huachicol en esos años. Estatus: González Montero permanece bajo proceso penal; su detención formó parte de una amplia operación de la Fiscalía contra exediles del interior del estado anunciada en 2022. Su caso sigue abierto y representa el único edil de ese periodo procesado explícitamente por nexos con el narco en la región centro de Puebla.

• Piaxtla (Detención, 2022): Miguel Ángel Maceda Carrera, alcalde de Piaxtla (2018–2021, PT), fue aprehendido en funciones acusado de hechos violentos. Se le imputó homicidio doloso(presuntamente ordenó o encubrió un asesinato) y encubrimiento, lo que muchos vinculan a disputas con bandas locales en la Mixteca poblana. Estatus:Vinculado a proceso en 2021, Maceda continuaba preso en 2022. Si bien su caso es de índole criminal, no se ha confirmado que el homicidio esté ligado a un cártel; podría tratarse de una pugna política local. No obstante, reveló posibles colusiones con sicarios en zonas rurales de Puebla.

• Acatlán de Osorio (Detención, 2022): Arturo CajicaGómez, edil de Acatlán (2021–2024, PRD), fue detenido a su primer año de gobierno por cargos de encubrimiento y uso ilícito de funciones. Aunque oficialmente se le vinculó a irregularidades administrativas, su nombre apareció en reportes de prensa por presunta cercanía con grupos delictivos en la frontera Puebla-Oaxaca (Acatlán es zona de trasiego). Estatus: Cajica fue vinculado a proceso; para 2023 seguía fuera del cargo y enfrentando juicio. Su caso ilustra la rápida acción contra nuevos alcaldes con antecedentes sospechosos tras el cambio de gobierno en Puebla en 2019 (administración de Miguel Barbosa).

• San Andrés Cholula (Detención, 2022): Leoncio Paisano Arias, exalcalde panista de San Andrés Cholula (2014–2018), fue detenido en 2021 acusado de daño patrimonial al erario municipal. Si bien el cargo formal fue peculado (desvío de recursos), diversos señalamientos ciudadanos lo vinculaban con desarrolladores ligados a lavado de dinero, una forma de crimen organizado de cuello blanco. Paisano obtuvo su libertad bajo amparo poco después de su arresto. Estatus: Caso cerrado con libertad del imputado; no se comprobó su involucramiento con ningún cártel. Representa cómo algunas detenciones por corrupción en Puebla despertaron sospechas de operaciones financieras ilícitas más amplias, aunque sin probar.

• Tehuacán (Detención, 2020): Felipe de Jesús PatjaneMartínez, alcalde de Tehuacán (2018–2020, Morena), fue detenido en noviembre de 2019 por delitos de corrupción (peculado y uso ilícito de facultades). Aunque su arresto obedeció a disputas políticas locales, Tehuacán era identificado como corredor de huachicol y narcotráfico. Patjane fue encarcelado durante más de dos años. Estatus: En enero de 2025 obtuvo libertad condicional por acuerdo judicial, sin haber recibido sentencia condenatoria. No se le comprobó colusión con grupos criminales, pero su caída allanó el camino para una intervención estatal en la policía de Tehuacán, que sí presentaba infiltración del crimen organizado. Su caso evidencia que, en el contexto poblano, corrupción municipal e inseguridad suelen ir de la mano.

(En 2022, al menos 15 alcaldes y exalcaldes poblanosenfrentaban procesos penales por distintos ilícitos, desde desvíos hasta homicidio. Cinco eran priístas, tres panistas y varios de partidos locales, reflejando un fenómeno transversal. No todos los casos implicaban carteles, pero la estrategia de la Fiscalía fue amplia. Una “lista negra” divulgada ese año citaba a 14 candidatos a alcaldías con antecedentes delictivos o denuncias pendientes.)

2023–2025 – Nuevos casos y operativos recientes

• Ajalpan (Detención, 2023): (Véase caso Ignacio Salvador arriba, listado en 2020.) Tras su captura en 2023, el exalcalde prófugo Ignacio Salvador Hernández obtuvo arraigo domiciliario en enero de 2025, al no poderse comprobar los delitos de crimen organizado inicialmente imputados. Su liberación condicional, junto con la del exedil de Tehuacán, generó críticas sobre posibles vacíos en la procuración de justicia en Puebla.

• Región Serdán – Malpaisillo (Detención, 2025): En marzo de 2025, un operativo estatal-federal logró la detención simultánea de los hermanos González Vieyra, una familia de exalcaldes ligada a delitos de alto impacto. Uruviel González Vieyra (MC), expresidente municipal de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán, 2018–2021); Giovanni González Vieyra (MC), expresidente de Tlachichuca (2018–2021); y su padre Ramiro Margarito González (exedil de San Nicolás Buenos Aires, y patriarca político local) fueron capturados tras cateos en ranchos de la zona de Ciudad Serdán. Los tres exediles poblanos están acusados de secuestro y extorsión durante sus administraciones. Al momento de la detención, la Fiscalía Especializada en Secuestro informó que los González Vieyra encabezaban una red que operaba el plagio de comerciantes y el cobro de piso en la región centro-oriente del estado. Estatus: Los hermanos (de filiación Movimiento Ciudadano) y su padre permanecen en prisión preventiva, vinculados a proceso por asociación delictuosa, secuestro y otros cargos graves. Este caso ha sacudido a Puebla por tratarse de políticos en activo convertidos en presuntos capos locales, y podría derivar en sentencias históricas si se acredita plenamente su responsabilidad.

• Cuautempan (Investigación/Fuga, 2025): Gerardo Cortés Caballero, alcalde reelecto de Cuautempan(Sierra Norte) por la alianza Morena-PT, protagoniza el caso más reciente. En mayo de 2025, elementos de la Marina, Sedena y policía estatal catearon sus propiedades y descubrieron un arsenal de armas, drogas y vehículos robados, lo que apuntó a sus presuntos nexos con el crimen organizado. Cortés es señalado de encabezar en su municipio una red de secuestro, extorsión y narcotráfico local, además de nepotismo y malversación de fondos públicos. Antes de poder ser arrestado, el edil huyó alegando problemas de salud y solicitó licencia al cargo por 20 días. Al no reaparecer, las autoridades estatales lo consideran prófugo. Estatus: La Fiscalía de Puebla mantiene abierta una carpeta de investigación (FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025) contra Cortés Caballero. Es el cuarto alcalde poblano en funciones ligado públicamente al crimen en esta administración, tras los hermanos González Vieyra ya detenidos. Su caso está en curso, y de ser capturado enfrentará cargos por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Mientras tanto, el Congreso podría destituirlo si su ausencia se prolonga. Este incidente subraya que la colusión entre autoridades municipales y mafiaspersiste hasta el día de hoy.

Entre 2015 y 2025, Puebla ha visto un patrón preocupante de narco-política. Varios alcaldes, exalcaldes y políticos ligados al estado cayeron en prisión o fueron investigados por colaborar con huachicoleros, narcos, secuestradores o redes de corrupción. Muchos casos terminaron sin sentencia firme (por falta de pruebas o recursos legales), evidenciando los retos para la justicia. Otros continúan abiertos, con exfuncionarios hoy tras las rejas a la espera de veredictos. La cronología muestra que ningún partido se ha librado de este fenómeno —ha habido implicados del PRI, PAN, PRD, PT, Morena y partidos locales—. Asimismo, revela cómo ciertas regiones (el Triángulo Rojo del huachicol; la Sierra Negra; la zona de Serdán) se convirtieron en focos rojos donde el crimen organizado infiltró gobiernos locales. Las autoridades poblanas, especialmente a partir de 2019, emprendieron operativos para desarticular estas redes, logrando detenciones sonadas (como la de ediles huachicoleros y secuestradores). Sin embargo, la salida de prisión de figuras como Mario Marín o Ignacio Salvador demuestra que los procesos judiciales pueden prolongarse y, a veces, favorecer a los acusados.

A diez años de iniciada esta serie de escándalos, Puebla sigue encarando el desafío de limpiar sus instituciones municipales. La colusión de políticos con criminales ha erosionado la seguridad en varias comunidades, pero también ha motivado mayor vigilancia ciudadana y mediática. Cada elección reciente ha estado marcada por el escrutinio de antecedentes: en 2021 se difundió una “lista negra” de candidatos vinculados a delitos, y en 2024–2025 los partidos han debido filtrar perfiles para evitar postular aspirantes con historial delictivo. No obstante, los casos expuestos indican que la línea entre política y crimen ha sido traspasada en múltiples ocasiones. Queda en manos de la justicia concluir los procesos pendientes y en manos de la sociedad exigir que quienes utilizan el poder público para servir al crimen organizado no vuelvan a ocupar un cargo. Las lecciones de esta década turbulenta en Puebla apuntan a la urgencia de fortalecer mecanismos de control, denuncia y sanción para cerrar el paso a la corrupción y la impunidad en el ámbito gubernamental.

 

 

Fuentes: La Jornada de Oriente, El Diario de NY, Infobae, El Sol de Puebla, Periódico Central, El País, entre otros.