Diputada apoya sesión de cabildo que pretende sancionar al Síndico Municipal

El caso del síndico de San Pedro Cholula, Iván Cuautle Minutti, se perfila como un nuevo episodio de opacidad y presunta corrupción que sacude la política municipal en Puebla. La diputada local Nay Salvatori ha encendido las alarmas al pronunciarse a favor de la revocación de Cuautle, a quien califica de “cínico” por su inacción frente a las irregularidades que lo rodean, particularmente su omisión en denunciar a nueve integrantes de la organización 28 de Octubre, responsables de extorsionar a comerciantes y robar documentación en el mercado Cosme del Razo. Este incidente, ocurrido el 8 de julio de 2025, no solo expuso la vulnerabilidad de los locatarios, sino también la aparente negligencia —o complicidad— del síndico, quien, como representante jurídico del Ayuntamiento, tenía la obligación de actuar de inmediato.

Salvatori no se anda por las ramas: critica que Cuautle no solo dejó pasar el plazo legal de 48 horas para presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, permitiendo la liberación de los agresores, sino que además abandonó las oficinas de la Sindicatura, sellándolas sin justificación legal y dejando a cientos de ciudadanos sin acceso a servicios esenciales. Este cierre unilateral, que la diputada califica de “grave”, ha paralizado trámites y generado un caos administrativo que pone en riesgo la gobernabilidad del municipio. “Es un tema que se debe resolver ya”, sentencia Salvatori, reflejando la urgencia de una ciudadanía cholulteca que exige certeza y normalidad.El caso toma un giro aún más oscuro con la acusación de corrupción que pesa sobre Cuautle. Una ciudadana, identificada como María N, presentó un escrito el 24 de enero de 2025 al gobernador Alejandro Armenta Mier, denunciando que el síndico solicitó 200 mil pesos para agilizar un laudo laboral iniciado en 2015. Según la denunciante, Cuautle habría pedido 100 mil pesos para él y otros 100 mil para un supuesto contacto en el Tribunal de Arbitraje, aprovechándose de la demora en el cumplimiento de una sentencia favorable a la demandante. Esta maniobra, de comprobarse, no solo confirmaría un acto de extorsión, sino que evidenciaría un modus operandi que explota la burocracia para lucrar con los derechos de los ciudadanos.
Las críticas de Salvatori van más allá de los señalamientos individuales: advierte que la inacción de Cuautle ha convertido el conflicto en una “bola de nieve” que amenaza con desestabilizar San Pedro Cholula. La diputada, respaldada por el cabildo que ya solicitó al Congreso del Estado la revocación del síndico, insiste en que, de probarse su responsabilidad en las anomalías, no habrá lugar para la tibieza. Los regidores, con 11 votos a favor y dos abstenciones, han acusado a Cuautle no solo de omisiones, sino de presuntos actos de corrupción que incluyen grabaciones ilegales en su despacho, posible colusión con grupos criminales y maniobras legales que habrían comprometido las finanzas municipales, como la pérdida deliberada de litigios que podrían costar millones al erario.
El escándalo no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de tensión política en Cholula, donde la alcaldesa Tonantzin Fernández ha tenido que lidiar con las consecuencias de la gestión de Cuautle, a quien se le atribuye incluso una posible conspiración para desestabilizar su gobierno. Versiones ciudadanas, aún sin confirmar, sugieren que el síndico habría recibido hasta 1.5 millones de pesos para ceder el control del mercado a intereses externos, un rumor que, de verificarse, elevaría el caso a un nivel de gravedad aún mayor. Mientras el Congreso del Estado espera la notificación formal para iniciar el proceso de revocación, el ambiente en Cholula es de incertidumbre. La exigencia de Salvatori y los locatarios es clara: no más impunidad. Sin embargo, en un sistema donde las investigaciones a menudo se estancan, queda por verse si este caso será un punto de inflexión o solo otro capítulo en la crónica de la corrupción municipal.