Acusaciones de Corrupción en la Fiscalía de Puebla: Denuncia Contra Ministerio Público con Antecedentes Previos
Puebla, Puebla – 3 de octubre de 2025 – Una nueva denuncia formal contra la ministerio público Fabiola Romero Aguirre por presuntos delitos de cohecho, abuso de poder, extorsión y corrupción ha sido presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida por Idamis Pastor Betancourt. El escrito, sellado de recibido en la oficina de la fiscal el 8 de agosto de 2025, proviene del abogado Isaías Gómez y la presunta víctima, Ramón Pascual Benítez, y alega irregularidades en un caso relacionado con reparación del daño en un proceso familiar. Esta acusación resurge en un contexto de depuración interna en la FGE, donde Pastor Betancourt ha impulsado investigaciones contra funcionarios corruptos desde su toma de posesión en diciembre de 2024. La fiscal, quien asumió el cargo como la primera mujer en la historia de la institución, ha priorizado la "limpieza profunda" de la dependencia, reconociendo infiltraciones del crimen organizado heredadas de administraciones anteriores, como la de Gilberto Higuera Bernal. En conferencias recientes, Pastor ha enfatizado que no se tolerará la corrupción y ha invitado a la ciudadanía a reportar anomalías, con guardias 24 horas en las agencias del Ministerio Público para facilitar denuncias.
De acuerdo con el documento, Romero Aguirre habría interferido en un acuerdo privado entre Pascual Benítez y su expareja, Elisa G., para transferir una propiedad valorada en 2.3 millones de pesos en el fraccionamiento Real del Sur de San Pedro Cholula, como compensación por una demanda de 1.3 millones de pesos. La denuncia sostiene que la agente ministerial solicitó 180 mil pesos en efectivo a cambio de facilitar el arreglo, y al ser rechazada, convenció a la contraparte de no aceptarlo, con el fin de mantener la oportunidad de percibir el soborno alegado. Pascual Benítez y su representante legal argumentan que esta conducta no solo obstaculizó la resolución pacífica del conflicto, sino que también generó perjuicios económicos y emocionales a las partes involucradas. Hasta el momento, la FGE no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el avance de la investigación, aunque Pastor Betancourt ha reiterado públicamente su compromiso con la erradicación de la corrupción interna, invitando a la ciudadanía a reportar irregularidades. Fuentes internas indican que la denuncia se integra a las 8 carpetas de investigación abiertas desde julio de 2025 como parte de la reestructura, que incluye detenciones y revisiones exhaustivas para fortalecer la procuración de justicia.
Esta no es la primera controversia en torno a Romero Aguirre. En febrero de 2023, el juez Enrique López Criollo la retiró de un caso pionero de violencia vicaria en Puebla, involucrando a la víctima Andrea Lezama Bonilla, quien recuperó la custodia de su hijo tras seis años de sustracción por parte de su expareja. Según reportes de la época, la ministerio pública presionó a Lezama para que otorgara el perdón al agresor, Ricardo N., vinculado a proceso por sustracción de menores y violencia familiar agravada, en lo que se considera el primer caso tipificado como violencia vicaria en México. El incidente generó una denuncia inmediata contra Romero Aguirre por presiones indebidas, lo que llevó a su remoción del expediente y a una investigación interna en ese momento. Lezama, quien estudió leyes de manera autodidacta para defender su caso, denunció amenazas previas de la familia del agresor y solicitó medidas de protección, las cuales fueron suspendidas posteriormente, aumentando su vulnerabilidad.
Lezama, fundadora del colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, denunció públicamente estas presiones, lo que llevó a la remoción de Romero Aguirre del expediente. El caso de Lezama se convirtió en referente nacional, impulsando reformas legislativas en Puebla y a nivel federal para reconocer la violencia vicaria como agravante. En abril de 2023, Lezama obtuvo la guardia y custodia definitiva de su hijo tras 2,335 días separados, un hito que visibilizó al menos 150 casos similares en Puebla, incluyendo 15 con violaciones sexuales a menores. Su activismo, respaldado por colectivos como CAM-CAI, ha resultado en reconocimientos como el "Doña Rosario Ibarra de Piedra" en junio de 2023, y ha contribuido a la tipificación de la violencia vicaria como delito en el Código Penal poblano, con penas de hasta 14 años de prisión.
Esta depuración, que incluye 15 renuncias adicionales y detenciones como la de un excomandante ligado al crimen organizado en agosto de 2025, busca restaurar la integridad institucional. Organizaciones civiles y víctimas como Lezama han aplaudido el proceso, aunque exigen mayor celeridad en casos pendientes para evitar revictimización.
Para más información sobre la denuncia en la FGE, contactar a la Visitaduría General al teléfono (222) 211-5500 o correo visitaduria@fiscalia.puebla.gob.mx.Sobre la Fiscalía General del Estado de Puebla: La FGE es el órgano autónomo responsable de la investigación y persecución de delitos en el estado, con énfasis en la transparencia y el combate a la corrupción bajo la dirección de Idamis Pastor Betancourt.
De acuerdo con el documento, Romero Aguirre habría interferido en un acuerdo privado entre Pascual Benítez y su expareja, Elisa G., para transferir una propiedad valorada en 2.3 millones de pesos en el fraccionamiento Real del Sur de San Pedro Cholula, como compensación por una demanda de 1.3 millones de pesos. La denuncia sostiene que la agente ministerial solicitó 180 mil pesos en efectivo a cambio de facilitar el arreglo, y al ser rechazada, convenció a la contraparte de no aceptarlo, con el fin de mantener la oportunidad de percibir el soborno alegado. Pascual Benítez y su representante legal argumentan que esta conducta no solo obstaculizó la resolución pacífica del conflicto, sino que también generó perjuicios económicos y emocionales a las partes involucradas. Hasta el momento, la FGE no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el avance de la investigación, aunque Pastor Betancourt ha reiterado públicamente su compromiso con la erradicación de la corrupción interna, invitando a la ciudadanía a reportar irregularidades. Fuentes internas indican que la denuncia se integra a las 8 carpetas de investigación abiertas desde julio de 2025 como parte de la reestructura, que incluye detenciones y revisiones exhaustivas para fortalecer la procuración de justicia.
Esta no es la primera controversia en torno a Romero Aguirre. En febrero de 2023, el juez Enrique López Criollo la retiró de un caso pionero de violencia vicaria en Puebla, involucrando a la víctima Andrea Lezama Bonilla, quien recuperó la custodia de su hijo tras seis años de sustracción por parte de su expareja. Según reportes de la época, la ministerio pública presionó a Lezama para que otorgara el perdón al agresor, Ricardo N., vinculado a proceso por sustracción de menores y violencia familiar agravada, en lo que se considera el primer caso tipificado como violencia vicaria en México. El incidente generó una denuncia inmediata contra Romero Aguirre por presiones indebidas, lo que llevó a su remoción del expediente y a una investigación interna en ese momento. Lezama, quien estudió leyes de manera autodidacta para defender su caso, denunció amenazas previas de la familia del agresor y solicitó medidas de protección, las cuales fueron suspendidas posteriormente, aumentando su vulnerabilidad.
Lezama, fundadora del colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, denunció públicamente estas presiones, lo que llevó a la remoción de Romero Aguirre del expediente. El caso de Lezama se convirtió en referente nacional, impulsando reformas legislativas en Puebla y a nivel federal para reconocer la violencia vicaria como agravante. En abril de 2023, Lezama obtuvo la guardia y custodia definitiva de su hijo tras 2,335 días separados, un hito que visibilizó al menos 150 casos similares en Puebla, incluyendo 15 con violaciones sexuales a menores. Su activismo, respaldado por colectivos como CAM-CAI, ha resultado en reconocimientos como el "Doña Rosario Ibarra de Piedra" en junio de 2023, y ha contribuido a la tipificación de la violencia vicaria como delito en el Código Penal poblano, con penas de hasta 14 años de prisión.
La actual denuncia ha cobrado relevancia en redes sociales y medios locales, donde se cuestiona la continuidad de Romero Aguirre en funciones pese a estos antecedentes. Un reporte reciente en X (anteriormente Twitter) de @e_consulta destaca que "la fiscal Idamis Pastor no puede alegar desconocimiento", subrayando la recepción formal del escrito en agosto. Expertos en derecho penal consultados coinciden en que, si se confirman las imputaciones, podrían derivar en procesos administrativos y penales paralelos, alineados con la "limpieza profunda" anunciada por la FGE, que ya ha resultado en 254 separaciones de personal, incluyendo 39 fiscales y 37 agentes del Ministerio Público desde julio de 2025. Entre las salidas voluntarias destacan figuras como Hilda Sully Cuautle Moreno y Marco Antonio Sánchez Cid, vinculados a presuntas persecuciones políticas previas. La dependencia ha enfatizado que no tolerará actos que comprometan la confianza pública en la procuración de justicia, con el gobernador Alejandro Armenta respaldando públicamente estos esfuerzos para erradicar "delincuentes de cuello blanco".
Para más información sobre la denuncia en la FGE, contactar a la Visitaduría General al teléfono (222) 211-5500 o correo visitaduria@fiscalia.puebla.gob.mx.Sobre la Fiscalía General del Estado de Puebla: La FGE es el órgano autónomo responsable de la investigación y persecución de delitos en el estado, con énfasis en la transparencia y el combate a la corrupción bajo la dirección de Idamis Pastor Betancourt.
.png)
0 Comentarios