Sombras en la Mixteca: La Gestión de Eliseo Morales en Izúcar de Matamoros.
Izúcar de Matamoros, Puebla, se despierta cada mañana bajo el sol abrasador de la Mixteca Poblana, un municipio donde las calles empedradas del centro histórico contrastan con el eco distante de sirenas y el murmullo de preocupaciones que se filtran entre las conversaciones de sus habitantes. Es aquí, en esta tierra de tradiciones ancestrales y artesanías vibrantes como el barro policromado, donde Eliseo Morales Rosales, conocido popularmente como "El Chino" Morales, asumió la presidencia municipal en octubre de 2024. Con una trayectoria política que lo llevó desde la alcaldía de Tilapa en 2014 hasta la presidencia de la Asociación de Cañeros del Ingenio de Atencingo, Morales llegó prometiendo dignificar la vida de los izucarenses.
Sin embargo, a casi un año de su gestión, el panorama se tiñe de controversias: un incremento alarmante en la inseguridad, denuncias de opacidad administrativa, acusaciones de abuso de poder y, sobre todo, un escándalo que ha marcado su administración como un símbolo siniestro de fatalismo —la compra de mil ataúdes para "lo que se ofrezca"—, que ha generado un torbellino de críticas y temores entre la población.
El aire en Izúcar parece cargado de una tensión palpable desde los primeros días de la administración de Morales. Apenas instalándose en el cargo, el municipio se vio sacudido por una ola de violencia que no cesa.
Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el primer trimestre de 2025, los delitos registraron un incremento del 61.17%, pasando de 188 carpetas en el mismo periodo de 2024 a 303. Homicidios dolosos que se duplicaron de dos a cinco en esos meses, lesiones que aumentaron un 100%, y robos que escalaron de 62 a 79 casos, con 25 involucrando vehículos.
Para julio de 2025, la incidencia delictiva general había subido un 9.6%, con 623 denuncias acumuladas, incluyendo un repunte en robos a comercios (de 37 a 52) y violencia intrafamiliar. Los habitantes, como doña María, una vendedora de artesanías en el zócalo, confiesan en voz baja: "Antes podíamos caminar tranquilos al atardecer, pero ahora, con los asaltos y ejecuciones en plena vía pública, el miedo se ha instalado en cada esquina".
Ejemplos como las dos ejecuciones ocurridas en mayo de 2025, con apenas una hora de diferencia en distintos puntos de la ciudad, ilustran la falla en las estrategias de seguridad, pese a la llegada de elementos de la Marina y la incorporación de patrullas.
En medio de esta crisis, Morales ha denunciado públicamente amenazas de muerte diarias provenientes de grupos delictivos, atribuyéndolas a sus esfuerzos por combatir la venta de fentanilo, robos y extorsiones.
"Recibo amenazas constantes: 'No te metas con tal persona, con los que venden esto o lo otro'", reveló en febrero de 2025 durante una entrega de patrullas estatales, rechazando escolta personal con la frase "Dios me protege" y pidiendo a los criminales: "Si quieren trabajar, váyanse a otro municipio".
A pesar de estas declaraciones, la percepción de inseguridad persiste, y críticos locales cuestionan si su rechazo a protección formal no es más bien un cálculo político que expone a la población a mayores riesgos. La FGE reporta que, aunque hubo una ligera baja del 16.6% en el último trimestre de 2024, el 2025 ha revertido esa tendencia, convirtiendo a Izúcar en un foco rojo regional.
Pero si la inseguridad es el telón de fondo sombrío, el episodio de los ataúdes emerge como el clímax de un relato que roza lo macabro. En diciembre de 2024, apenas dos meses después de tomar posesión, Morales anunció la compra de mil ataúdes para "regalarlos a la población pa lo que se ofrezca", una decisión que desató un escándalo inmediato.
Los féretros, apilados en pilas ordenadas pero inquietantes en la Casa Colorada —el histórico edificio del siglo XVII, sede del Ayuntamiento y museo que albergó a Mariano Matamoros y José María Morelos en 1811, considerado la cuna simbólica del Ejército Mexicano—, se convirtieron en un símbolo de presagio fatal.
"¿Qué mensaje es este?
¿Que esperamos una mortandad inminente?", se preguntaban los izucarenses en las redes sociales y mercados locales.
La compra, valorada en una suma no divulgada pero criticada como un desvío de recursos que podría haber invertido en alumbrado público, patrullas o programas sociales, fue vista como un desacierto garrafal en un municipio ya azotado por ejecuciones y robos. Fuentes locales estiman que el costo superó los cientos de miles de pesos, fondos que, según opositores, se destinaron a un "insumo inútil" en lugar de soluciones preventivas.
La controversia se amplificó cuando Morales utilizó el tema en discursos públicos, como en una reunión con inspectores municipales donde, tras anunciar un aumento salarial de 6 mil pesos que aún no se materializa, reclamó: "¿Y por qué no agradecen?".
El alcalde ha defendido la adquisición como una medida "preventiva" ante el aumento de violencia heredado de la administración anterior de Irene Olea Torres —quien enfrenta procesos por falsificación y encubrimiento en agresiones a periodistas—, pero analistas locales la interpretan como un reflejo de resignación o, peor aún, de negligencia.
En un municipio con solo 30 policías y donde la moral de las fuerzas locales era "baja" al inicio de su gestión, los ataúdes no solo no disuadieron el crimen, sino que alimentaron rumores de nexos con grupos delictivos, aunque Morales los niega categóricamente. "Parece que le hubieran abierto las puertas al crimen organizado", comentó un comandante policiaco anónimamente a periodistas, evocando el fin de semana de tres ejecuciones justo al inicio de su mandato.
Este episodio de los ataúdes se entrelaza con acusaciones más amplias de abuso de poder y corrupción. En mayo de 2025, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) calificó la administración con solo un 82.5% de cumplimiento en transparencia, por debajo de los parámetros legales. Omisiones como la falta de publicación de salarios de funcionarios, viáticos, gastos de representación y un plan de ordenamiento territorial, junto a duplicidades en cuentas públicas, pintan un panorama de opacidad.
Además, el ayuntamiento ha cambiado tres titulares de la Unidad de Transparencia en siete meses —de Lizeth Calderón Cuenca a Luis Bryan Gómez Pineda y ahora Guillermo Reza Tejeda—, lo que genera sospechas de manipulación interna. Críticos, incluyendo colectivos feministas como Marea Púrpura, exigen más acción contra la violencia de género, citando el caso de 2024 de una niña de 11 años embarazada de un hombre de 26, y piden protocolos para impedir matrimonios desiguales en comunidades remotas como El Limón, donde faltan servicios básicos.
Otro suceso que ilustra el abuso de poder ocurrió el 28 de junio de 2025, cuando la Casa Colorada —recién rehabilitada tras el sismo de 2017 con fondos estatales— fue cerrada al público para celebrar el cumpleaños número 55 de Morales.
El histórico recinto, con sus muros que guardan ecos de la Independencia, se transformó en un salón de fiestas improvisado: mesa con mantel blanco, pastel, arreglos florales, confeti esparcido por el piso y música de banda y mariachi resonando en el patio central.
Personal municipal y músicos locales participaron en el festejo privado, mientras el sitio patrimonial, que debería ser accesible como museo, permanecía vedado. Sectores de Morena y colectivos locales denunciaron este "uso patrimonialista" como una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuestionando si recursos erarios financiaron el evento. "Es un abuso flagrante: un espacio de todos convertido en fiesta personal", protestó un vecino en redes sociales. Morales, originario de Tilapa y sin arraigo profundo en Izúcar, ha sido criticado por desinterés en la gestión local, priorizando gestos simbólicos sobre soluciones concretas.
En este tapiz de sombras, los izucarenses transitan un día a día marcado por la incertidumbre. Mientras Morales insiste en su compromiso —llamando a la ciudadanía a grabar videos de funcionarios prepotentes para "tomar evidencia" y exhibirlos—, las denuncias persisten: accidentes viales causados por patrullas municipales en mayo de 2025, remodelaciones del zócalo sin permisos del INAH en diciembre de 2024, y un historial de traiciones políticas, como su salida de Morena al PVEM en 2024 tras disputas por candidaturas.
La Casa Colorada, testigo silencioso de glorias pasadas, ahora alberga no solo ataúdes apilados como recordatorio de mortalidad, sino el peso de una administración que, para muchos, ha fallado en iluminar el futuro de Izúcar. En las tardes polvorientas de la Mixteca, la pregunta flota en el aire: ¿será este el preludio de un cambio, o el epílogo de promesas rotas? Solo el tiempo, y quizá esos mil ataúdes, lo dirán.
Sin embargo, a casi un año de su gestión, el panorama se tiñe de controversias: un incremento alarmante en la inseguridad, denuncias de opacidad administrativa, acusaciones de abuso de poder y, sobre todo, un escándalo que ha marcado su administración como un símbolo siniestro de fatalismo —la compra de mil ataúdes para "lo que se ofrezca"—, que ha generado un torbellino de críticas y temores entre la población.
El aire en Izúcar parece cargado de una tensión palpable desde los primeros días de la administración de Morales. Apenas instalándose en el cargo, el municipio se vio sacudido por una ola de violencia que no cesa.
Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el primer trimestre de 2025, los delitos registraron un incremento del 61.17%, pasando de 188 carpetas en el mismo periodo de 2024 a 303. Homicidios dolosos que se duplicaron de dos a cinco en esos meses, lesiones que aumentaron un 100%, y robos que escalaron de 62 a 79 casos, con 25 involucrando vehículos.
Para julio de 2025, la incidencia delictiva general había subido un 9.6%, con 623 denuncias acumuladas, incluyendo un repunte en robos a comercios (de 37 a 52) y violencia intrafamiliar. Los habitantes, como doña María, una vendedora de artesanías en el zócalo, confiesan en voz baja: "Antes podíamos caminar tranquilos al atardecer, pero ahora, con los asaltos y ejecuciones en plena vía pública, el miedo se ha instalado en cada esquina".
Ejemplos como las dos ejecuciones ocurridas en mayo de 2025, con apenas una hora de diferencia en distintos puntos de la ciudad, ilustran la falla en las estrategias de seguridad, pese a la llegada de elementos de la Marina y la incorporación de patrullas.
En medio de esta crisis, Morales ha denunciado públicamente amenazas de muerte diarias provenientes de grupos delictivos, atribuyéndolas a sus esfuerzos por combatir la venta de fentanilo, robos y extorsiones.
"Recibo amenazas constantes: 'No te metas con tal persona, con los que venden esto o lo otro'", reveló en febrero de 2025 durante una entrega de patrullas estatales, rechazando escolta personal con la frase "Dios me protege" y pidiendo a los criminales: "Si quieren trabajar, váyanse a otro municipio".
A pesar de estas declaraciones, la percepción de inseguridad persiste, y críticos locales cuestionan si su rechazo a protección formal no es más bien un cálculo político que expone a la población a mayores riesgos. La FGE reporta que, aunque hubo una ligera baja del 16.6% en el último trimestre de 2024, el 2025 ha revertido esa tendencia, convirtiendo a Izúcar en un foco rojo regional.
Pero si la inseguridad es el telón de fondo sombrío, el episodio de los ataúdes emerge como el clímax de un relato que roza lo macabro. En diciembre de 2024, apenas dos meses después de tomar posesión, Morales anunció la compra de mil ataúdes para "regalarlos a la población pa lo que se ofrezca", una decisión que desató un escándalo inmediato.
Los féretros, apilados en pilas ordenadas pero inquietantes en la Casa Colorada —el histórico edificio del siglo XVII, sede del Ayuntamiento y museo que albergó a Mariano Matamoros y José María Morelos en 1811, considerado la cuna simbólica del Ejército Mexicano—, se convirtieron en un símbolo de presagio fatal.
"¿Qué mensaje es este?
¿Que esperamos una mortandad inminente?", se preguntaban los izucarenses en las redes sociales y mercados locales.
La compra, valorada en una suma no divulgada pero criticada como un desvío de recursos que podría haber invertido en alumbrado público, patrullas o programas sociales, fue vista como un desacierto garrafal en un municipio ya azotado por ejecuciones y robos. Fuentes locales estiman que el costo superó los cientos de miles de pesos, fondos que, según opositores, se destinaron a un "insumo inútil" en lugar de soluciones preventivas.
La controversia se amplificó cuando Morales utilizó el tema en discursos públicos, como en una reunión con inspectores municipales donde, tras anunciar un aumento salarial de 6 mil pesos que aún no se materializa, reclamó: "¿Y por qué no agradecen?".
El alcalde ha defendido la adquisición como una medida "preventiva" ante el aumento de violencia heredado de la administración anterior de Irene Olea Torres —quien enfrenta procesos por falsificación y encubrimiento en agresiones a periodistas—, pero analistas locales la interpretan como un reflejo de resignación o, peor aún, de negligencia.
En un municipio con solo 30 policías y donde la moral de las fuerzas locales era "baja" al inicio de su gestión, los ataúdes no solo no disuadieron el crimen, sino que alimentaron rumores de nexos con grupos delictivos, aunque Morales los niega categóricamente. "Parece que le hubieran abierto las puertas al crimen organizado", comentó un comandante policiaco anónimamente a periodistas, evocando el fin de semana de tres ejecuciones justo al inicio de su mandato.
Este episodio de los ataúdes se entrelaza con acusaciones más amplias de abuso de poder y corrupción. En mayo de 2025, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) calificó la administración con solo un 82.5% de cumplimiento en transparencia, por debajo de los parámetros legales. Omisiones como la falta de publicación de salarios de funcionarios, viáticos, gastos de representación y un plan de ordenamiento territorial, junto a duplicidades en cuentas públicas, pintan un panorama de opacidad.
Además, el ayuntamiento ha cambiado tres titulares de la Unidad de Transparencia en siete meses —de Lizeth Calderón Cuenca a Luis Bryan Gómez Pineda y ahora Guillermo Reza Tejeda—, lo que genera sospechas de manipulación interna. Críticos, incluyendo colectivos feministas como Marea Púrpura, exigen más acción contra la violencia de género, citando el caso de 2024 de una niña de 11 años embarazada de un hombre de 26, y piden protocolos para impedir matrimonios desiguales en comunidades remotas como El Limón, donde faltan servicios básicos.
Otro suceso que ilustra el abuso de poder ocurrió el 28 de junio de 2025, cuando la Casa Colorada —recién rehabilitada tras el sismo de 2017 con fondos estatales— fue cerrada al público para celebrar el cumpleaños número 55 de Morales.
El histórico recinto, con sus muros que guardan ecos de la Independencia, se transformó en un salón de fiestas improvisado: mesa con mantel blanco, pastel, arreglos florales, confeti esparcido por el piso y música de banda y mariachi resonando en el patio central.
Personal municipal y músicos locales participaron en el festejo privado, mientras el sitio patrimonial, que debería ser accesible como museo, permanecía vedado. Sectores de Morena y colectivos locales denunciaron este "uso patrimonialista" como una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuestionando si recursos erarios financiaron el evento. "Es un abuso flagrante: un espacio de todos convertido en fiesta personal", protestó un vecino en redes sociales. Morales, originario de Tilapa y sin arraigo profundo en Izúcar, ha sido criticado por desinterés en la gestión local, priorizando gestos simbólicos sobre soluciones concretas.
En este tapiz de sombras, los izucarenses transitan un día a día marcado por la incertidumbre. Mientras Morales insiste en su compromiso —llamando a la ciudadanía a grabar videos de funcionarios prepotentes para "tomar evidencia" y exhibirlos—, las denuncias persisten: accidentes viales causados por patrullas municipales en mayo de 2025, remodelaciones del zócalo sin permisos del INAH en diciembre de 2024, y un historial de traiciones políticas, como su salida de Morena al PVEM en 2024 tras disputas por candidaturas.
La Casa Colorada, testigo silencioso de glorias pasadas, ahora alberga no solo ataúdes apilados como recordatorio de mortalidad, sino el peso de una administración que, para muchos, ha fallado en iluminar el futuro de Izúcar. En las tardes polvorientas de la Mixteca, la pregunta flota en el aire: ¿será este el preludio de un cambio, o el epílogo de promesas rotas? Solo el tiempo, y quizá esos mil ataúdes, lo dirán.
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