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Fuego en las Sombras: El Estallido que Revela las Grietas del Hospital General de Cholula

Fuego en las Sombras: El Estallido que Revela las Grietas del Hospital General de Cholula

 


San Andrés Cholula, Puebla, se erige como un bastión de historia y modernidad en la zona metropolitana, con sus pirámides ancestrales custodiando el bullicio de la vida cotidiana. Pero en el corazón de esta conurbación, el Hospital General de Cholula —un coloso blanco de concreto y acero, inaugurado con pompa en 2012 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto como emblema de la salud pública— se ha convertido en un escenario de tensiones ocultas. El 15 de agosto de 2025, un estruendo ensordecedor rompió la rutina en el primer piso del área de la Central de Equipos y Esterilización (CEyE), donde una máquina esterilizadora de instrumentos médicos explotó con la fuerza de un trueno contenido. El humo se elevó como un presagio, dejando tras de sí no solo daños materiales, sino un eco de denuncias que resuenan en los pasillos del nosocomio: negligencia, corrupción y un sistema al borde del colapso.

Imaginemos la escena: es media mañana en el ala técnica del hospital, donde el zumbido constante de las autoclaves —esos gigantes metálicos que alcanzan temperaturas infernales de hasta 120 grados Celsius para purificar bisturís, pinzas, endoscopios y jeringas— marca el pulso de la vida quirúrgica. Un grupo de técnicos y enfermeras, con batas blancas manchadas de vapor y sudor, opera la máquina número tres, una de las tres que garantizan la esterilidad en procedimientos que salvan vidas diariamente. De repente, un chasquido seco, seguido de una detonación que hace vibrar las paredes. La puerta del aparato sale disparada como un proyectil, impactando contra la cerámica blanca de la pared y astillándola en fragmentos que caen como nieve sucia. El interior del equipo se calcina parcialmente, con llamas lamiendo los bordes y un olor acre a metal quemado impregnando el aire. No hay heridos graves esa vez, pero el susto colectivo es palpable: "¿Qué pasaría si esto ocurre durante una cirugía?", susurran los testigos, con el corazón latiendo al ritmo de la alarma que apenas se activa.

Los trabajadores, anónimos guardianes de la salud en un hospital que atiende a más de 300 mil habitantes de diez municipios circundantes —desde Coronango hasta Nealtican—, no tardan en conectar los puntos. En conversaciones discretas con e-consulta, un colectivo de médicos y personal administrativo apunta el dedo directamente al ingeniero Armando González Flores, jefe de Servicios Generales. Contratado por la Secretaría de Salud estatal, González Flores permanece en su puesto a pesar de la transición del hospital al sistema IMSS-Bienestar en 2024, un cambio que prometía eficiencia pero que, según los denunciantes, ha amplificado las irregularidades. "Es él quien supervisa el mantenimiento, pero opta por refacciones usadas y de baja calidad", relata uno de los afectados, con voz entrecortada por la frustración. La máquina, vital para esterilizar todo desde fórceps hasta cristalería de laboratorio, falló presumiblemente por piezas defectuosas instaladas en un intento de ahorrar costos, ignorando protocolos que exigen componentes originales para soportar presiones extremas y ciclos de vapor.

El incidente no termina con la explosión inicial. Quince minutos después, mientras el equipo de Servicios Generales llega para "reparar" el daño, un segundo incendio brota en el mismo aparato, de menor escala pero igual de alarmante. La máquina es dada de baja oficialmente, con una nota que culpa al "mal manejo del personal". Pero los profesionales de la salud lo refutan con vehemencia: "Es imposible. Cuenta con sistemas automáticos de seguridad: válvulas de alivio que descargan el exceso de vapor y mecanismos que impiden abrirla hasta que la presión interna iguale la ambiental", argumenta un técnico con años de experiencia. En su lugar, señalan "malos manejos a la hora de facturar" entre la empresa proveedora y González Flores, insinuando un conflicto de interés que prioriza el bolsillo sobre la seguridad. Videos compartidos en canales internos muestran el equipo chamuscado, la mampostería caída y un caos que podría haber escalado a una tragedia mayor.

Y aquí radica otra grieta expuesta por el fuego: los extintores. En el fragor del percance, el personal médico corre hacia los rojos cilindros colgados en las paredes, solo para descubrir que están caducados desde abril de 2025. Las etiquetas amarillentas, con fechas vencidas hace meses, convierten en farsa lo que debería ser un salvavidas. "Gracias a Dios no fue un incendio mayor, porque no teníamos con qué combatirlo", confiesa una enfermera, con los ojos vidriosos al recordar el momento. Esta omisión viola flagrantemente la NOM-002-STPS-2010, la norma oficial mexicana que establece requisitos para prevenir incendios en centros de trabajo, incluyendo la obligatoriedad de extintores funcionales y brigadas capacitadas. En un hospital donde cada segundo cuenta, esta negligencia no es un descuido aislado, sino un síntoma de un mantenimiento escaso que pone en jaque la vida de pacientes y trabajadores por igual.

Pero las sombras van más allá de lo material. Los denunciantes extienden las acusaciones a los tratos inhumanos bajo la gestión de González Flores. Un audio filtrado, grabado en un tono de confrontación, captura al ingeniero increpando a una trabajadora con 20 años de antigüedad. Ella solicitó una incapacidad por una caída que le causó problemas de salud, pero él la acusa de "inventar una enfermedad", comparándolo con "matar a alguien" o fingir la muerte de una abuela. "Tú a mí me preocupas, por eso es que ayer yo tomé la decisión de que te diagnosticaran de otra forma. Si estamos cayendo en fingir enfermedades, eso se castiga", se escucha su voz autoritaria, un eco de abuso de poder que resuena en los corredores. Esta no es una anécdota aislada; es parte de un patrón de hostigamiento que ha llevado a varios empleados a cuestionar su permanencia en un lugar donde la dedicación se ve recompensada con desconfianza y denegaciones injustas.

El telón de fondo de esta crónica de desatinos es la reciente turbulencia directiva. En abril de 2025, la exdirectora Elizabeth Guadalupe Laug fue destituida tras protestas masivas del personal médico, que bloquearon el Periférico Ecológico en marzo para exigir su salida por abusos y negligencia. Fuentes internas revelan que, tras reuniones con autoridades estatales, Laug dejó el cargo el 1 de abril, reemplazada por el pediatra Martín Carrasco, proveniente del Hospital de Huejotzingo. "Ha habido cambios; ahora hay un ambiente más tranquilo, con diálogo real", comenta un sindicalizado del SNTSA. Sin embargo, el legado persiste: protestas recurrentes por falta de insumos, medicamentos y condiciones precarias, sumándose a una "cacería de brujas" en traumatología tras denuncias de corrupción en IMSS-Bienestar. El hospital, que debería ser un faro de esperanza, se ha convertido en un campo de batalla donde la corrupción y el abuso erosionan la confianza.

Bajo el sol implacable de septiembre de 2025, los trabajadores del Hospital General de Cholula continúan su labor heroica, esterilizando manualmente lo que pueden, apagando incendios metafóricos con recursos improvisados. La explosión de la máquina no fue solo un fallo técnico; fue el grito silenciado de un sistema al límite, donde refacciones baratas y extintores obsoletos simbolizan una mayor podredumbre. Mientras los pacientes llegan con esperanzas frágiles, la pregunta flota en el aire cargado de vapor: ¿cuánto tiempo más resistirá este coloso antes de que el fuego lo consuma por completo? En Cholula, donde lo antiguo y lo nuevo conviven, la salud pública clama por una renovación que no puede esperar más.


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