El síndico municipal de San Pedro Cholula, Iván Cuautle Minutti, enfrenta una nueva acusación por presuntos actos de corrupción, esta vez por el delito de extorsión, según lo denunció formalmente una ciudadana mediante un escrito dirigido al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.
De acuerdo con el documento, la denunciante, identificada como María N, asegura que Cuautle Minutti le exigió un pago de 200 mil pesos como condición para resolver un laudo laboral pendiente, cuya ejecución debía atenderse conforme a la normatividad vigente. La mujer señala que el síndico condicionó el cumplimiento de una resolución judicial a una entrega económica directa, lo que constituye un posible delito grave en el ejercicio de la función pública.
La denuncia no es aislada. Fuentes al interior del Ayuntamiento confirmaron a este medio que se han iniciado investigaciones internas sobre una presunta red de corrupción en los juzgados municipales, en la que jueces calificadores podrían estar coludidos con el propio síndico. Las indagatorias apuntan a irregularidades sistemáticas en la imposición de sanciones administrativas derivadas de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, las cuales habrían sido utilizadas como mecanismo para exacciones ilegales y cobros indebidos.
A esta cadena de señalamientos se sumó el exdiputado local y activista en temas de transparencia, Rodolfo Herrera Charolet, quien aseguró que “este caso no es un hecho aislado ni menor, sino parte de un patrón de corrupción que debe investigarse a fondo”. Según Herrera, existen indicios de otros procesos administrativos y judiciales en los que Iván Cuautle estaría involucrado, muchos de los cuales han sido deliberadamente frenados o archivados bajo presiones internas.
Los hechos se dan a conocer pocos días después de que el Cabildo de San Pedro Cholula aprobara por mayoría solicitar al Congreso del Estado la revocación de mandato del síndico, derivado de su participación en la irrupción violenta al mercado Cosme del Razo el pasado 8 de julio y de las denuncias acumuladas por abuso de autoridad.
De momento, la administración municipal no ha emitido postura oficial sobre la denuncia por extorsión ni sobre las investigaciones en curso al interior del gobierno local. Sin embargo, crecen las voces que exigen intervención directa del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior (OSF) para evitar que este caso quede impune o se diluya en trámites burocráticos.
En un municipio históricamente marcado por la lucha ciudadana contra la impunidad y el abuso de poder, la figura del síndico se tambalea. Mientras tanto, la confianza en las instituciones locales se erosiona cada día más, alimentada por una narrativa oficial que hasta ahora ha preferido el silencio.
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