Acusaciones contra el edil auxiliar de Teotipilco por irregularidades en la construcción de un pozo de agua

 

Acusaciones contra el edil auxiliar de Teotipilco por irregularidades en la construcción de un pozo de agua

En el municipio de Atlixco, Puebla, ha surgido una controversia significativa en la comunidad de Teotipilco, donde el edil auxiliar local, identificado como José Luis Mendoza, enfrenta serias acusaciones por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de perforación de un pozo de agua potable conocido como "Pozo Manantiales". 

La denuncia, presentada formalmente ante las autoridades municipales y estatales, alega que durante el proceso de construcción, iniciado en el primer trimestre de 2024, se detectaron anomalías en el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto, cuyo presupuesto original ascendía a aproximadamente 2.5 millones de pesos, financiados en parte por el Fondo Estatal de Infraestructura Municipal. Según los denunciantes, un grupo de vecinos organizados en el Comité de Agua Potable de Teotipilco, el pozo no solo falló en cumplir con las especificaciones técnicas requeridas —como una profundidad mínima de 150 metros y un caudal garantizado de al menos 20 litros por segundo—, sino que además se evidenció un sobreprecio injustificado en los materiales y servicios contratados, lo que podría implicar un desvió de hasta el 30% del presupuesto total.

Las irregularidades detalladas en la queja incluyen la utilización de maquinaria obsoleta proporcionada por una empresa supuestamente afín al edil auxiliar, lo que provocó retrasos de más de seis meses en la obra, y la ausencia de supervisiones independientes durante las fases de perforación y pruebas hidráulicas. Un informe preliminar elaborado por un perito hidrogeólogo contratado por los afectados revela que el pozo finalizó con solo 120 metros de profundidad y un flujo intermitente de 12 litros por segundo, insuficiente para abastecer a las más de 5,000 habitantes de la zona, exacerbando la crónica escasez de agua en esta comunidad rural dependiente de pipas y pozos improvisados. 

Los denunciantes, liderados por la activista comunitaria María Elena Ramírez, han exigido una auditoría completa por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP), argumentando que estas deficiencias no solo representan un perjuicio económico, sino también un riesgo sanitario al no garantizar agua de calidad apta para el consumo humano. 

"No podemos permitir que el agua, un derecho básico, se convierta en botín político", declaró Ramírez en una rueda de prensa improvisada frente a la cabecera municipal de Atlixco el pasado 3 de noviembre de 2025.Por su parte, el edil auxiliar José Luis Mendoza ha negado categóricamente las imputaciones, atribuyéndolas a "intereses políticos opositores" en vísperas de las elecciones locales de 2026. En una respuesta oficial emitida a través de la presidencia municipal de Atlixco, Mendoza afirma que el proyecto se adjudicó mediante un proceso de licitación transparente y que cualquier discrepancia en las mediciones se debe a "condiciones geológicas imprevisibles" en la sierra de Teotipilco, una zona montañosa propensa a formaciones rocosas duras que complica las perforaciones. 

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha presentado documentación técnica que respalde esta versión, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha iniciado una revisión preliminar para verificar el cumplimiento de las normas federales en materia de infraestructura hidráulica. Esta no es la primera controversia en Teotipilco, una junta auxiliar con historia de tensiones por el acceso al agua; en 2022, un similar escándalo por un pozo fallido en la vecina comunidad de San Juan Texcal derivó en la destitución de otro funcionario local, sentando un precedente que ahora presiona a las autoridades a actuar con celeridad.

El caso adquiere mayor relevancia en el contexto de la crisis hídrica que afecta a Puebla, donde el 40% de las comunidades rurales carecen de suministro continuo de agua potable, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualizados a 2025. Expertos en gobernanza local advierten que estas acusaciones podrían escalar a un procedimiento penal si se confirman indicios de peculado o fraude, potencialmente involucrando a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. 

Mientras tanto, los residentes de Teotipilco han iniciado una campaña de recolección de firmas para exigir la paralización temporal de pagos pendientes a la constructora involucrada, demandando además la intervención de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para una evaluación imparcial. Este episodio subraya los desafíos persistentes en la gestión de recursos hídricos en zonas marginadas, donde la corrupción y la falta de transparencia amenazan con perpetuar ciclos de inequidad y desconfianza en las instituciones públicas.

Contexto histórico y social de Teotipilco y sus desafíos hídricos

Teotipilco, una de las 90 juntas auxiliares del municipio de Atlixco, se ubica a unos 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal, en una región caracterizada por su relieve accidentado y su vocación agrícola, con cultivos de maíz, aguacate y flores que compiten directamente por el agua subterránea. Con una población estimada en 5,200 habitantes, mayoritariamente indígena náhuatl, la comunidad ha lidiado durante décadas con sequías recurrentes agravadas por el cambio climático y la sobreexplotación de acuíferos por parte de la industria floricultora atlixquense. 

Históricamente, el acceso al agua en Teotipilco ha sido precario: hasta 2018, el 70% de los hogares dependían de fuentes superficiales contaminadas, lo que generó brotes de enfermedades gastrointestinales reportados por la Secretaría de Salud estatal.

Iniciativas como el Pozo Manantiales formaban parte de un programa federal impulsado en 2023 para mitigar estos problemas, pero su implementación local ha sido cuestionada repetidamente por organizaciones civiles como el Frente de Pueblos por el Agua de Puebla, que documenta al menos cinco proyectos similares fallidos en la región desde 2020.En términos administrativos, el rol del edil auxiliar en Teotipilco es crucial, ya que actúa como enlace entre la comunidad y el ayuntamiento de Atlixco, gestionando presupuestos menores y supervisando obras de impacto directo. 

La elección de Mendoza en 2021, bajo la bandera del partido morenista, se basó en promesas de equidad en la distribución de recursos, pero críticos señalan que su gestión ha priorizado obras visibles en el centro del pueblo, dejando de lado las necesidades periféricas. La actual denuncia, respaldada por evidencias como facturas irregulares y fotografías de la perforación incompleta compartidas en redes sociales, ha galvanizado a la población, con manifestaciones semanales que exigen rendición de cuentas. Analistas políticos locales sugieren que este conflicto podría fracturar la cohesión del bloque oficialista en Atlixco, cuyo alcalde, Leoncio Flores, ha prometido una investigación interna para el 15 de noviembre de 2025, aunque sin comprometer plazos para sanciones.

Implicaciones más amplias y recomendaciones para la transparenciaEste escándalo en Teotipilco no es un caso aislado, sino un reflejo de patrones sistémicos en la administración de fondos públicos para infraestructura hidráulica en México. Según un informe de Transparencia Mexicana de 2024, el 25% de los proyectos de agua en estados como Puebla presentan irregularidades en licitaciones, a menudo vinculadas a redes clientelares locales. 

Las repercusiones podrían extenderse más allá de lo local: si la ASEP confirma el desfalco, Mendoza enfrentaría inhabilitación perpetua para cargos públicos, y la constructora involucrada —presuntamente "Hidroperforaciones del Centro S.A."— podría ser inhabilitada de futuros contratos federales. Para los habitantes, el impacto inmediato es la continuación de la escasez, con familias recurriendo a tanques cisterna a precios exorbitantes, lo que agrava la pobreza en una zona donde el ingreso promedio mensual no supera los 4,000 pesos.

Para mitigar estos riesgos, expertos recomiendan la adopción de mecanismos de veeduría ciudadana obligatoria en todos los proyectos hídricos, similar al modelo implementado en Oaxaca, donde comités independientes redujeron las irregularidades en un 40% entre 2022 y 2025. Además, la digitalización de licitaciones a través de plataformas como Compranet podría prevenir manipulaciones, asegurando que comunidades como Teotipilco no solo reciban promesas, sino resultados tangibles. Mientras la investigación avanza, el caso sirve como recordatorio urgente de la necesidad de fortalecer la fiscalización en la gestión del agua, un recurso vital cuya escasez podría intensificarse con las proyecciones de sequía extrema para 2026 en el centro de México, según el Servicio Meteorológico Nacional.