Gobernador
Desafía el Fallo y Lleva el Caso de Melgarejo a la Nueva Corte
En el Palacio de Gobierno
de Puebla, bajo el peso de un sol de septiembre que ilumina los murales de la
historia poblana, Alejandro Armenta Mier se planta firme como un centinela
contra lo que denomina "el saqueo institucionalizado".
Es el 3 de septiembre de
2025, y el gobernador, con su característica oratoria vehemente y un traje
impecable que contrasta con la tensión del momento, anuncia en una rueda de
prensa que su administración no cederá ante demandas que considera fraudulentas.
El foco: el litigio con
Melgarejo Construcciones, una empresa que reclama miles de millones por una
obra fantasma —el Libramiento Poniente—, cancelada hace más de una década por
el gobierno de Rafael Moreno Valle y adjudicada por el gobierno que lo
antecedió, acuerdo o venganza, el resultado hasta ahora es desastroso para las
arcas públicas que están en jaque.
Con pruebas en mano y
peritajes en marcha, Armenta entrega la documentación a la recién instalada
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la "nueva Corte"
democratizada, para reabrir el debate y evitar que Puebla pague por sombras del
pasado corrupto.
El aire en la sala de
prensa vibra con la determinación del mandatario, quien, rodeado de asesores y
periodistas, evoca un México en transformación. "Litigaremos con certeza
jurídica", proclama, su voz resonando como un eco de la Cuarta Transformación.
Convoca a los empresarios implicados —aquellos que se coludieron con
"malos servidores públicos" para disfrazar contratos inexistentes— a
dialogar, pero bajo la ley. "Lo que se debe y está demostrado, se paga,
pero no vamos a permitir el saqueo que habían institucionalizado desde el poder
en Puebla", añade, con los ojos fijos en un horizonte de justicia. Ya
se trabaja en peritajes exhaustivos, pruebas que demuestran cobros excesivos
por obras que nunca vieron la luz, un arsenal forense que busca desmontar
reclamos millonarios.
El caso de Melgarejo
Construcciones emerge como el epicentro de esta tormenta judicial. Todo se remonta
a 2009, cuando se firmó un contrato sin licitación para el Libramiento
Poniente, un megaproyecto carretero que conectaría la autopista Puebla-México
con el Arco Norte y la vía a Atlixco, pasando por Huejotzingo y las Cholulas.
Protestas de campesinos y ejidatarios, indignados por expropiaciones a precios
irrisorios y el sigilo del proceso, detuvieron el avance. En 2011-2012, bajo
Rafael Moreno Valle, la obra se canceló definitivamente, dejando solo unos 60
millones de pesos invertidos en estudios de derecho de vía —ni un metro de
construcción real.
La empresa, sin embargo,
demandó en 2012 una indemnización que escaló a cifras astronómicas:
inicialmente 640 millones de pesos, según el fallo de la SCJN en junio de 2024,
pero que en negociaciones posteriores llegó a pretender 2 mil millones o más.
La antigua SCJN, bajo la
presidencia de Norma Piña, falló en contra de Puebla, ordenando el pago total
más rendimientos y accesorios. Armenta no escatima críticas: "La
anterior presidenta, la señora Piña, castigó a Puebla desde hace varias
administraciones. Lo hizo con varios estados, protegiendo a pseudoempresas que
se dedicaban a generar sobrecostos millonarios".
El gobernador poblano acusa
colusión, contratos leoninos y un Poder Judicial que, en el "viejo
régimen", servía a intereses privados en detrimento del pueblo. Ahora, con
la nueva Corte —fruto de la reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum—,
Armenta ve una oportunidad. Ha proporcionado toda la información, agotando
recursos para revertir lo que considera una injusticia. "Es un acto
abusivo, una extralimitación", reitera, evocando las palabras de
Andrés Manuel López Obrador sobre un sistema judicial cómplice.
El gobernador no se
detiene ahí. En conferencias previas, como la de enero de 2025, llegó a decir: "Antes
que me encarcelen, no voy a pagar por algo que el gobierno no debe".
En marzo, reveló intentos
de negociación "en lo oscurito" por parte de Melgarejo, exigiendo
hasta mil millones para cerrar el litigio —una "propuesta
indecorosa", según él, que rechazó de plano. Prefiere la destitución, como
la que enfrentó AMLO en su desafuero por una obra pública beneficiosa, antes
que destinar recursos públicos a un fantasma.
"Imagínense cuántas
patrullas podríamos comprar con eso", ilustra, priorizando la seguridad y
el bienestar poblano sobre indemnizaciones injustas. Ha propuesto alternativas:
renegociar para que la empresa construya obras reales en Puebla, o incluso
denuncias por corrupción, con una "lista negra" de proyectos dudosos
en sexenios pasados.
Mientras el sol de la
tarde se filtra por las ventanas del palacio, Armenta cierra su intervención
con una invitación al diálogo sustentado en la ley. "Plena disposición a
buscar un acuerdo", dice, pero con la firmeza de quien defiende las arcas
de un estado azotado por deudas heredadas. En las calles de Puebla, donde el
tráfico del Periférico Ecológico —cerca del sitio del fallido libramiento—
fluye con normalidad, esta batalla resuena como un capítulo más en la lucha
contra la impunidad.
La nueva SCJN, con
ministros electos por el pueblo, podría ser el árbitro que incline la balanza.
Por ahora, Armenta insiste: no pagará por lo inexistente, y Puebla, bajo su
mando, amará su tierra antes que ceder ante el pillaje. El veredicto final
pende, pero el mensaje es claro: la era del saqueo ha terminado.
Era necesario tener un
gobernador con los pantalones bien puestos y el corazón en Puebla.
¿O no lo cree
usted?
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