Los reportajes de Herrera Charolet se anticiparon y ahora las autoridades fiscalizadoras han destapado una cloaca de irregularidades que pintan un panorama de corrupción sistémica y desaseo administrativo durante su gestión en 2023.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha puesto el dedo en la llaga al fincarle una responsabilidad patrimonial por 722 millones de pesos, una cifra que, aunque reducida desde los mil 100 millones iniciales tras un proceso de solventación, sigue siendo escandalosa y evidencia un manejo opaco de los recursos públicos.
El núcleo del problema radica en prácticas que ya son un clásico en los escándalos de corrupción municipal: adjudicaciones directas sin sustento legal, contrataciones con empresas sin experiencia ni historial operativo, y, más grave aún, el uso de empresas fantasma o clasificadas como EFOS por el SAT. Estas irregularidades no son errores aislados, sino un patrón que sugiere un esquema deliberado para desviar fondos.
En el rubro de difusión gubernamental, por ejemplo, se gastaron 118.7 millones de pesos sin pruebas de que los servicios pagados —como transmisiones o campañas publicitarias— se hayan realizado. Proveedores como Grupo Radiofónico Zer, que se embolsó 36.2 millones, o Medios de Comunicación del Centro, con 28.4 millones, operaron sin transparencia, sin clips de transmisión ni planes de medios que justificaran el gasto. Peor aún, algunas de estas empresas ni siquiera tenían un año de existencia, lo que apunta a un posible lavado de dinero por 54 millones de pesos.
El uso de empresas fachada es otro capítulo vergonzoso. La ASE identificó contratos por 147.8 millones de pesos con firmas como Constructora y Servicios Neovitec o Grupo Integral Inovatech, esta última en la lista negra del SAT. Estas compañías, con domicilios inexistentes o sin operaciones reales, parecen haber sido vehículos para simular operaciones y desviar recursos. En obra pública, el descontrol es igual de alarmante: 248 millones de pesos en irregularidades, con pagos duplicados, obras no ejecutadas y bienes no localizados. A esto se suma el desorden en el manejo de combustibles (60.5 millones sin bitácoras) y pagos anticipados sin garantías (28.3 millones), lo que refleja una gestión que, en el mejor de los casos, fue negligente, y en el peor, deliberadamente corrupta.
El caso de Lalo Rivera no es solo un número —722 millones de pesos—; es un reflejo de la impunidad que ha caracterizado a muchas administraciones municipales. La ASE ha puesto la mesa para sanciones que podrían escalar de lo administrativo a lo penal, pero la historia reciente sugiere que estos procesos suelen diluirse en el tiempo o en negociaciones políticas. El dictamen de la ASE, uno de los más severos en la historia reciente de Puebla, debería ser un llamado de atención para revisar no solo la gestión de Rivera, sino el sistema que permite que estas prácticas persistan. Sin embargo, en un contexto donde los intereses políticos y económicos suelen imponerse, la pregunta no es solo si habrá justicia, sino si este caso será otro capítulo más en la larga novela de la corrupción mexicana.
Estos son algunos de los reportajes publicados por Herrera Charolet anticipados al proceso de fiscalización de la ASE Puebla.
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