Puebla, Quinto Lugar Nacional en Ciberacoso Contra Adolescentes

 Puebla, Quinto Lugar Nacional en Ciberacoso Contra Adolescentes en 2024: 25.6% de Mujeres Jóvenes Reportan Violencia Digital

Puebla, Puebla – 3 de octubre de 2025 – Puebla se posicionó en el quinto lugar a nivel nacional en casos de ciberacoso entre adolescentes de 12 a 17 años durante 2024, con 991,066 víctimas reportadas, según el Balance Anual 2024 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), basado en datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La entidad quedó por debajo de las más afectadas: Estado de México (2.48 millones de víctimas), Ciudad de México (1.37 millones), Jalisco (1.45 millones) y Veracruz (1.18 millones). Estas cinco entidades concentraron 7.47 millones de casos, representando el 45% del total nacional estimado en 16.6 millones de adolescentes víctimas de acoso digital en el año. A nivel estatal, el 25.6% de las 2.32 millones de adolescentes mujeres usuarias de internet (aproximadamente 593,597) reportaron haber sufrido ciberacoso, ligeramente por encima del promedio nacional del 25% para mujeres en este rango etario. En contraste, el 21.1% de los 1.88 millones de adolescentes hombres (397,469 casos) experimentaron lo mismo, alineándose con la tendencia de mayor vulnerabilidad femenina observada en el 56% de las víctimas totales del MOCIBA 2024. Esta prevalencia posiciona a Puebla entre los estados con mayor incidencia de ciberacoso, solo superada por Durango (28.8%), Oaxaca (25.5%), Quintana Roo (24.5%) y Colima (24.2%) en el MOCIBA 2023, datos que se extrapolan al 2024 con un leve descenso general del 1.6% en la entidad (de 25% a 23.4% en usuarios totales de 12 años o más). El ciberacoso, definido por INEGI como actos intencionados de hostigamiento, humillación o agresión a través de tecnologías digitales, afecta desproporcionadamente a mujeres jóvenes: el 31.1% de las de 20-29 años y el 26.6% de las de 12-19 años en Puebla reportaron incidentes, impulsados por mensajes ofensivos (33.3% nacional), contactos con identidades falsas (35.9%) y contenido sexual no solicitado (26%). Plataformas como Facebook (37.8%) y WhatsApp (28.9%) son los principales canales, con un 61.7% de agresores desconocidos.

Entidad	Víctimas Adolescentes (12-17 años, 2024)	% Mujeres (12-17)	% Hombres (12-17)
Estado de México	2,480,913	26.2%	21.5%
Ciudad de México	1,365,972	24.8%	20.3%
Jalisco	1,449,477	25.4%	21.0%
Veracruz	1,180,614	25.7%	21.2%
Puebla	991,066	25.6%	21.1%
Nacional	16,600,000 (est.)	25%	21.1%

Fuente: REDIM Balance 2024 y MOCIBA 2024 (INEGI). En los últimos siete años (2017-2024), Puebla acumuló 5.71 millones de víctimas menores de 18 años, un incremento del 15% respecto a 2023, impulsado por el auge post-pandemia en el uso de internet (87.9% de la población de 12+ años conectada). Desde 2017, se registraron 51,074 filtraciones de imágenes íntimas sin consentimiento por adultos, 28,688 casos de discriminación en redes por apariencia o estatus social entre menores, y 13,371 extorsiones en línea contra adolescentes, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y SESNSP. En 2025, al menos cuatro denuncias por bullying digital se han presentado en Puebla, vinculadas a ciberacoso, mientras que un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) reveló que víctimas adolescentes se convierten en agresores en seis meses, perpetuando el ciclo en interacciones sociales digitales. El ciberacoso, que incluye hostigamiento, humillación o agresión digital –a menudo por omisión de testigos–, genera enojo (60.9%), desconfianza (37.6%) e inseguridad (30.1%) en las víctimas, con un uso promedio de internet de 5.7 horas diarias entre afectadas. En México, 18.4 millones de personas de 12+ años lo sufrieron en 2023 (MOCIBA), con 10.3 millones de mujeres; el 67.3% bloqueó agresores, pero solo el 11.1% eliminó contenido. Casos emblemáticos, como el de un estudiante de 19 años absuelto en 2024 por deepfakes no sexuales, ilustran lagunas legales: la Ley Olimpia (2021) tipifica acoso sexual digital, pero no cubre bullying virtual o humillaciones emocionales, dejando secuelas psicológicas sin sanción adecuada. Alejandra Morán Espinosa, académica de la FES Acatlán-UNAM y responsable del proyecto IUSTICS en Derecho Informático, advierte que "muchas humillaciones, amenazas y agresiones en internet no están contempladas en la ley, dejando en abandono a millones, especialmente niñas y adolescentes". Propone reformas para reconocer violencia no sexual como delito equiparable, con penas más altas y educación digital obligatoria. En Puebla, el Gobierno estatal impulsó en 2025 una iniciativa de ciberseguridad ante el Congreso, tipificando fraude digital, usurpación de identidad, ciberasedio, grooming y espionaje, con énfasis en supervisión parental y entornos seguros para menores. La Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez aprobó en septiembre una ley para regular el acceso infantil a internet, promoviendo materiales acordes a la edad y sanciones al acoso.REDIM y Fundación JUCONI presentaron "La Infancia Cuenta Puebla 2024", destacando que el 27.3% de adolescentes poblanos sufrieron discriminación digital en 2024, con llamados a políticas integrales contra la violencia sexual (10,613 casos nacionales en 2024, duplicando promedios históricos). Expertos recomiendan denuncias en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso de la FGE (Av. 10 Oriente 414, Puebla), con peritajes gratuitos y apoyo psicológico, vía 911 o app "Emergencias Puebla". El BANAVIM registró 2,515 denuncias digitales nacionales (2022-2023), pero la subnotificación persiste por miedo o desconocimiento.Para reportar ciberacoso, contactar a la FGE Puebla al (222) 211-5500 o visitaduria@fiscalia.puebla.gob.mx. Recursos: Línea de la Vida (55-5093-0000) o REDIM (comunicacion@derechosinfancia.org.mx).Sobre REDIM: La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) es una coalición de organizaciones civiles que monitorea y aboga por los derechos de niños y adolescentes, publicando balances anuales basados en datos oficiales para influir en políticas públicas contra la violencia digital y otras violaciones.