Acusaciones de corrupción en la liberación de vehículos retenidos

 Acusaciones de corrupción en la liberación de vehículos retenidos por la Fiscalía de Puebla: Un patrón de irregularidades bajo escrutinio.

En un contexto de creciente preocupación por la corrupción en el sistema de justicia poblano, el portal e-consulta.com reportó el 3 de noviembre de 2025 una denuncia anónima que alega que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla estarían exigiendo entre 5,000 y 10,000 pesos —conocidos coloquialmente como "mordidas"— para agilizar la liberación de vehículos asegurados en investigaciones por delitos como robo o infracciones de tránsito.
Según la nota, estas prácticas se centrarían en las bodegas de depósitos vehiculares administrados por la FGE, donde los afectados, principalmente dueños de automóviles retenidos temporalmente, enfrentarían demoras indefinidas sin el pago extraoficial, a pesar de contar con la documentación legal requerida. La denuncia, presentada por un colectivo de ciudadanos que se identifican como víctimas de estos presuntos abusos, carece de nombres específicos o evidencias documentales en el reporte inicial, lo que introduce una duda razonable sobre su veracidad hasta que se confirme mediante una investigación formal.
No obstante, este caso se inscribe en un historial documentado de irregularidades similares en la institución, donde la falta de transparencia en los procesos administrativos ha sido señalada repetidamente por organismos como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla.
El procedimiento estándar para la liberación de un vehículo retenido por la FGE implica la presentación de una denuncia formal, la resolución judicial o administrativa, y el pago de costos oficiales por almacenamiento —que oscilan entre 200 y 500 pesos diarios, según el Reglamento de Depósitos de la FGE actualizado en 2024—.
Sin embargo, las acusaciones sugieren que, en la práctica, servidores públicos intermedios, posiblemente agentes ministeriales o personal de bodegas en la capital poblana y municipios como Tehuacán y Atlixco, estarían operando una red informal que infla estos plazos y montos. Fuentes como Milenio Puebla han documentado casos análogos en años previos; por ejemplo, en agosto de 2025, un agente del Ministerio Público, Axel Manuel 'N', fue aprehendido por cohecho al exigir 39,000 pesos para liberar un vehículo retenido en una investigación de robo, un monto que triplica las "mordidas" reportadas en la denuncia reciente.
La FGE confirmó entonces la activación de protocolos internos, pero el caso derivó en una vinculación a proceso solo tras la denuncia formal de la propietaria afectada, destacando la importancia de evidencias concretas para avanzar en las indagatorias. En el contexto de 2025, la FGE reporta un incremento del 15% en robos de vehículos —con 8,191 carpetas abiertas de enero a septiembre—, lo que ha saturado las bodegas y potencialmente facilitado tales abusos, según analistas de Transparencia Mexicana.
La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, ha reconocido públicamente la existencia de "redes de corrupción" al interior de la FGE desde su llegada al cargo en 2024, lo que ha impulsado una depuración interna con 471 investigaciones abiertas por actos irregulares en dependencias estatales durante 2025, resultando en destituciones y suspensiones. En julio de ese año, Pastor reveló operativos para erradicar infiltraciones de grupos criminales, incluyendo exfuncionarios bajo escrutinio por manipulación de expedientes.
Más recientemente, el 4 de noviembre de 2025 —un día después de la publicación en e-consulta—, la FGE anunció la renuncia de tres altos funcionarios: Miguel Islas, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Jorge Malváez, su coordinador; y Luis Antonio León Delgadillo, responsable de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Estos "renuncios" se vinculan a acusaciones de extorsión mediante expedientes "fantasma" para presionar a empresarios, un esquema que podría extenderse a casos de vehículos retenidos.
La institución enfatizó que no hay denuncias formales recibidas hasta el momento, pero inició indagatorias basadas en reportes mediáticos, lo que genera duda razonable sobre la magnitud del problema: ¿se trata de un esquema generalizado o de incidentes aislados amplificados por la cobertura periodística? La ausencia de respuestas oficiales directas a la nota de e-consulta refuerza esta incertidumbre, aunque el sitio web de la FGE (fiscalia.puebla.gob.mx) invita a denuncias anónimas en línea para agilizar procesos. Contexto histórico de corrupción en la FGE de Puebla y su impacto en la confianza ciudadanaLa Fiscalía de Puebla ha enfrentado múltiples escándalos relacionados con el manejo de bienes asegurados, incluyendo vehículos, desde al menos 2017, cuando se reportó el robo de dinero, drogas y autos de las bodegas de indicios, lo que obligó a un inventario exhaustivo y una investigación interna sin resultados concluyentes. En 2022, el estado acumuló 6,432 denuncias por corrupción entre 2018 y 2024, con solo un 0.3% resueltas en sentencias condenatorias, según datos de la propia FGE revelados a Milenio, reflejando una baja efectividad que erosiona la credibilidad institucional.
Casos emblemáticos incluyen la detención de exfuncionarios como Valentín Meneses Rojas, exsecretario de Gobernación, por autorizar preliberaciones a cambio de cuotas, o José Guillermo 'N', exsecretario de Movilidad, por presuntos desvíos en trámites vehiculares. Estos precedentes sugieren un patrón sistémico, exacerbado por la alta incidencia delictiva: el robo de vehículos y autopartes aumentó en 2024, con modelos como Chevrolet Chevy y Aveo como blancos frecuentes, saturando los depósitos y creando oportunidades para irregularidades.
En el ámbito municipal, protestas como la de taxistas en agosto de 2024, que bloquearon avenidas en Puebla capital acusando a la FGR (federal) de exigir medio millón de pesos por liberar un inmueble, ilustran cómo estas dinámicas se extienden más allá de la FGE estatal, aunque con similitudes en las demandas de pagos irregulares.
Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) posicionan a Puebla entre los estados con mayor número de ministerios públicos anticorrupción —46 unidades—, pero también con altas tasas de impunidad, ya que de 19,289 denuncias nacionales en 2022, el estado contribuyó significativamente sin avances proporcionales. La duda razonable surge aquí: mientras e-consulta basa su reporte en testimonios anónimos sin corroboración inmediata, el contexto de depuraciones recientes en la FGE —como las renuncias del 4 de noviembre— indica que las autoridades reconocen problemas internos, pero la falta de denuncias formales limita la acción concreta. Expertos en gobernanza recomiendan la implementación de veeduría ciudadana en depósitos vehiculares, similar a modelos en el Estado de México, para transparentar procesos y reducir estos riesgos.Implicaciones para la ciudadanía y recomendaciones ante la incertidumbreEste escándalo potencial afecta directamente a miles de poblanos: con más de 8,000 vehículos robados reportados en 2025, muchos dueños enfrentan no solo pérdidas económicas por el delito inicial, sino costos adicionales por demoras en liberaciones, que pueden ascender a miles de pesos en almacenamiento oficial más las presuntas "mordidas". La crisis se agrava en un estado donde el 40% de las denuncias por corrupción permanecen sin resolución, según reportes de la Auditoría Superior del Estado, fomentando desconfianza y desincentivando la denuncia formal.
En mayo de 2025, el gobierno estatal detectó más casos de corrupción en dependencias, incluyendo la FGE, y activó la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para indagatorias, pero sin detalles específicos sobre vehículos. Para mitigar la duda y protegerse, la ciudadanía puede recurrir a la Ventanilla Digital de la FGE para trámites en línea, evitando intermediarios, o presentar denuncias anónimas vía el portal oficial, que garantiza confidencialidad bajo la Ley de Protección de Datos Personales de Puebla.
Organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomiendan documentar todos los pagos y comunicaciones con agentes, y escalar casos a la Secretaría de Anticorrupción si se sospecha cohecho. Mientras la investigación por las renuncias recientes avanza —con posibles vinculaciones a la denuncia de e-consulta—, este episodio subraya la urgencia de reformas como la digitalización total de depósitos vehiculares, propuesta en el Sistema Estatal Anticorrupción desde 2021, para eliminar opacidades y restaurar la fe en una justicia que, hasta ahora, parece más propensa a castigar a sus propios miembros que a resolver con celeridad los agravios ciudadanos. Sin evidencias adicionales, persiste la duda razonable, pero el patrón histórico invita a la vigilancia colectiva.