Las naranjas podridas
La caÃda de la dinastÃa González Vieyra en Puebla, un imperio desmantelado en un solo dÃa.
Rodolfo Herrera Charolet
Viernes, Julio 25, 2025
En la región de Serdán y la Sierra Nororiental de Puebla, donde los campos de maÃz y cebada se extienden bajo la sombra del imponente Citlaltépetl, una familia ha gobernado como si los municipios fueran su herencia personal. Los González Vieyra —Uruviel, Giovanni y su padre, Ramiro Margarito González— han dominado las alcaldÃas de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires durante más de dos décadas.
Sin embargo, el 7 de marzo de 2025, un operativo conjunto de la SecretarÃa de la Defensa Nacional (Sedena), la SecretarÃa de Marina (Semar) y la FiscalÃa General del Estado (FGE) de Puebla irrumpieron en sus propiedades, exponiendo un entramado de presuntos delitos que van desde secuestro y extorsión hasta vÃnculos con el crimen organizado.
La caÃda de esta dinastÃa no solo sacude a la región, sino que plantea una pregunta ineludible: ¿Cómo pudieron aquellos que juraron servir al pueblo, traicionar su confianza de manera tan flagrante?
Un imperio desmantelado en un solo dÃa
El operativo iniciado a las 8:00 de la mañana, tuvo como epicentro un rancho en Chalchicomula de Sesma, propiedad de Uruviel González Vieyra, alcalde reelecto de Ciudad Serdán. AllÃ, las autoridades decomisaron armas largas de uso exclusivo del ejército, presuntas dosis de marihuana y cocaÃna, y aves exóticas protegidas por la legislación ambiental.
En Tlachichuca, Giovanni González Vieyra, también reelecto, fue detenido cerca del Palacio Municipal, mientras que Ramiro Margarito González, exalcalde de Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, cayó frente a locales comerciales.
Un tercer hermano, Ramiro González Vieyra, edil de San Nicolás Buenos Aires, escapó gracias a la intervención de unos 50 pobladores que confrontaron a las autoridades, evitando un enfrentamiento mayor. A finales de mayo, se informó de su captura a pesar de haber tramitado 14 distintos amparos ante el Poder Judicial de la Federación. La FGE lo acusa por presuntos delitos contra la salud relacionados con narcomenudeo.
La FiscalÃa Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) acusa a Uruviel y Giovanni de secuestro, extorsión, lavado de dinero, asociación delictuosa y posesión de armas exclusivas del ejército, además de encubrimiento por receptación de mercancÃa robada. Aunque Ramiro Margarito fue liberado el 8 de marzo por falta de pruebas, los hermanos permanecen en prisión preventiva en el penal de Tepexi de RodrÃguez.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 13 de marzo que las investigaciones apuntan a vÃnculos con el crimen organizado, mientras que el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que las detenciones responden a enfrentamientos previos entre policÃas municipales, la Guardia Nacional y la Sedena, donde se perdieron vidas de elementos de seguridad.
Este escenario no solo evidencia la gravedad de los cargos, sino la profundidad de una crisis que ha fracturado la confianza en las instituciones locales.
La sombra de la opacidad
Más allá de los cargos penales, las administraciones de los González Vieyra han sido marcadas por irregularidades financieras que reflejan un patrón de opacidad. La AuditorÃa Superior del Estado de Puebla (ASE) ha identificado anomalÃas por un total de 44 millones 855 mil 170.67 pesos en las Cuentas Públicas de 2021 a 2023 de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, con un probable daño a la Hacienda Pública de 44 millones 656 mil 311.24 pesos.
En Chalchicomula de Sesma, la Cuenta Pública 2023 reveló irregularidades por 37 millones 291 mil 281.62 pesos. En Tlachichuca, las Cuentas Públicas de 2021 a 2023 suman irregularidades por 6 millones 410 mil 946.83 pesos. En San Nicolás Buenos Aires, las Cuentas Públicas de 2021 y 2023 reportan irregularidades por 1 millón 343 mil 526.92 pesos:
El dominio de los González Vieyra, que abarca casi el 70% de la región de Serdán, ha sido señalado como un cacicazgo que ha limitado la democracia local. Desde 1999, cuando Ramiro Margarito fue alcalde de Tlachichuca, la familia ha enfrentado acusaciones de corrupción y nepotismo. En 2016, Uruviel fue señalado por adjudicar una obra de 43 millones de pesos sin licitación a una empresa de su padre. En 2021, enfrentó denuncias por desviar más de 60 millones de pesos.
A pesar de estos antecedentes, Movimiento Ciudadano (MC) los respaldó, argumentando su arraigo popular, una decisión que hoy se cuestiona ante la gravedad de los cargos.
La crisis desatada por las detenciones llevó a la renuncia del Cabildo de Ciudad Serdán, con José Guadalupe Méndez Rocha asumiendo el cargo de presidente interino el 7 de abril de 2025 y Rafael Brenes Nepomuceno e Iván Ortega Muñoz como alcaldes suplentes de Ciudad Serdán y Tlachichuca. Pobladores de Ciudad Serdán bloquearon el Congreso el 11 de marzo, exigiendo la liberación de Uruviel, pero MC se desmarcó, dejando el caso en manos del Poder Judicial.
La región de Serdán, con su economÃa agrÃcola y carencias estructurales, sufre las consecuencias de un liderazgo que priorizó el control polÃtico sobre el bienestar colectivo. Tlachichuca, con 31 mil 639 habitantes, enfrenta un grado de marginación medio, un promedio de escolaridad de 6.89 años y un 11.65% de analfabetismo. Solo el 38.13% de las viviendas tienen agua entubada, a pesar de contar con drenaje (90.79%) y energÃa eléctrica (98.92%).
Chalchicomula de Sesma, con 47 mil 410 habitantes, y San Nicolás Buenos Aires comparten retos similares, agravados por la opacidad en la gestión de recursos públicos.
El caso de los González Vieyra es un recordatorio doloroso de cómo el poder, cuando se ejerce sin transparencia, se convierte en un instrumento de traición. Las acusaciones de secuestro, extorsión y nexos con el crimen organizado, combinadas con irregularidades financieras millonarias, exponen un sistema donde la impunidad ha sido la norma.
La captura de Ramiro González Vieyra el 29 de mayo, tras meses prófugo, y la prisión preventiva de Uruviel y Giovanni marcan un punto de inflexión, pero la deuda con la justicia sigue pendiente.
El gobernador Alejandro Armenta ha sido claro: “La ley no se negocia, se aplica”. La FGE y la FiscalÃa General de la República (FGR) tienen ahora la responsabilidad de esclarecer este caso, no solo para sancionar a los responsables, sino para restaurar la confianza en unas instituciones que han sido socavadas por décadas de cacicazgo. La región de Serdán merece un futuro donde el poder sirva al pueblo, no a los intereses de una familia. Porque la democracia no puede seguir siendo rehén de quienes, bajo la fachada de liderazgo, han sembrado podredumbre en el corazón de Puebla.
Movimiento Ciudadano, por su parte, logró el objetivo de conservar el registro en el proceso electoral del 2024, no importando que en la postulación de sus candidatos se tratara de naranjas podridas. Un asunto que parece de menor importancia, pero trasciende hacia la vida pública con afectación a miles de ciudadanos. Es el momento de depurar las instituciones, empezando por los “elefantes en la sala”, los partidos polÃticos.
¿O no lo cree usted?
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