Se burla Simiotrio

  

La mañana del 4 de septiembre de 2025, en la histórica ciudad de Tepeaca, Puebla, el aire se llenó de un eco de confrontación verbal que resonó más allá de sus calles empedradas. En el centro de la controversia estaba Rubén Sarabia Sánchez, conocido como “Simitrio”, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, una organización con cinco décadas de presencia en el tejido social de Puebla.

Sus palabras, cargadas de un tono sarcástico que él mismo calificó como una broma, desataron una respuesta inmediata y contundente del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien, con la solemnidad de quien acaba de ser honrado con la Cédula Real como visitante distinguido e hijo adoptivo de Tepeaca, marcó una línea clara entre su administración y las acciones atribuidas al líder social.

El origen del enfrentamiento se remonta a los hechos ocurridos el martes 2 de septiembre en el bulevar 5 de Mayo, en la capital poblana, donde una manifestación de estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles derivó en actos de violencia. Entre los destrozos, la quema de una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) se convirtió en el epicentro de las acusaciones. El gobierno estatal, encabezado por Armenta, señaló directamente a la UPVA 28 de Octubre como responsable de infiltrarse en la protesta y provocar el incendio, además de otros actos vandálicos, como el secuestro temporal de conductores y la retención de vehículos.

Estas acusaciones no fueron tomadas a la ligera por Simitrio, quien, en una rueda de prensa horas antes de la respuesta del gobernador, optó por un tono desenfadado para pretender desmentir las imputaciones, no obstante las evidencias que incriminan a unos de los suyos.

“Afirmar que nosotros mandamos a quemar el camión o que nosotros mismos lo quemamos es, como dicen en mi rancho, una falsedad completamente falsa”, expresó Simitrio, dejando caer una sonrisa que buscaba restar gravedad a un incidente que había dejado daños significativos al patrimonio público y puesto en riesgo la seguridad de manifestantes y transeúntes. Admitió que cuatro integrantes de su organización estuvieron presentes en el plantón, pero insistió en que su participación se limitó a un acto de solidaridad con las normalistas, sin intenciones de desestabilizar el orden o generar caos.

“No somos una organización criminal ni de criminales”, recalcó, defendiendo la trayectoria de la UPVA como un movimiento en defensa de los derechos de los ambulantes y el pueblo. Su petición de diálogo con el gobierno estatal, sin embargo, llegó envuelta en una provocación que no pasó desapercibida.

Alejandro Armenta, en un escenario cargado de simbolismo tras recibir el reconocimiento en Tepeaca, respondió con una mezcla de firmeza y mesura que buscaba no solo desmarcarse de la actitud de Simitrio, sino también reafirmar los principios de su administración. “No he escuchado, no he visto, no me consta el comentario de la burla de esta persona. Si es, yo te diría que, ante una burla de él, le extiendo mi respeto, porque no somos iguales”, declaró el gobernador, dejando claro que no caería en el juego de provocaciones. Sus palabras, pronunciadas con la calma de quien sabe que su autoridad no necesita alzar la voz para hacerse sentir, trazaron una frontera entre la postura de diálogo y respeto que promueve su gobierno y las acciones que, a su juicio, representan una afrenta al orden público.

Armenta no se limitó a responder al sarcasmo de Simitrio. Insistió en que su administración actuará con estricto apego a la ley, garantizando que los responsables de los actos vandálicos enfrenten las consecuencias. “Al gobierno del estado le corresponde respetar, dialogar y construir. Si hay una burla por parte de Simitrio, de mi parte hay respeto”, enfatizó, subrayando que su compromiso es con la paz y la seguridad, no con la confrontación. Sin embargo, sus declaraciones también llevaron un mensaje implícito: la tolerancia al diálogo no debe confundirse con debilidad. El gobernador dejó entrever que las investigaciones sobre los hechos del 2 de septiembre están en marcha, respaldadas por denuncias de la concesionaria de la Línea 3 de RUTA y empresarios afectados por la retención de vehículos, lo que sugiere que el peso de la justicia podría caer pronto sobre los responsables.

El cruce de declaraciones entre Simitrio y Armenta no es solo un episodio de tensión verbal, sino un reflejo de las complejas dinámicas entre el poder estatal y los movimientos sociales en Puebla. La UPVA 28 de Octubre, bajo el liderazgo de Simitrio, ha sido durante décadas una fuerza significativa en el estado, representando a los vendedores ambulantes y alzando la voz por los sectores marginados. Sin embargo, las acusaciones de vinculación con actividades ilícitas, como el narcomenudeo y el cobro de derecho de piso, han ensombrecido su imagen, especialmente tras los señalamientos del gobierno estatal. Simitrio, por su parte, no solo negó estas imputaciones, sino que propuso que los mercados donde opera la UPVA sean inspeccionados por autoridades, siempre que estén acompañadas por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El incidente de la quema del autobús RUTA, lejos de ser un hecho aislado, se inserta en un contexto de tensiones sociales y políticas en Puebla. La protesta de las normalistas de Teteles, que buscaban visibilizar sus demandas, se vio opacada por los actos de violencia, y la participación de la UPVA, aunque limitada según Simitrio, ha avivado el debate sobre los límites de la protesta social y la responsabilidad de las organizaciones que se suman a ella.

La cancelación de una reunión pactada con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, programada para el 3 de septiembre en Casa Aguayo, añadió más leña al fuego. Simitrio acusó al gobierno de dejarlos plantados, lo que interpretó como una falta de voluntad para dialogar, mientras que el gobierno mantuvo su postura de apertura, pero con la advertencia de que los delitos, como el daño a la propiedad y el secuestro, serán perseguidos de oficio.

En este escenario, la figura de Alejandro Armenta emerge como la de un gobernante que busca equilibrar el diálogo con la aplicación de la ley, consciente de que el mandato de los poblanos es construir un estado de paz, no de confrontación. Por otro lado, Simitrio, con su tono desafiante y su historial de resistencia, representa una voz que no se doblega fácilmente, pero que ahora enfrenta el desafío de limpiar el nombre de su organización frente a acusaciones graves.

La crónica de este enfrentamiento no termina aquí; es apenas un capítulo en una narrativa más amplia, donde el diálogo, la ley y las tensiones sociales seguirán definiendo el rumbo de Puebla en los días por venir.